San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas, exhorta a las nuevas autoridades del gobierno estatal y de los gobiernos municipales para que asuman su papel como garantes de derechos de la niñez en Chiapas y guíen sus políticas públicas por el interés superior de la infancia.
En la argumentación del tema anota:
Desde 1989, cada 20 de noviembre se celebra internacionalmente el aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez; tratado internacional que estipula los derechos específicos que deben garantizar los estados a la población infantil y adolescente. Este 2024, se cumplen 35 años de su promulgación y 34 años desde la ratificación por parte del Estado mexicano.
Sin embargo, actualmente la población infantil y adolescente de México y el mundo se enfrenta a un panorama profundamente desolador en términos de violencia. Resulta preocupante que ante el escenario de violencia generalizada que se vive en el estado de Chiapas, derechos básicos como la vida y la supervivencia no estén garantizados para las infancias y adolescencias.
Como hemos señalado, Chiapas vive un incremento de violencia desde 2021: Situación que se ha agravado particularmente desde el 2023 y 2024 en municipios como Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Altamirano, Bejucal, Bellavista, Chicomuselo, Chenalhó, El Porvenir, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, Las Margaritas, La Trinitaria, Mazapa, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Pantelhó, Siltepec y Tila. En este contexto, grupos vulnerables como la población femenina, la población indígena, migrante, de bajos recursos y/o trabajadoras se encuentran en particular riesgo.
Para dimensionar los impactos de la más reciente crisis de violencia, basta mirar la situación de desplazamiento forzado durante la primera mitad del año. A lo largo de estos primeros meses, se contabilizaron al menos, 5 episodios de desplazamiento masivo como resultado de la violencia criminal en la región Altos, Norte, Frailesca y Sierra Mariscal. Sumando las cifras de los episodios del mes de enero donde fueron desplazadas 3,780 personas de Chicomuselo y Amatenango de la Frontera; de 6,685 personas de Tila en el mes de junio; de 105 personas de Chenalhó y de 600 personas de Amatenango de la Frontera en el mes de julio, se alcanza un estimado de 11,170 personas tan solo en la primera mitad del 2024.
A pesar de que no se conoce como tal, la cifra exacta de niñas, niños y adolescentes afectados por el desplazamiento forzado a causa de la violencia criminal, podemos hacer una estimación considerando que el porcentaje de población de 0 a 17 años en el estado es del 38%: Esto nos permite inferir un aproximado de 4,300 infancias y adolescencias desplazadas por la violencia en la primera mitad del año.
En esta vorágine de violencia generalizada, también se ha visto un incremento en términos de violencia específicamente hacia las infancias: Desde Redias hemos podido documentar su incremento en el número de casos de agresiones, pero también en la brutalidad que se ejerce contra esta población. Esto se evidencia en las cifras de homicidios, feminicidios y desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Chiapas; así como en los indicios de casos de reclutamiento forzado de adolescentes por grupos criminales[1].
Aunado a lo anterior, un escenario de estigmatización y criminalización por parte de autoridades y medios de comunicación, coloca a la población infantil y adolescente en una situación de mayor vulnerabilidad.
Sin embargo, la violencia no es el único mal que aqueja al desarrollo de las infancias y adolescencias en Chiapas. En pleno 2024, persiste la falta del registro de nacimiento de niñas, niños y adolescentes de manera oportuna. Lo cual, implica una problemática grave debido a que el derecho a la identidad representa un derecho llave que abre la puerta a otros derechos.
Del mismo modo, las infancias y adolescencias se enfrentan a situaciones como la falta de acceso a la salud y educación siguen siendo una realidad. En el ámbito de la salud, para 2020, 40% de la población menor de 18 años se encontraba en situación de carencia por acceso a los servicios de salud. Para el caso de los Altos, en 17 de los 18 municipios de la región, 6 de cada 10 infancias y adolescencias tenían carencia por acceso a la seguridad social[2]. En dicho contexto de carencias por acceso a servicios de salud y de seguridad social, Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en muertes de menores de 5 años por enfermedades diarreicas.
Del mismo modo, Chiapas continúa siendo uno de los estados más pobres del país. De acuerdo a CONEVAL, para 2020 1.6 millones de las infancias y adolescencias se encontraban en pobreza, y únicamente el municipio de La Libertad tenía menos del 50% de la población menor de 18 años en situación de pobreza.
Esta situación se entiende mejor si se considera que para 2020, la totalidad de las infancias y adolescencias de 12 municipios vivían en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza[3]. Dicha situación, está íntimamente ligada a situaciones como la desnutrición y la falta de acceso a una dieta saludable y suficiente. Como botón de muestra; en Venustiano Carranza 36% de las infancias y adolescencias tenían carencia por acceso a la alimentación[4].
El escenario de carencias, falta de oportunidades y violencia extrema, ha desatado que la población infantil y adolescente emigre a otras entidades y a nivel internacional. Por lo que para 2024, Chiapas ocupa el primer lugar en población infantil y adolescente repatriada desde Estados Unidos[5],
A partir de todo lo anterior, queda de manifiesto que actualmente no se garantizan los derechos a la vida y supervivencia, al desarrollo ni a la protección de la población infantil y adolescente de la entidad. Como se puede ver, la magnitud de las problemáticas que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en Chiapas, requieren de una estrategia de política pública sólida. En ese sentido, el gobernador entrante tiene en sus manos una oportunidad única de iniciar su mandato garantizando la instalación de un Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Chiapas como mecanismo articulador de la política pública dirigida hacia este sector desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género y enfoque intercultural. Así como la oportunidad de convertirse en un referente en cuanto a la garantía de derechos de esta población a través de la elaboración, aprobación e implementación de un Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) para el periodo 2025-2030, que cuente con presupuesto y recursos humanos para su operación efectiva.