La visita hace varias semanas atrás del titular del ISSTECH, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, a la clínica hospital de Tapachula dejó una postal conocida: pintura fresca para la foto, cuadrillas improvisadas y discursos de compromiso. Pero bastó que el funcionario se retirara para que la realidad regresara, cruda y sin maquillaje.
El supuesto “cambio” duró lo que dura un evento. Después, todo volvió a venirse abajo. La basura se acumuló durante días en un hospital que debería ser sinónimo de higiene y cuidado, no de abandono. La razón es tan simple como grave: la empresa encargada de la limpieza entró en paro por falta de pago. Un incumplimiento más del ISSTECH, que contrata servicios sin cumplir en tiempo y forma, y que termina trasladando su desorden administrativo a los pasillos donde se atiende a pacientes.
Pero el problema no es solo la basura visible. Hay otra, menos evidente, que se esconde en decisiones internas: la negativa sistemática de estudios subrogados a derechohabientes bajo el argumento de que “no hay dinero”. Resonancia, tomografías, análisis especializados se niegan o se postergan, mientras los pacientes esperan, se deterioran o buscan endeudarse por su cuenta.
Lo que indigna es la doble vara. Porque versiones al interior del hospital señalan que sí hay recursos cuando se trata de cirugías o estudios especiales para familiares de directivos, incluso para personas que ni siquiera son derechohabientes. Recientemente, un familiar cercano del director habría sido hospitalizado con todas las facilidades. ¿Entonces sí alcanza el presupuesto?
La pregunta es inevitable: ¿Luis Ignacio Avendaño sabe lo que ocurre en Tapachula o prefiere no saberlo? Porque si lo desconoce, estamos ante una grave falta de control; y si lo sabe y lo permite, el problema es todavía mayor.
El ISSTECH no necesita más visitas protocolarias ni jornadas cosméticas de mantenimiento. Necesita pagos puntuales, reglas claras, trato digno y, sobre todo, congruencia. La salud no admite simulaciones. Mientras tanto, los derechohabientes siguen pagando las consecuencias de una institución que predica austeridad para unos y privilegios para otros.
REFLECTORES
En el hospital Nueva Frontera del IMSS, en Tapachula, la realidad contradice todos los discursos. Los lamentos de los pacientes no cesan: no hay medicamentos, no hay atención oportuna de especialistas y, en el caso más grave, quienes padecen cáncer juegan a diario una ruleta rusa con su vida porque las quimioterapias simplemente no llegan.
La escena se repite una y otra vez. Pacientes de municipios de la costa recorren largas distancias, gastan lo que no tienen en pasajes y comida, y al llegar se topan con la misma respuesta: “no hay medicamento”. No es solo una falla administrativa, es una condena silenciosa para quienes no pueden esperar.
Aquí la urgencia ya rebasó a las delegaciones locales. La presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del IMSS, Zoé Robledo, deben intervenir de inmediato. Esto no puede seguir así. Se prometió un sistema de salud como el de Dinamarca, pero en la frontera sur esa promesa quedó en puro discurso, en suelo guajiro, mientras los pacientes pagan con su salud y, en algunos casos, con su vida.
Mis queridos lectores deseo hayan pasado una feliz Navidad; les deseo un año venidero lleno de muchas cosas buenas.
Nos leemos pronto.
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