Mario Tassías
Una de las mayores acciones, necesarias para la seguridad y justicia con democracia, son las reformas al Código Penal.
Esto incluye llevar a los hechos la readaptación y la reinserción sociales. Contemplar la prisión preventiva sólo para los delitos graves y revisar a fondo las disposiciones y prácticas en materia de medidas cautelares en el procedimiento penal a la luz de las garantías que otorga, el sistema legal mexicano, y lo dispuesto por el régimen internacional en materia de derechos humanos.
Para empezar, habría que realizar un diagnóstico objetivo, imparcial e integral del sistema carcelario mexicano con una metodología única de conformidad con estándares internacionales. Adoptar, en forma inmediata, las medidas conducentes a restablecer el orden y el imperio de la ley en todos los reclusorios para adultos y menores de edad.
La propuesta “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, le recomienda al gobierno mexicano que hay que “Dejar de ver a la prisión como la medida más adecuada para la solución del conflicto social generado por los delitos violentos, dimensionándola como un último recurso únicamente para los delitos violentos y sólo con fines de protección social, readaptación y reinserción”.
Argumenta despenalizar conductas que no atentan en forma importante contra la sociedad y trasladarlas a otras esferas, como la administrativa. Además propone transformar los ministerios públicos en “verdaderos” órganos constitucionales autónomos, eficaces y ágiles, sustentados en el adecuado nombramiento de los procuradores, la creación de los Consejos del ministerio público y de la policía de investigación, la existencia de una verdadera carrera ministerial, la autonomía presupuestal y la autonomía técnica de los fiscales, para combatir la corrupción, la impunidad y alejar a esta importante función de cualquier consideración política.
Los 88 especialistas del foro de discusión sobre Seguridad y Justicia en Democracia, también proponen la convocatoria a una Cumbre Internacional para valorar el problema de los migrantes y lo que alrededor del fenómeno se desarrolla, así como sobre el problema del narcotráfico, las drogas, el lavado de dinero y la trata de personas.
Sugieren convertir a los institutos de acceso a la información pública, en órganos constitucionales autónomos con facultades legales suficientes para que cumplan sus fines.
Conminan a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo cual México está obligado al haber reconocido su competencia contenciosa, tal y como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se propone en el contexto de la UNAM, el compromiso de apoyar, la concreción de las acciones antes sugeridas, así como emprender en forma directa otras como:
Promover la creación de un mecanismo formal en el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para diseñar un sistema nacional de vinculación para la investigación y el desarrollo en materia de seguridad y justicia.
Plantear un mecanismo de colaboración entre la ANUIES y las secretarías de Educación Pública federal y estatales, para promover contenidos educativos y mecanismos participativos de los estudiantes de los niveles, básico, medio y superior, coherentes con el perfil de la nueva política de Estado en seguridad y justicia. Además, se sugiere implantar en la UNAM programas similares de carácter interactivo en su Museo de las Constituciones.
Crear el Programa Universitario de los Derechos Humanos, que incluya las áreas de seguridad y justicia.
Impulsar la discusión sobre la política referente a drogas en México a través de un foro que permita evaluar los costos y las consecuencias de diversas políticas sobre la regulación del consumo de drogas. Esta discusión debe incluir las posiciones de sectores diversos, y la experiencia de distintas latitudes para obtener una visión de política plausible e integral.
Crear en el Museo de las Constituciones, un programa sobre el conocimiento de las Constituciones Mexicanas, basado en el fortalecimiento de valores éticos laicos como la tolerancia, el patriotismo, el comportamiento cívico, la solidaridad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, dirigido a toda la población, pero con énfasis especial para niños y jóvenes. Deberíamos pensar en el futuro, como un sitio donde quisiéramos pasar el resto de nuestras vidas.