Derechos Humanos, legitimidad vulnerable
Revive y pospone “acta de defunción”
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Hasta hace mes y medio, las probabilidades de que el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) desapareciera por iniciativa del Congreso local, eran altas. La estridente pugna de poder entre consejeros de esa institución y el rechazo que provocó en diferentes sectores de la sociedad chiapaneca, hacían propicia una decisión política de esa naturaleza. Los golpeteos públicos por la disputa de la presidencia del CEDH, cuyo prolongado episodio de desencuentros cuestionaba la probidad de sus integrantes y ponía en riesgo su función de defender y proteger las garantías individuales de los chiapanecos, parecían no dejar otra salida.
El entonces coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y hombre muy cercano al Ejecutivo, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, se pronunció abiertamente por la desaparición del Consejo mediante una reforma a la Constitución que cambiara su estructura a una más funcional que promoviera la armonía e evitara la confrontación.
“Ahí están los resultados de la actual figura del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, conflictos internos, baja productividad, expedientes rezagados; yo soy uno de los impulsores de la urgente reforma constitucional en materia de derechos humanos”, aseveró Castellanos el 11 de marzo pasado e incluso planteó regresar a la figura de Comisión que ya se había experimentado antes de la creación del CEDH en octubre del 2010.
Sin embargo, hoyAñadir un evento para hoy las circunstancias políticas han cambiado y en este nuevo contexto una decisión radical ya no es viable. Hay tres factores que así lo indican:
1.- Tregua forzada. Luego de la confrontación con el presidente del CEDH por asumir “posturas autoritarias” al interior del organismo, los consejeros opositores a Florencio Madariaga Granados lograron destituirlo en enero de este año y eligieron en su lugar a Lorenzo López Méndez, quien contó con el respaldo de sus colegas Pedro Raúl López Hernández y José Raúl Navas López. Con la nueva correlación de fuerzas, el Consejo salió de la inestabilidad recurrente y entró en una fase de recomposición que le ha permitido funcionar parcialmente –y a marchas forzadas— debido a las ausencias consuetudinarias a las sesiones de Madariaga y su aliada Marina Patricia Jiménez. Aunque fracturado por las ausencias permanentes de dos de sus consejeros, el CEDH intenta ahora mostrar que puede trabajar con relativa normalidad en el desahogo de las denuncias ciudadanas que recibe y en su actuación de oficio por presuntas violaciones a las garantías individuales.
2.- Reposicionamiento político. A sabiendas de que su existencia pendía de un hilo muy delgado, los tres consejeros en activo encabezados por López Méndez, han sabido aprovechar las coyunturas para reposicionarse institucional y políticamente con el propósito de protegerse ante eventuales intentos de defenestración y demostrar que el CEDH aún puede ser viable, aunque sea temporalmente. En este sentido, ha mostrado particular interés en asumir posturas independientes respecto al Ejecutivo y el Legislativo evidenciadas en la emisión de recomendaciones que cuestionan iniciativas y hechos de ambos poderes. Señalamientos a la Procuraduría de Justicia sobre posibles actos de tortura, a diputados por la aprobación de la llamada “ley contra el halconeo” o al gobierno por poner en riesgo la libertad de expresión y de prensa, le han dado un nuevo protagonismo y también se ha creado un “escudo” de legitimidad que en estos momentos hace más difícil una iniciativa contra su desaparición. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 398 BIS del Código Penal chiapaneco, sería otro punto a su favor pues se interpreta como un apoyo tácito a la permanencia del CEDH.
3.- Falta de consenso en el Congreso. Algunas declaraciones recientes de actores clave en el proceso legislativo, permiten concluir que no hay en este momento el suficiente consenso entre las principales fracciones parlamentarias para aprobar una iniciativa de reforma a la Constitución que implique la reestructuración radical del Consejo Estatal de Derechos Humanos. A la propuesta de Castellanos Cal y Mayor, hoyAñadir un evento para hoy presidente de la Mesa Directiva del Congreso, se le oponen las posturas del coordinador de la mayoría priista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Neftalí del Toro Guzmán y del hoyAñadir un evento para hoy líder de los diputados del PVEM, Emilio Salazar Farías. Ambos legisladores han manifestado una posición más moderada, la cual se infiere como un voto a que el CEDH continúe vigente. En tono conciliador, la semana pasada Del Toro dijo ser respetuoso de la autonomía del Consejo, descartó la intervención del Congreso para reconvenir a los consejeros y se pronunció porque éstos dejen atrás sus diferencias para trabajar en unidad. Salazar por su parte, se ha mostrado un poco más exigente pidiendo que los consejeros cumplan con sus responsabilidades de salvaguardar los derechos humanos de los chiapanecos, pero se decanta a favor de una salida negociada para terminar con el conflicto interno; incluso dijo que no hay ninguna iniciativa de ley para desaparecer al CEDH.
De acuerdo con los factores analizados, todo indica que el Consejo Estatal de Derechos Humanos sobrevivirá a sus propias contradicciones y a la amenaza de ser liquidado por una reforma constitucional. Sin embargo, el futuro del organismo depende de los propios consejeros, de la capacidad que tengan para resolver institucionalmente sus diferencias. Si bien hoyAñadir un evento para hoy las probabilidades de desaparecer se han disipado, una nueva pugna interna deterioraría los actuales consensos y abriría la puerta a una solución radical.
Pero independientemente de los escenarios que puedan presentarse más adelante, lo cierto es que la legitimidad e integridad del CEDH han quedado en entredicho por la lucha de poder entre sus integrantes. En estas condiciones, el Consejo arrastrará su vulnerabilidad hasta el 2014, año en que concluyen los mandatos de los consejeros y, quizá, la fecha de defunción de un organismo que no supo estar a la altura de las circunstancias de la sociedad chiapaneca.
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