Desde la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas nos sumamos a la condena por la intoxicación de adolescentes de Bochil y Tapachula presuntamente por el consumo de sustancias ilícitas. Del mismo modo, hacemos un llamado urgente a las autoridades del gobierno estatal a investigar lo sucedido para garantizar la integridad de las y los estudiantes víctimas de este suceso, así como de las niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos del estado.
En el último mes se ha registrado la intoxicación de al menos 170 adolescentes de 11 a 15 años, en instalaciones secundarias de los municipios de Tapachula y Bochil. De acuerdo a notas periodísticas, desde el pasado 6 de septiembre se dio el primer caso de intoxicación en estudiantes de la Telesecundaria 388 Ricardo Flores Magón en Tapachula: 10 adolescentes presentaron convulsiones y desmayos. También en ese municipio, el 23 de septiembre se registró la intoxicación de 34 estudiantes de la Secundaria Federal N.1 Constitución Mexicana quienes presentaron como síntomas dificultad respiratoria, pupilas dilatadas y taquicardia.
Recientemente, el 7 de octubre 110 estudiantes de la Secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil presentaron síntomas de intoxicación como agitación, alucinaciones y desmayos. Actualmente, 11 estudiantes se encuentran todavía hospitalizados y 1 de ellos con pronóstico grave. Del mismo modo, 29 madres y padres de familia han realizado denuncias penales ante quienes resulten responsables.
Aunado a eso, el 11 de octubre se dio el más reciente caso de intoxicación, nuevamente en el municipio de Tapachula: 18 estudiantes de la Secundaria Federal N.1 Constitución presentaron síntomas de mareo y vómitos.
El día de ayer, en conferencia de prensa, representantes del gobierno estatal mencionaron que aún se desconocen las causas y los actores que participaron estos presuntos hechos delictivos y anunciaron que con el fin de prevenirlos se implementará en todas las escuelas secundarias del estado el Protocolo de Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales, dentro del cual se considera la realización del Operativo Mochila. Ante ello, recordamos a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que dicho operativo es violatorio de los derechos a la educación, intimidad, participación y presunción de inocencia de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la Recomendación 48/2019 de la CNDH y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2021. Además de ineficaz, este tipo de revisiones son discriminatorias en el sentido de que únicamente se aplican para las y los estudiantes y no a todas las personas que ingresan a los plantes como profesores, administrativos, trabajadores de limpieza, etc.
Como REDIAS enfatizamos que el Protocolo de Prevención de Riesgos Psicosociales en las escuelas de la entidad debe considerar como eje rector el interés superior de la niñez, así como basarse en medidas de protección y cuidado que respeten su dignidad y la de todas las personas en la comunidad escolar. El contacto de las y los adolescentes con sustancias ilícitas les convierte en víctimas de la delincuencia, no en culpables y es el Estado quien debe generar estrategias y alternativas para proteger sus derechos.
En los 4 casos existen indicios de que las y los adolescentes fueron intoxicados. Sin embargo, no se ha clarificado cómo ocurrieron estos hechos; sin esta información resulta preocupante la respuesta del estado criminalizar a los estudiantes con el Operativo Mochila que les presupone como potenciales delincuentes. Estos hechos exponen la incapacidad del Estado en la efectiva protección de niñas, niños y adolescentes y demuestran el grado de descomposición del tejido social que existe en Chiapas, así como la indefensión de la población infantil y adolescente ante la escalada de los grupos criminales y el trasiego de drogas.
Desde las organizaciones de REDIAS, hacemos un llamado urgente a las autoridades de las secretarías de Salud, Educación Pública, Seguridad Pública, así como de las Fiscalías correspondientes para esclarecer los eventos de intoxicación de estudiantes. Así mismo, exigimos a las instituciones educativas, de salud y justicia en los tres niveles de gobierno garantizar las condiciones para la no repetición de estos hechos y la ejecución de medidas de protección y seguridad con enfoque de derechos.