Luis Cornú
En estos momentos en que las personas físicas estamos preparándonos para presentar la declaración anual, podemos apreciar que las deducciones que las leyes fiscales nos permiten realizar son muy escasas y limitadas, lo cual aumenta de manera considerable el Impuesto Sobre la Renta que debemos enterar (carga tributaria que acumulada puede representar hasta 55% de nuestros ingresos), y nos recuerda que hay que buscar urgentemente todos los comprobantes que soportan los gastos médicos y hospitalarios realizados.
El desembolso implicará aproximadamente 28% de nuestros ingresos, que se verá magnificado si lo analizamos al tenor de 15% del IVA que hemos pagado cuando consumimos productos y servicios. Dicha situación resulta aún más alarmante si le adicionamos los impuestos federales y locales que normalmente tenemos que cubrir, como los especiales al tabaco, al alcohol, al servicio telefónico y a los refrescos, el de automóviles nuevos, el de importación y el que veladamente pagamos en la gasolina, sin olvidar el siempre molesto impuesto a la tenencia y el predial.
Si sumamos todas las contribuciones que pagamos en el año, nos percataremos que en muchos de los casos la carga tributaria alcanza porcentajes elevadísimos que pueden llegar hasta 55% de nuestros ingresos, lo cual demuestra contundentemente -y contrario a lo que sostienen muchos funcionarios- que en México los impuestos son altamente gravosos.
Adicionalmente, tenemos que las disposiciones fiscales son difíciles de entender, y que para poder cumplir con las obligaciones tributarias, se debe contratar a un contador público que asista a los contribuyentes en la elaboración de la declaración anual, cobrando de 4 mil a 8 mil pesos por dichos servicios profesionales.
No hay que olvidar que, normalmente, en el trámite que se tiene que seguir para pagar los impuestos se presentan diversas dificultades que hay que afrontar: baste recordar que el año pasado se saturó el portal del Servicio de Administración Tributaria, lo que impedía dar debido cumplimiento a la presentación de la declaración anual.
La alta carga tributaria que recae sobre los contribuyente cautivos, y todas las vicisitudes que se tienen que afrontar en el cumplimiento de las obligaciones fiscales nos deben llevar a cuestionar, entre otras muchas circunstancias, si los servicios que recibimos los contribuyentes a cambio del pago de los impuestos son los adecuados o no; si se nos debe aumentar la carga impositiva, o más bien obligar a que el gobierno sea más eficiente en la revisión y cobro de las contribuciones adeudadas por los morosos y evasores; si se deben crear disposiciones jurídicas complicadas, o lograr la verdadera simplificación administrativa de las normas fiscales.
Por lo que atañe a los servicios que nos presta el gobierno, es un hecho inobjetable que el pago de los tributos tiene una mejor aceptación de los ciudadanos cuando se conocen de manera clara y detallada los beneficios que los mismos generan a la sociedad. En sentido contrario, los impuestos son repudiados cuando no se percibe un efecto positivo y real para la población y sí para ciertos grupos de poder.
México ha sido un país que se ha caracterizado por su opacidad y falta de claridad en el ejercicio del gasto público, lo cual ha motivado la molestia generalizada de los gobernados y su renuencia a pagar impuestos, tanto por la manera ineficiente y corrupta en que se erogan los recursos, como por los abusos que han generado grandes fortunas en ciertos miembros de la sociedad.
Es por ello que, si lo que pretenden nuestros gobernantes es que exista una mejor aceptación en el pago de impuestos y con ello aumente la recaudación, se tienen que observar los reclamos populares vertidos en las urnas y que exigen una administración honrada, transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos para la atención inmediata y efectiva de los millones de mexicanos que se encuentran sumidos en la pobreza, en la inseguridad pública y en el desempleo, cesando de inmediato las prebendas obtenidas por los grupos de poder, que inciden en las decisiones de nuestros gobernantes.
Resulta inaceptable que los funcionarios no den atención a los requerimientos ciudadanos excusándose en el hecho de que no cuentan con recursos suficientes y necesitan de una «reforma fiscal» que aumente los impuestos a los contribuyentes cautivos, cuando de manera adicional a los altos precios del petróleo y a las remesas que recibimos existen recursos millonarios que el gobierno no recauda. Por ejemplo, sabemos por los medios de comunicación que la «plataforma tecnológica maravillosa» que permitiría al Servicio de Administración Tributaria aumentar la recaudación en materia del IVA «en 50 mil millones de pesos» no ha podido entrar en funcionamiento, por lo que estamos dejando de percibir dicho dinero, sin que exista un responsable o una solución inmediata al respecto.
Asimismo, con el programa de condonación de adeudos tributarios que se aprobó en la pasada reforma fiscal, se reconoció la ineficiencia recaudatoria del gobierno federal en una cantidad que alcanzó un récord histórico de «530 mil millones de pesos». No obstante el mensaje negativo enviado a la población (por lo que atañe a la cultura del no pago), se omitió incluir en la Ley de Ingresos de la Federación 2007 el monto de los recursos que se espera recibir por dicho programa, lo cual refleja la opacidad con que el gobierno federal maneja los dineros, dejando en tela de juicio su afirmación de que no cuenta con los medios suficientes para sufragar el gasto público, cuando en verdad existe la posibilidad de recaudar una suma importante de los contribuyentes morosos.
Las reflexiones y cuestionamientos efectuados, así como otros que espero tratar en futuras ocasiones (el robo de gasolina a Pemex, por 20 mil millones de pesos), dejan en claro que «la reforma fiscal» es un mito que ha sido manejado por el gobierno federal para justificar sus ineficiencias en la recaudación de impuestos y desviar la atención de la población respecto a la transparencia y debido ejercicio que debe existir del gasto público.
Es por ello que si se pone en funcionamiento la «plataforma tecnológica» se procede al cobro de los «530 mil millones de pesos» y se efectúa una adecuada y honrada planeación, programación y ejercicio del gasto público, se contará con los recursos suficientes que nos permitan atender las necesidades de la población mexicana y con ello establecer el ambiente propicio para realizar una real y verdadera «reforma fiscal integral», que atienda, entre otros muchos temas, la simplificación de las disposiciones tributarias, la disminución de las tasas impositivas, el ataque frontal a la evasión fiscal, el aumento de la base de contribuyentes cautivos y la desaparición de los regímenes preferenciales que distorsionan el sistema tributario nacional.
Abogado fiscalista