En la frontera sur, donde el Estado mexicano tendría que exhibir su mayor músculo institucional, la Fiscalía General de la República vuelve a quedar mal parada. No por un golpe quirúrgico al crimen organizado, sino por algo mucho más delicado: por investigaciones internas que apuntan a presuntos actos de extorsión cometidos, irónicamente, por quienes juraron combatirla.
La instrucción del Órgano Interno de Control de la FGR, a solicitud de Ernestina Godoy Ramos para investigar a agentes de la Policía Federal Ministerial destacados en Tapachula no es un trámite administrativo cualquiera. Los señalamientos de cobros ilegales a camiones que transportan migrantes describen una práctica que, de confirmarse, exhibe una descomposición profunda en una de las regiones más sensibles del país.
Tapachula no es una plaza menor. Es el epicentro del fenómeno migratorio, un corredor estratégico donde confluyen tráfico de personas, drogas, armas y mercancías ilícitas. Y aun así, en esa zona operan apenas siete agentes federales ministeriales. Siete. Una cifra que raya en lo absurdo frente a la magnitud del reto y que solo puede leerse de dos maneras: una FGR rebasada o una FGR cómoda en la omisión.
Los datos hablan solos. En Chiapas, la mayoría de las carpetas de investigación del fuero federal no surgen del trabajo de inteligencia de la FGR, sino de aseguramientos realizados por autoridades estatales, la Marina o el Ejército. La Fiscalía federal aparece después, como notario de los hechos, no como cabeza de una estrategia de seguridad.
En este escenario, el desempeño del delegado estatal de la FGR, Felipe Neri León Aragón, resulta imposible de justificar. A casi once meses de haber asumido el cargo, no hay resultados de alto impacto, no hay desarticulación de estructuras criminales ni golpes visibles a los principales generadores de violencia en la frontera sur. “Sin pena ni gloria” no es una frase dura: es la percepción generalizada entre empresarios, actores sociales y especialistas en seguridad.
Lo más alarmante es que las denuncias por extorsión no apuntan a hechos aislados, sino a prácticas presuntamente toleradas durante meses. Versiones periodísticas hablan incluso de una supuesta “caja chica” operada desde la propia delegación. Si esto se comprueba, la corrupción no estaría en los márgenes, sino incrustada en el corazón de la representación federal en Chiapas.
Mientras tanto, en la costa del estado no hay reportes de capos detenidos, ni operativos de inteligencia relevantes, ni una presencia real del Estado frente a grupos criminales que se desplazan con libertad por carreteras y comunidades. Lo que sí hay según las denuncias son retenes irregulares, abusos de autoridad y un creciente descrédito institucional.
La investigación anunciada por la FGR es apenas un primer paso, claramente insuficiente si se limita a sacrificar a unos cuantos agentes. La exigencia social es otra: que las indagatorias suban de nivel, revisen responsabilidades de mando y exploren posibles vínculos entre funcionarios federales y organizaciones delictivas. De lo contrario, todo quedará en una simulación más, de esas que ya nadie cree.
Chiapas no necesita fiscales de escritorio ni delegados invisibles. Necesita una FGR presente, que investigue y actúe con la misma contundencia con la que dice combatir la corrupción. Porque en la frontera sur, la omisión también mata y corrompe.