Las organizaciones empresariales firmantes —la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (CANACO SERVYTUR), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC Chiapas), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Tuxtla Gutiérrez (CANACINTRA Tuxtla) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX Chiapas)— manifestamos nuestra profunda preocupación y firme rechazo ante las acciones emprendidas por autodenominados “integrantes del magisterio chiapaneco” en el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, así como por los bloqueos a instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Tuxtla Gutiérrez.
Estas acciones han generado afectaciones severas al libre tránsito, a la movilidad de personas y mercancías, al abasto de combustibles, al funcionamiento de servicios esenciales y a la certidumbre jurídica indispensable para la estabilidad social y económica del estado. La interrupción de operaciones en un aeropuerto internacional constituye un riesgo directo para la seguridad, la conectividad, el turismo, la inversión y el desarrollo de Chiapas.
Reconocemos el derecho a la manifestación; sin embargo, ninguna causa justifica la obstrucción de infraestructura estratégica ni la vulneración de los derechos de terceros. La protesta social no puede derivar en acciones que paralicen la vida económica, comprometan la seguridad de la ciudadanía o pongan en riesgo el patrimonio público y privado del estado.
Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa, urgente y categórica a los tres órdenes de gobierno que, en el ámbito de sus facultades, adopten de inmediato las medidas necesarias para:
• Restablecer la legalidad y el orden público en el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” y en todas las instalaciones estratégicas afectadas.
• Garantizar el libre tránsito, la movilidad regional y el funcionamiento continuo de vías, servicios e infraestructura indispensables para la actividad económica y social de Chiapas.
• Asegurar el suministro y distribución de combustibles, evitando mayores afectaciones al comercio, al turismo, a los servicios y a la población en general.
• Proteger la integridad de usuarios, trabajadores, empresarios y ciudadanía, así como salvaguardar los derechos de terceros frente a actos que exceden el marco de la protesta legítima.
• Actuar de manera coordinada, inmediata y con estricto apego a derecho para evitar el deterioro de las condiciones de seguridad, movilidad, abasto y certidumbre en la entidad.
Las organizaciones firmantes representamos sectores esenciales del comercio, los servicios, el turismo, la industria restaurantera, la industria de la transformación y la actividad empresarial formal. Cuando la autoridad no garantiza condiciones mínimas de legalidad y funcionamiento institucional, se compromete la estabilidad económica y social de todo Chiapas.
Exhortamos al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Chiapas y al Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez a ejercer sin dilación sus facultades legales para restablecer el orden, proteger la infraestructura estratégica y asegurar los derechos de la población.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo institucional y a la construcción de soluciones dentro del marco legal, subrayando que la preservación del Estado de Derecho es inaplazable y constituye la base para la paz social, la inversión y el desarrollo de Chiapas.