Edgar Castillo /ASICh
Chiapa de Corzo.- Si la Comisión Nacional del Agua (Conagua), continúa con sus medidas restrictivas de no otorgar permisos o concesiones para el aprovechamiento del material pétreo (arena), del río “Santo Domingo” en el municipio de Chiapa de Corzo, alrededor de 20 municipios de la zona centro del estado podrían ocasionar un ecocidio de grandes proporciones.Este es el pronóstico que dan a conocer algunos concesionarios que por varios años han usufructuado el aprovechamiento de los recursos naturales del río “Santo-Domingo” prácticamente la arena, la cual se utiliza directamente en la industria de la construcción, y que hoy enfrentan litigios con la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que la Conagua les ha cancelado sus concesiones.
En ese sentido opinan que de continuar con sus medidas restrictivas la Comisión Nacional del Agua, los municipios que serían afectados son; Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Berriozabal, Bochil, Tecpatan, Soyaló, Simojovel, Huitipan, Ocozocuatla, Parral, Emiliano Zapata, Copainala, El Bosque, Jitotol, Pueblo Nuevo, Ixtapa y Chicoasen, dado que toda la arena que se utiliza para la construcción se obtiene de los bancos de arena que se ubican en las laderas del río “Santo-Domingo”
La Comisión Nacional del Agua, nos ha cancelado concesiones y permisos, y no ha querido regularizar y ordenar la extracción de arena en el río “Santo Domingo”, lo que ha ocasionado que grupos y organizaciones se estén aprovechando de la explotación del río de manera clandestina y pirata, tal como lo viene haciendo la Coordinadora Estatal Campesina (CEC), al frente de Víctor Ortiz del Carpio, personaje ligado a las filas del PRI, misma que aquí esta siendo utilizada de manera perversa por Francisco Coutiño Ruiz y Carlos Amín Abadía.
Los concesionarios que recientemente han sido afectados por esta dependencia federal solicitaron la intervención de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como cabeza de sector y responsable de la política ambiental integral e incluyente para que cumpla con su misión de incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país que permita alcanzar el desarrollo sustentable.
El grupo de concesionarios afectados sostuvieron que si no se regula y ordena el aprovechamiento de los recursos naturales del río “Santo-Domingo” (arena), se corre el riesgo de que en cada uno de estos municipios, se recurra a las montañas para extraer material, tal como sucedió en San Cristóbal de las Casas, y esto sería castro-trófico para un estado como Chiapas, donde se pondera la política de un gobierno “ecológico”.
De acuerdo con los declarantes, señalaron que por ahora muchos concesionarios que cuentan con sus respectivos bancos de arena están clausurados e inactivos desde lo que comprende el puente “Santo-Domingo” agua abajo, sin embargo, integrantes de la Coordinadora Estatal Campesina (CEC), al frente de Víctor Ortiz del Carpio, están haciendo de la suyas al estar extrayendo material sin tener ninguna concesión y están cobrando a organizaciones para que ellos usufructúen lo que en realidad no les corresponde, pero además no están pagando al fisco lo que hacen los auténticos concesionarios por la extracción del material pétreo sostienen.
Nosotros hacemos un llamado al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alaman, así como a Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a Guillermo Haro Bélchez, procurador Federal del Medio Ambiente (PROFEPA), para que en Chiapas, y prácticamente en lo que concierne a toda la zona concesionada del río “Santo-Domingo” en el municipio de Chiapa de Corzo, se restablezca un ordenamiento en cuanto al usufructo de los recursos naturales, y que se actué en consecuencia, pues en este momento muchos que legalmente hemos venido cumpliendo con las normas estamos siendo seriamente afectados sostienen los declarantes. ASICh