Ríos de Chiapas, en riesgo por la explotación de materiales pétreos

La explotación indiscriminada de materiales pétreos en los ríos de Chiapas ha causado graves afectaciones al medio ambiente, y es motivo de enfrentamientos por el descontento de la población que vive en las riberas, subrayó Alfredo Araujo Esquinca, presidente del Consejo de la Cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta.
Araujo exhortó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a aplicar las disposiciones de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, para sancionar a las empresas que, sin autorización, saquean los recursos naturales de los afluentes.
Recordó que la Conagua es la instancia encargada de otorgar permisos a las constructoras; sin embargo, algunas operan sin este documento, y otras lo tienen pero están vencidos.
El río Santo Domingo, en Chiapa de Corzo, es ejemplo claro de la “anarquía” con la que se realiza esta actividad en el estado; hasta ocho dragas extraen diariamente arena de este afluente, pese a las protestas de la población aledaña, que en varias ocasiones ha solicitado la intervención de las autoridades.
Pese a que la ley faculta a la Profepa para realizar investigaciones, las empresas aprovechan candados legales para trabajar en la impunidad; en este sentido, explicó que para llegar a los cauces de los ríos es necesario atravesar predios particulares que generalmente son propiedades de los constructores, lo cual dificulta las verificaciones.
“Eso es un problema, porque esos terrenos son, por lo general, del dueño de las concesiones, y al ser propiedad privada, no pueden acceder ni la Profepa ni la PGE. Tendrían que tener una orden judicial”.
Alfredo Araujo destacó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene la responsabilidad de validar del impacto ambiental para que los ríos sean explotados sin perjudicar el equilibrio ecológico, “situación que en realidad no sucede”.
Explicó que las licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sinfrac) determinan un catálogo de bancos que sí tienen autorización de la Conagua; sin embargo, las constructoras acuden a afluentes no autorizados para disminuir costos.
“Ante la ausencia de rigor de autoridad, si la empresa que ganó la obra encuentra un banco más cercano que el vigilado por la Conagua, le es fácil acudir ahí para ahorrar”.
Araujo consideró que es urgente atender esta problemática. En el río Santo Domingo, por ejemplo, la explotación indiscriminada ha dañado los estribos del puente del mismo nombre, porque se diseñó a partir del cauce natural, y ahora existe el riesgo de que se socaven los estribos.
Asimismo, es urgente una legislación en materia de obra pública que sancione a las empresas que utilicen bancos no autorizados, y que, además, facilite a las autoridades ambientales actuar con celeridad ante las denuncias de las y los ciudadanos. ASICh

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