En política, hay quienes llegan al cargo por mérito, otros por conveniencia y otros, como en el caso de Dulce María Rodríguez Ovando, por simple inercia del respaldo de una amistad que cayó de la gracia del poder. Así de claro y así de crudo.
La nueva Secretaria General de Gobierno y Mediación compareció ante el Congreso local con un discurso lleno de frases bien pulidas, cifras que suenan bonito y un tono que intenta perfumar lo que en realidad huele a prisa, improvisación y continuidad de viejos vicios. Porque sí, saludó con sombrero ajeno y lo hizo sin pudor.
Hay que recordar cómo llegó ahí: tras la salida abrupta de Paty Conde, Rodríguez Ovando entró a la Secretaría General como quien toma una papa caliente sin saber si quemará más quedarse que soltarla. Su paso gris y cuestionado por la Secretaría de la Mujer jamás habría sido el trampolín para que la ascendieran si no fuera porque formaba parte del mismo círculo cercano, esa camaradería que se protege, se acomoda y se recicla.
La realidad es que a Dulce María le tocó la rifa del tigre sin boleto, pero tampoco sin permiso. Entró para “corregir” las irregularidades de su amiga, pero también para asegurar que el control quedara en manos conocidas, confiables para ellas. ¿Para el gobernador? No tanto. Porque él ya lo dijo: “soy impredecible”. Y en un sexenio donde la lealtad se presume más de lo que se demuestra, nadie absolutamente nadie, tiene asegurado el asiento.
Durante su comparecencia, Rodríguez Ovando intentó vender la idea de un Chiapas que recupera estabilidad, gobernabilidad y paz social. Un discurso ordenado, sí. Políticamente correcto, también. Pero la pregunta de fondo no es qué dijo, sino quién realmente construyó esos avances y por qué ahora se los adjudica como si ella hubiera conducido la orquesta desde el inicio del sexenio.
Que si mediación en Oxchuc, que si acuerdos en Frontera Comalapa, que si procesos electorales pacíficos en Pantelhó. Todos logros relevantes, nadie lo niega. Pero presentarlos como obra de una gestión que apenas se asienta en la silla es, cuando menos, un exceso de entusiasmo; cuando más, un intento evidente de acomodarse en la foto del informe.
El discurso del “humanismo” tampoco se quedó atrás. La secretaria habló de escuchar, acompañar y construir acuerdos justos. Palabras bonitas que en Chiapas se repiten desde hace años, incluso cuando la realidad contradice cada línea. El territorio habla diferente: comunidades divididas, desplazamientos que persisten, conflictos que solo duermen y una estructura institucional que aún batalla por recuperar credibilidad.
En la ronda de preguntas, la secretaria se mantuvo firme y repetitiva: mediación, diálogo, proximidad, territorio. Todo en orden, todo bien ensayado, todo políticamente correcto. Pero lo que quedó ausente fue una explicación profunda de cómo piensa consolidar la gobernabilidad rumbo a 2026 cuando todavía ni termina de asentarse en una silla que heredó por accidente y conveniencia.
El gobierno presume transparencia y participación democrática. Bien. Pero una comparecencia no se mide por la carpeta que se lee ni por los aplausos internos, sino por la congruencia entre el discurso y los hechos. Y esa, todavía, está pendiente.
Dulce María Rodríguez trató de mostrarse como arquitecta de la paz y la gobernabilidad.
Pero quienes realmente conocen cómo se mueve el ajedrez interno saben que su presencia en esa posición responde más a una necesidad política de contención que a una trayectoria sólida.
REFLECTORES
El Fiscal General de Chiapas Jorge Luis Llaven Abarca debe poner mucha atención en lo que sucede con su gente, sobre todo en la fiscalía de distrito costa fronteriza que se ubica en Tapachula. En las últimas horas comenzó a circular una serie de señalamientos contra Daniel Cerrillo Huerta, exfiscal de homicidios, a quien recientemente se le asignó a esta fiscalía. El repentino estallido de “información”, difundida casi en sincronía y sin sustento público verificable, ha levantado más sospechas que certezas.
Entre actores internos de la Fiscalía y operadores políticos de la región corre una lectura común: esta ofensiva tendría nombre y apellido. Y apuntan al exfiscal de distrito Arturo Pablo Liévano, quien dejó el cargo en medio de observaciones administrativas y presuntas irregularidades documentadas por la propia institución. Su salida, dicen, no fue tersa. Y su molestia, tampoco discreta.
Desde ese contexto, distintas fuentes consultadas consideran que el ataque contra el nuevo fiscal podría formar parte de un intento de Liévano por desacreditar a quienes ocuparon el espacio que él perdió, sosteniendo una narrativa que lo presenta como víctima, pese a que su remoción según funcionarios estatales obedeció a fallas internas que ya estaban sustentadas y en revisión.
Nos leemos en la próxima…
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