Hay obras que se inauguran entre aplausos, discursos y fotografías. Se presume el desarrollo, la inversión y los beneficios que traerán para la región. Pero existen proyectos que, apenas se apagan los reflectores, comienzan a mostrar su verdadero rostro. Eso ocurre hoy en Metapa de Domínguez.
La planta de producción de moscas estériles, presentada como una pieza estratégica para combatir el gusano barrenador y fortalecer la sanidad agropecuaria del país, enfrenta un problema que ya no puede minimizarse: los olores insoportables que diariamente padecen los habitantes de este municipio.
Lo más preocupante no es únicamente la pestilencia. Lo verdaderamente grave es que a escasos metros se encuentra la escuela primaria Dr. Belisario Domínguez y la Secundaria Rafael Pascacio Gamboa, donde niñas, niños, adolescentes, docentes y personal educativo tendrán que iniciar el próximo ciclo escolar respirando un ambiente que dista mucho de ser digno y saludable.
Las explicaciones técnicas abundan. Que las larvas se alimentan de huevo, leche, carne y sangre; que el olor proviene del proceso de producción; que en los próximos días llegarán equipos capaces de reducir hasta en un 98 por ciento las emisiones. Todo eso puede ser cierto. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué esperar a que la población protestara para atender un problema que debió prevenirse desde la planeación del proyecto?
Paradójicamente, el propio alcalde, Luis Salgado Cervantes, expresó una frase que debería convertirse en principio obligatorio para cualquier obra pública: “La sociedad no tiene que adaptarse a la planta; la planta tiene que adaptarse a la población.” Una afirmación acertada, pero que hoy contrasta con la tibieza con la que ha enfrentado esta crisis.
En lugar de asumir una postura firme en defensa de los habitantes, el presidente municipal ha optado por minimizar el problema. Ha insistido en que el olor no representa un riesgo para la salud y que los directivos de la planta adquirirán equipos para reducir la pestilencia. Incluso ha buscado calmar el descontento anunciando que negocia para que el 60 por ciento de los empleos beneficien a personas de Metapa.
Pero una cosa no sustituye a la otra. Ningún empleo puede compensar el deterioro en la calidad de vida de una comunidad. Ninguna inversión justifica que familias enteras soporten diariamente un ambiente impregnado de olores fétidos. Mucho menos cuando se trata de niñas y niños que acudirán a clases en esas condiciones.
La autoridad municipal no está para administrar el descontento social, sino para defender los intereses de su pueblo. Y en este caso, Luis Salgado debió encabezar la exigencia para que la producción se suspendiera temporalmente hasta corregir de fondo el problema. Esa habría sido una verdadera muestra de liderazgo.
Hoy, en cambio, la percepción ciudadana es distinta. Mientras los habitantes reclaman soluciones inmediatas, el alcalde parece más preocupado por no incomodar a las autoridades responsables de la obra y por cuidar el terreno político rumbo a su eventual reelección.
El verdadero desarrollo no se mide únicamente en millones de pesos invertidos ni en el número de empleos anunciados. También se mide por el respeto al medio ambiente, por la planeación responsable y por la capacidad de las autoridades para defender a su gente cuando un proyecto público comienza a afectar su vida cotidiana.
Tristemente cuando el progreso llega acompañado del olor a excremento, deja de ser motivo de orgullo para convertirse en el símbolo de la improvisación, la omisión gubernamental y la falta de autoridad para exigir que las cosas se hagan bien.
En tanto, para este miércoles pobladores de Metapa de Domínguez han emitido una convocatoria en redes sociales para reunirse a las cinco de la tarde frente a las escuelas antes mencionadas y tratar el tema de los malos olores provocados por la planta del gusano barrenador y definir un posible bloqueo carretero y quizá la toma de la alcaldía ante la falta de capacidad y actuación del municipe.
REFLECTORES
Una vez más queda en evidencia que, en diversas dependencias del Gobierno de Chiapas, el mérito y la preparación profesional siguen siendo desplazados por las cuotas políticas.
Hay nombramientos que no responden a la capacidad, la experiencia o la formación académica, sino a la cercanía con determinados grupos de poder. Pareciera que pesa más haber cargado sillas, colocado lonas durante las campañas o defender funcionarios desde las redes sociales que contar con el perfil técnico y educativo que exige el servicio público.
Eso ocurrió recientemente en el ICHEJA, donde fueron designadas personas que carecen de la experiencia y del perfil profesional para desempeñar las responsabilidades que hoy se les han encomendado. Lejos de fortalecer a la institución, estas decisiones terminan debilitándola y afectan la atención que merece la ciudadanía.
Todo apunta a que Alfredo Ramírez continúa privilegiando los compromisos políticos y premiando a su círculo cercano, sin importar que ello reproduzca los mismos vicios que durante años se prometió erradicar.
Sería conveniente que las más altas autoridades del Gobierno del Estado revisaran estos nombramientos. Un gobierno que se define como humanista no puede permitirse improvisaciones ni designaciones basadas en el amiguismo. La administración pública exige servidores capaces, con preparación, experiencia y perfil académico; no operadores políticos que llegan al cargo únicamente como recompensa por favores electorales.
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