En el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas parece que algo se está confundiendo: una cosa es cuidar la imagen institucional y otra muy distinta pretender tapar con sanciones las deficiencias que diariamente padecen trabajadores y derechohabientes.
De acuerdo con un oficio fechado el 5 de agosto de 2026, el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS habría instruido a directivos y jefaturas a canalizar al área de Relaciones Laborales cualquier publicación o denuncia relacionada con el Instituto, incluyendo contenidos difundidos por trabajadores en redes sociales, particularmente aquellos que pudieran afectar la imagen institucional.
El asunto no es menor.
Porque cuando un trabajador denuncia falta de medicamentos, carencia de personal, problemas de infraestructura, equipos que no funcionan, sobrecarga laboral o deficiencias en la atención, la respuesta no debería ser una amenaza de rescisión laboral; debería ser investigar, corregir y resolver.
¿Desde cuándo exhibir una carencia se convirtió en una falta más grave que permitir que esa carencia continúe?
El personal médico, de enfermería, limpieza, administrativo y de otras áreas no tendría por qué convertirse en enemigo de la institución por señalar aquello que conoce de primera mano. Son precisamente quienes están en los hospitales y clínicas quienes pueden decir dónde están las fallas que muchas veces no aparecen en los informes oficiales.
Ahora se les pide prudencia con el celular, evitar grabaciones dentro de las instalaciones, no publicar determinados contenidos y cuidar la imagen institucional.
¿Y quién cuida la imagen del derechohabiente que llega a una clínica y no encuentra medicamento? ¿Quién responde por el paciente que espera durante horas? ¿Quién escucha al trabajador que lleva años solicitando mejores condiciones para desempeñar su función?
El problema no es que las deficiencias se hagan públicas, el problema es que existan.
Y si realmente hay publicaciones que violan reglamentos laborales, existen procedimientos legales para investigarlas. Pero una institución pública debe tener mucho cuidado de no convertir las normas internas en una herramienta para intimidar o silenciar a quienes expresan inconformidades legítimas.
Lo preocupante es que mientras se habla de disciplina y sanciones, en la base laboral siguen pendientes demandas relacionadas con salarios, compensaciones, uniformes de calidad y mejores condiciones de trabajo.
Y aquí también habría que preguntar al sindicalismo: ¿dónde está la defensa de los trabajadores cuando más se necesita?
Porque representar a la base no puede reducirse a organizar celebraciones, rifas o actos festivos. Eso puede formar parte de la convivencia, pero la verdadera representación sindical se demuestra gestionando mejores condiciones laborales, defendiendo derechos y llevando las demandas de los trabajadores hasta las últimas consecuencias.
La fiesta termina y el aplauso terminan, las rifas también. Pero las carencias permanecen.
Y mientras unos disfrutan de las mieles del poder sindical, otros siguen enfrentando jornadas extenuantes, falta de insumos y condiciones que poco tienen que ver con el discurso de excelencia institucional.
Lo dijimos en su momento: cuando una institución empieza a perseguir al mensajero en lugar de atender el mensaje, algo no está funcionando bien.
Hoy el debate vuelve a estar sobre la mesa. Porque la salud pública no necesita trabajadores amordazados. Necesita hospitales abastecidos, personal suficiente, instalaciones dignas y autoridades con capacidad para escuchar y resolver.
Si hay una denuncia falsa, que se investigue. Si existe una violación laboral, que se proceda conforme a derecho. Pero si lo que existe es una carencia real, que se corrija.
Porque callar al trabajador jamás ha curado a un paciente.
REFLECTORES
En Cacahoatán se escuchó un mensaje que puede cambiar el tablero político de la región: las mujeres también pueden y son sinónimo de liderazgo, visión y capacidad.
Y cuando ese mensaje viene acompañado de señales políticas desde la máxima esfera estatal, más de uno comienza a revisar sus escenarios.
En la llamada Villa de las Hortensias, el nombre de Brenda Meza comienza a tomar fuerza. Su liderazgo natural y su presencia territorial la colocan en una conversación que apenas comienza, pero que seguramente irá creciendo conforme se acerquen los tiempos políticos.
En ese mismo municipio hay historias que parecen esperar una segunda oportunidad. Tal es el caso de Aury Saldaña, quien años atrás buscó llegar a la Presidencia Municipal y no consiguió el objetivo. La política, sin embargo, tiene memoria y también suele ofrecer segundas oportunidades.
Desde las faldas del Tacaná, Lupita García también aparece en el escenario de Unión Juárez. Su aspiración de encabezar el Ayuntamiento no es nueva y, si finalmente se concreta una candidatura femenina, podría convertirse en una carta competitiva en un municipio donde su nombre tiene amplio reconocimiento.
Y en Tuxtla Chico, la contadora Esther de la Cruz también comienza a llamar la atención. Mujer surgida de la cultura del esfuerzo, con años de trabajo social y una imagen vinculada con el apoyo a quienes menos tienen, hoy parece decidida a caminar por una ruta política que podría llevarla a buscar la alcaldía.
Por ahora son nombres, movimientos y señales. Pero en política, las señales suelen aparecer mucho antes que las boletas.
Y mientras algunos todavía siguen pensando que las mujeres solamente sirven para llenar cuotas, en los municipios fronterizos ya hay mujeres construyendo territorio, tejido social y liderazgo.
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