Pedro Raúl López /ASIChCon la reforma del ISSSTE la pensión de los trabajadores disminuye y los servicios de salud, además de no mejorar, se encaminan hacia la privatización. En cambio, la reforma abre nuevos negocios para las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y las compañías aseguradoras de los grupos financieros privados así como para las empresas médicas privadas.
Esta reforma se estuvo preparando desde 1995 cuando se aprobó una muy semejante para el IMSS.
Desde entonces los cambios a la ley del ISSSTE se pospusieron año con año, existiendo de por medio incluso una recomendación del Banco Mundial para “dar nuevas oportunidades a la floreciente industria aseguradora e inyectar más recursos monetarios estables en el sistema bancario”.
¿Por qué no se había dado antes la reforma?
Seguramente los gobiernos de derecha la habían detenido por miedo a la reacción de los trabajadores, ya que las modificaciones a la Ley del ISSSTE presentan problemas más agudos que las del IMSS.
La pérdida de derechos es mayor y afecta a los afiliados de los sindicatos más grandes del país como son el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) y sindicatos combativos como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y el Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM).
Hoy, la condición para imponer la Reforma fue contar con la complicidad de dirigentes sindicales como Elba Esther Gordillo y Joel Ayala, líderes charros del SNTE y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), así como tener un operador político inescrupuloso en el propio Instituto, como Miguel Ángel Yunes. Estas condiciones se dieron hoy, y sin embargo no se arriesgaron a poner a discusión la reforma y jamás dieron un diagnóstico verificable de la situación real del ISSSTE. El PRIAN optó por el mayoriteo y aprobó la ley en 12 días, sin ningún cambio y aprovechando las vacaciones de Semana Santa.
Se ha contado también con muchos medios de comunicación para presentar una idea falsa sobre el contenido y alcances de la nueva ley.
Con esta reforma los trabajadores al servicio del estado no ganan y tampoco el país. Los únicos triunfadores son los grandes grupos financieros que manejarán el ahorro y las pensiones de los trabajadores.
¿A quienes afecta la nueva ley?
Los trabajadores que ya se jubilaron no se verán afectados en sus pensiones por la nueva ley. Todos los demás perderán derechos. Sólo quien ya está jubilado queda totalmente amparado por el viejo régimen y solamente los activos se pueden acoger al régimen de transición. Por ello, es importante ampararse contra la nueva ley.
Los trabajadores en activo tienen que elegir antes de julio de 2008, entre el régimen de transición, cercano al viejo sistema y el nuevo, que incluye el llamado “bono de pensión”. Ante este “derecho”, tienen que manifestar por escrito que no aceptan el bono de pensión, ya que, si no lo hacen, están aceptando en automático el bono y las condiciones de la nueva ley; las dos opciones son perjudiciales para el trabajador, pero aceptar el bono es la peor de las dos.
Los únicos que prácticamente seguirán en el antiguo sistema son los trabajadores que cumplen los requisitos de la vieja ley para jubilarse antes del 31 de diciembre de 2009. Ellos tendrán derecho a una pensión correspondiente al 100% del sueldo del tabulador regional que está definido en la ley como la nueva definición del sueldo básico. Es de señalar que este nuevo sueldo básico solamente representa el 75% del sueldo básico definido en la ley anterior.
A partir enero de 2010 los trabajadores en activo que opten por el viejo sistema no se jubilarán sólo por años de servicio sino requieren además cumplir el requisito de edad –58 años para mujeres y 60 para hombres. Sin embargo, recibirán una pensión del 100% de su sueldo tabular que es sensiblemente inferior a su actual salario.
A los trabajadores que elijan el “bono de pensión” se les calculará el monto de la pensión según la nueva ley y se jubilarán por edad y años servicio.
Finalmente, a los trabajadores de nuevo ingreso se les aplicará la nueva ley. Se jubilarán a los 65 años y con una cotización mínima de 25 años. Su pensión dependerá íntegramente de cuanto han logrado juntar en su cuenta individual.
La pensión de los trabajadores será más baja
Con la antigua ley, el trabajador recibía una pensión igual al 100% de su salario base después de 30 años de servicio para los hombres y 28 años para las mujeres. El monto de la pensión era conocido porque estaba fijada en la ley. En promedio los trabajadores jubilados por el ISSSTE cobran actualmente una pensión de 4.2 salarios mínimos. Antes, al jubilarse el trabajador podía además retirar su fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del FOVISSSTE.
Con la nueva ley, el monto de la pensión es desconocido y variable porque depende directamente del ahorro que tiene el trabajador en su cuenta individual y de cuanto le cueste comprar su pensión (renta vitalicia) a una compañía aseguradora privada. No hay duda que la pensión será mucho más baja con la nueva ley. Por ejemplo, con 40 años de cotización, esta pensión corresponderá a entre el 16 y el 30% del último sueldo básico del trabajador y con 30 años de cotización será todavía más baja. El porcentaje depende de la variación salarial del trabajador durante su vida laboral.
Es más, el ahorro de la gran mayoría de los trabajadores no alcanzará para la pensión mínima garantizada de dos salarios mínimos. Por ello, el gobierno tendrá que darle más dinero a las aseguradoras para completar la pensión mínima. El trabajador tampoco podrá acceder a sus fondos del SAR y del FOVISSSTE porque éstos se integran a su cuenta individual para el pago de su pensión.
El “bono de pensión” es un engaño Todos los trabajadores deben saber que el “bono de pensión” es insuficiente para tener una pensión digna y que este no servirá para alcanzar una pensión de 100% del sueldo base. El bono es además de “papel” y el trabajador nunca verá o dispondrá de este dinero; primero va a su cuenta individual donde no lo puede tocar y luego se transfiere a una aseguradora privada para el pago de su pensión.
La “calculadora” del ISSSTE que permite computar el monto del bono de pensión da una cantidad grande de dinero… aparentemente. Sin embargo, si uno aplica la fórmula para determinar el monto de la pensión resulta que este bono es insuficiente. Debería ser un 50 o 60% más alto para obtener una pensión igual al 100% del salario base que se recibía con la ley derogada.
Las cuentas salen con un déficit porque el monto del bono supone que el trabajador sólo sobrevive hasta los 73 años, a pesar de que laexpectativa de vida en 2007 es de 75 y sube cada año. El bono tampoco incluye la cantidad correspondiente al seguro obligatorio de sobrevivencia para los familiares del trabajador y además no está ajustado al incremento salarial normal y tiene el mismo valor para hombres y mujeres, a pesar de que ellas viven más años.
El bono tampoco es una compensación verdadera por los años que ha cotizado el trabajador sino se calcula precisamente por la sobrevida esperada. De esta manera, el trabajador más viejo recibe un bono menor que el trabajador más joven.
Las pensiones del ISSSTE se privatizan El nuevo sistema de pensiones se basa en las cuentas individuales de cada trabajador y acaba con la solidaridad entre asalariados.
La administración de las cuentas individuales deja de ser responsabilidad del ISSSTE y por ley queda en manos del sistema AFORE-SIEFORE al cual pertenece también el PensionISSSTE. Las AFORES invierten el dinero de los trabajadores en la Bolsa de Valores o lo prestan al gobierno federal.
Sin embargo, la AFORE nunca pierde porque el riesgo financiero recae en el trabajador. Por ejemplo, si baja la Bolsa de Valores se afecta la futura pensión pero no a la AFORE.
El negocio de las AFORES consiste en que la ley les permite cobrar una comisión por la administración de las cuentas individuales. Esta comisión es muy alta en México, entre el 16 y el 25% sobre el depósito que hace el trabajador. Con los últimos cambios de la ley, la comisión para las AFORES será un porcentaje sobre todo el dinero que está en la cuenta del trabajador, es decir sobre su saldo. Año con año esta cantidad crece y por tanto también la comisión de la AFORE.
Incluso si se mantiene esta comisión en 0.9% sobre el saldo, ¡la comisión será mayor que el depósito mensual del trabajador antes de que pueda jubilarse! Con las experiencias que ya se tienen con las AFOREs, todo el mundo, empezando por Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), reconoce que la pensión se verá mermada por el alto costo de su administración.
Los años de cotización y la cuota del trabajador se incrementan El sistema de capitalización individual requiere entonces que el trabajador cotice más años y que pague una cuota más alta. En la nueva ley se quita por ello la jubilación por años de servicio y se incrementa gradualmente la edad para jubilarse a los 65 años. Simultáneamente sube la cotización del 3.5% sobre el sueldo base al 6.125%. Todos los trabajadores en activo, acepten o no el “bono de pensión”, entran en este nuevo esquema de cotización.
El ahorro de los trabajadores se entrega a los grandes grupos financieros El PensionISSSTE funcionará como cualquier AFORE y después de tres años, cualquier AFORE puede administrar los fondos. Es decir, los grandes grupos financieros que incluyen a los bancos, a las AFOREs actuales y a las aseguradoras de pensiones tendrán en sus manos nuevos y cuantiosos fondos financieros –las cuentas individuales de los trabajadores asegurados por el ISSSTE– que se suman a las de los trabajadores del IMSS.
Es importante señalar que el trabajador nunca verá estos fondos y tampoco su bono de pensión.
Este dinero primero entra a las AFORES y luego a las aseguradoras cuando se compra la pensión o la renta vitalicia. El manejo de estos fondos durante décadas es un gran negocio. Hasta ahora las AFORES han tenido ganancias netas de unos 25 mil millones de pesos por el manejo, durante una década, de las 11 millones de cuentas activas del IMSS y otras tantas cuentas inactivas que también pagan comisiones.
Ahora se añaden las 2 millones de cuentas del ISSSTE que en promedio tienen mayores depósitos.
Aparte de las ganancias por comisiones, los grupos financieros también controlan grandes cantidades de dinero con los fondos de pensiones. Hoy son del orden del 750 mil millones de pesos (8.5% del PIB). Este control les da mucha influencia en el mercado financiero, mismo que pueden manejar según sus intereses particulares, sean estos económicos o políticos.
El PensionISSSTE es una concesión temporal a las cúpulas sindicales El PensionISSSTE manejará los ahorros de los trabajadores durante tres años.
Esta institución es presentada como una AFORE pública pero con características que le permitirán a Elba Esther Gordillo y Joel Ayala manejar discrecionalmente los fondos. El PensionISSSTE tendrá una Junta de Gobierno que se integrará por 18 personas de las cuales nueve serán representantes de los trabajadores y nueve del gobierno federal y el Banco de México.
Originalmente no se especificó el perfil profesional y origen de los integrantes de esta Junta pero con los cambios a la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) esto se remedió, para que no fuera tan evidente que se trataba de un pago de facturas a estos dirigentes por su ayuda en la aprobación de la ley y en el control de los trabajadores.
De cualquier manera, el PensionISSSTE manejará en un inicio los 58 mil millones de pesos del SARISSSTE; monto que podrán incrementarse a 160 mil millones durante los tres próximos años. La iniciativa establece que el PensionISSSTE preferentemente deberá invertir los ahorros de los trabajadores en vivienda, generación de energía eléctrica, explotación de gas y petróleo y construcción de carreteras. En la lógica de generar alta rentabilidad, estas opciones son negativas porque no son seguras.
Por otro lado resulta absurdo que el tope para las comisiones que cobrará PensionISSSTE por el manejo de cuentas de los trabajadores será como “máximo” el promedio que cobren las AFORES privadas en detrimento del ahorro de los trabajadores. Estas comisiones serán precisamente el negocio para las cúpulas de la FSTSE y SNTE.
Los servicios de salud no mejorarán Los derechohabientes del ISSSTE tienen servicios médicos muy deficientes. Esta situación no mejorará. El ISSSTE tiene un déficit en infraestructura de por lo menos 4 mil camas hospitalarias y 25 mil equipos obsoletos, así como falta de personal, medicamentos y otros insumos. Le faltan 4.6 mil millones pesos para su gasto de operación. Esto tiene como consecuencia el retraso a la atención a los pacientes en todos los servicios; en casos graves, esto incluso puede causar la muerte de los pacientes.
El fondo emergente de $8 mil millones prometido en la iniciativa de la nueva ley no alcanza para corregir esta situación. El incremento en las cotizaciones para el seguro de salud de 5.445% sobre el salario básico es gradual y no estará completo sino hasta 2011. La cotización nueva del 1.345% sobre el salario base para los servicios médicos de los pensionados no es suficiente. En la experiencia del IMSS una cotización de 1.5% no alcanza para atender a los pensionados y es justamente en este sector donde existen las mayores necesidades de atención. Así las cosas, es claro vislumbrar la permanencia del déficit en los servicios de salud.
Los servicios de salud rentables se privatizan La iniciativa de ley contempla, explícitamente, la privatización de los servicios de salud.
Permite la transferencia de parte de los fondos de salud a empresas médicas privadas; fondos que no serán utilizados para fortalecer los servicios del Instituto.
Para ello se establece un organismo financiero separado de las unidades médicas. Este organismo garantizará el “equilibrio financiero” del seguro de salud y firmará convenios o acuerdos de gestión con los prestadores de servicios médicos, sean estos del mismo ISSSTE o empresas privadas.
Supuestamente este arreglo mejorará los servicios por la competencia entre los prestadores.
Donde este esquema se ha aplicado, por ejemplo en Chile o Colombia, los resultados han sido malos y están en revisión. Por un lado, ha llevado a restringir los servicios cubiertos por el seguro quitando los más caros cuya atención causan costos por encima del punto de equilibrio financiero. Para acceder a ellos se tiene que contratar un seguro complementario, público o privado, o pagarlos directamente. Por el otro, los asegurados no eligen donde quieren atenderse sino los asegurados son “seleccionados” por el sector privado.
Este sector elige para sí a los asegurados con alta cotización, con bajo riesgo de enfermar o sanos, dejando para el sector público, en este caso el ISSSTE, los asegurados con baja cotización, alto riesgo y enfermos.
Se privatizan así las ganancias y se socializan los costos.
Este esquema carga sobre el ISSSTE la mayor parte de la atención médica al tiempo que le quita una parte sustancial del incremento del fondo de salud.
La intención privatizadora del gobierno de derecha también se ve en la afirmación que aparece en la exposición de motivos donde se plantea que el issste ha alcanzado su máxima cobertura. Esto quiere decir que ya no habrá más maestros o médicos o enfermeras en el sistema público y, por tanto, el crecimiento de servicios educativos y de salud sólo se dará en el sector privado.
El costo de la reforma es altísimo para los contribuyentes El costo de la reforma es muy alto para el erario y para los contribuyentes. El sistema de cuentas individuales no implica que las transferencias fiscales al ISSSTE para el pago de las pensiones vayan a desaparecer. Van a seguir otorgándose y van a aumentar ya que el Estado asume el pago de las pensiones en curso y las de los trabajadores que no entran al nuevo sistema.
También pondrá el dinero para completar los fondos de los trabajadores para que alcancen la pensión mínima garantizada que serán una mayoría.
En términos prácticos, el gobierno está expropiando los fondos de los trabajadores para invertirlos en las áreas que el propio gobierno designe, cubriendo así la ausencia de una reforma fiscal progresiva. Sin embargo, al mismo tiempo, está trasladando el problema de las pensiones para dentro de quince años en el mejor de los casos, y el costo de esto lo van a pagar los futuros jubilados con una pensión insuficiente.
A lo anterior se añade la emisión de los “bonos de pensión” a los trabajadores que opten por migrar al nuevo régimen. Este bono es en realidad un título de deuda que emitirá el gobierno federal sin contar con el aval del Congreso y por ello tiene vicios de inconstitucionalidad. Sólo esta deuda lleva el costo de la reforma a cuando menos 1.6 billones de pesos lo que corresponde aproximadamente a la mitad de la deuda total actual de la economía mexicana.
Adicionalmente, el Estado incrementará su contribución al seguro de salud y a la pensión en un 4.76% sobre el salario básico. Finalmente proporcionará fondos emergentes por $10 mil millones de pesos.
Si a este gasto se añaden los compromisos contraídos por el Estado para financiar la privatización del sistema de pensiones del IMSS se pone de manifiesto el enorme monto de recursos del erario público para subsidiar al sistema financiero privado sin beneficios para los trabajadores y el resto de los mexicanos. Este dinero debería usarse para financiar otra reforma en beneficio del país y sus habitantes.
¿Que pueden hacer los trabajadores frente a la reforma?
Aún cuando la ley del ISSSTE ha sido aprobada, se debe pugnar para que la misma sea modificada y recupere su carácter público y solidario. La resistencia a la reforma tiene distintas etapas: un primer paso es demostrar a los trabajadores y a la población sus efectos dañinos, especialmente por la reducción de beneficios y el estado de indefensión derivado de la individualización de las cuentas y el proceso de privatización de la salud.
Un segundo paso, es presentar amparos con el fin de acreditar la inconstitucionalidad de la ley.
Aún cuando sabemos que los criterios de la Suprema Corte de Justicia en casos semejantes, como el de los trabajadores del estado de Nuevo León y el del IMSS, han sido contrarios a los trabajadores, consideramos que es conveniente acudir al amparo indirecto ante un juez de distrito, para no renunciar a este importante derecho, y al contrario, presionar a las autoridades judiciales para que se haga justicia.
Para la elaboración de los amparos, hay varios textos confeccionados por distintos grupos de abogados que colaboran en esta acción. Estos textos se pueden consultar en la página de Internet www.gobiernolegitimo.org.mx.
Es conveniente una presentación colectiva si es posible a través de su sindicato, otras opciones son la coordinación por grupos o bien, presentarlo de forma individual.
La mejor recomendación que se les puede hacer a los trabajadores en activo, es que antes del 30 de 19 junio del 2008, por escrito y en los formatos que tendrán que hacerse del conocimiento de los trabajadores afiliados al ISSSTE, se comunique a la dependencia o entidad en la que trabajen que no aceptan el bono del PensionISSSTE y se mantienen en el régimen transitorio establecido en el artículo décimo transitorio de la ley que entró en vigor el 01 de abril del 2007, ya que esto sin ser lo mejor, es lo menos malo que pueden escoger.
Un tercer paso es integrar en cada sindicato o fuente de trabajo, un Comité de Defensa de la Seguridad Social que coordine la resistencia y defienda el interés de los trabajadores en esta demanda. Se pueden organizar cursos y talleres de información y orientación sobre el contenido, naturaleza y alcances de la reforma. Estos comités junto a las direcciones sindicales democráticas pueden asesorar a los trabajadores en activo sobre los problemas particulares que les preocupen así como dar seguimiento a los amparos que se hayan presentado, hasta su conclusión.
La organización de los trabajadores jubilados también es importante para hacer respetar sus derechos y exigir mejoras en la institución, especialmente en la calidad y eficiencia de los servicios médicos.
Finalmente, los trabajadores de nuevo ingreso a partir de la puesta en marcha de la nueva ley (a quienes las reformas se les aplicarán sin distingos), son una fuerza potencial para lograr un sistema de seguridad social justo, solidario y equitativo.