REFLECTORES
En la Secretaría de Protección Civil estatal deben poner orden de inmediato. Le han solapado demasiado a Mauricio Cordero. Una auditoría al interior detectó la firma de Gabriel Esquinca Vera quien traía un cargo de coordinador de una oficina llamada Recuperación para el Desarrollo Sustentable.
El año pasado se dio a conocer un supuesto desvío de 18 millones de pesos dentro del FOGIRD, supuestamente operado por Gabriel Esquinca Vera, quien manejaba estos recursos con autorización exclusiva del titular de la secretaría.
Tras esto Esquinca Vera desapareció del mapa, el secretario Mauricio Cordero Rodríguez dejó como encargada del FOGIRD a Luzana Rothsahuh Aguilar, esposa del propio Esquinca y jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, quien además controla recursos de otras áreas como la Escuela Nacional de Protección Civil y Transportes Aéreos. También forma parte del comité de ética y curiosamente nadie se queja porque la principal acosadora laboral y abusiva es ella.
Lo raro de todo es que Gabriel Esquinca Vera volvió a aparecer en Protección Civil en marzo de este año, con cargo inventado y sin aparece en nómina oficial. Más extraño es que su firma aparece en convenios, contratos y demás documentos importantes, situación que hoy enciende las alarmas de la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, sin embargo existe un responsable inmediato que sigue al frente de Protección Civil Chiapas.
En Protección Civil Chiapas hay un verdadero cochinero que se debe limpiar, desde este espacio hemos denunciado en reiteradas ocasiones lo que ocurre al interior esta secretaría en donde se hacen “oídos sordos a denuncias reiteradas”.
REFLECTORES
Por los pasillos de Coapatap se habla de aumentos; en las calles de muchas fugas y al interior de este organismo autónomo.
Los montos expuestos por Grupo MediaSur ponen el reflector sobre una brecha que merece explicación: incrementos quincenales que, según la relación difundida, van de 1,564.85 hasta 12,682.33 pesos, además de retroactivos que alcanzarían hasta 152,275.06 pesos.
Entre los nombres señalados aparecen Omar Ventura Ibarias, con 12,682.33 pesos de aumento quincenal; Juan Manuel Gómez García, con 7,441.88; y Luis Fernando Hernández Torres, con 6,759.79 pesos, entre otros.
La pregunta es sencilla: ¿bajo qué criterios se autorizaron estos incrementos y quién los aprobó?
Mientras los trabajadores de campo enfrentan fugas, drenajes colapsados y jornadas en condiciones difíciles, los números difundidos generan la percepción de una nómina con beneficiarios privilegiados. Y si los aumentos son legales, transparentes y producto de una negociación colectiva, no debería existir problema alguno en exhibir el convenio, las actas, la fuente presupuestal y el impacto que tendrán en las finanzas del organismo.
Aquí no se trata de atacar derechos laborales. Se trata de saber si el dinero público se está distribuyendo con equidad, legalidad y transparencia.
Porque si existe una explicación, que se dé. Si hubo un acuerdo sindical, que se publique. Y si existen irregularidades, que se investiguen.
En Coapatap, la ciudadanía no sólo quiere saber quién recibe más; quiere saber por qué. Mientras tanto, la pregunta queda flotando como una fuga más: ¿la presión del agua alcanza para todos, pero la presión de la nómina sólo beneficia a unos cuantos?
Aquí hay un responsable de organismo, un director que pareciera estar ausente de sus funciones, pero para este tipo de asuntos ser el principal responsable.
En Tapachula podrás quedarte sin el vital líquido una semana o quizá meses, pero el recibo llega puntual sin la consideración mínima. Las calles de varias colonias podrán tener fugas de aguas negras por varias semanas y tampoco se atienden, lo que sí recibe atención apremiando es la nómina de ciertos colaboradores, es decir los más privilegiados por la máxima autoridad del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula.
Contacto: checha.informa@gmail.com
Nos leemos en la próxima.