Mario Tassías
Alguien habría dicho que las coincidencias, no son casualidades y que más allá de los avatares políticos, transitorios, el asunto de la seguridad y la justicia con democracia, debe pasar por el sentido común. Claro que si hablamos de cuestiones académicas, la decisión merece por lo menos un ápice de mayor atención.Nadie cae dos veces al mismo tiempo, en el mismo lugar. Al saber que debemos revisar nuestra manera de enfrentar la inseguridad y de hacer justicia, pero además analizar ¿Cómo se enfrenta el problema en la actualidad? ¿Qué datos tenemos para describir el tamaño del reto de la seguridad y la justicia? Motivan a pensar que las cosas hubieran tenido otro desenlace, pero como la palabra hubiera no está registrada en el diccionario, hay que hacerse la idea de que las decisiones fundamentales como política de estado, tienen un origen diferente de la razón.
Con los “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia, se atisba una meta: una política integral en materia de seguridad, que hasta hoy se ha dejado de lado. Una pregunta ¿Quiénes deben ser los actores del cambio? y a manera de cuestionamiento ¿cuál es la corresponsabilidad de todos los actores sociales? ¿La responsabilidad de instituciones democráticas fuertes y transparentes?
Nuevamente surge la inquietud ¿Cuáles son las acciones del cambio? ¿Qué cuentas se pueden entregar a una sociedad asustada? ¿Se estimó un proceso de diagnóstico amplio y participativo? Junto con pegado, dirían en mi pueblo, ¿Hubo una reforma fiscal que garantice el flujo de recursos para un programa nacional amplio?
El tiempo, que siempre encuentra un final perfecto, ha dado la razón a quienes dicen que se ha errado en el desarrollo de la política criminal; que la prevención y recuperación del espacio público, los principios de la política de prevención, el control de adicciones, la política local en materia de seguridad y una política adecuada para atender las demandas de la juventud, no han sido las adecuadas. Si de cifras habláramos el déficit es trastornador.
La UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, han insistido que debe trabajarse en sentidos holísticos para una mayor difusión y aplicación de los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos; para una reforma policial integral, un modelo policial diferente, otro modelo de uso de la fuerza, una reforma de la justicia penal, una nueva justicia penal, que debe racionalizarse el sistema penal, actual y especialmente atacar desde otra perspectiva al crimen organizado y el lavado de dinero, que debe integrase otro sistemas de inteligencia y otro sistema de reinserción social, que debe aplicarse otro política de seguridad en las fronteras. Ciertamente un camino nada fácil, pero no imposible de llevar a cabo.
Es comúnmente aceptado que una gran cantidad de la problemática de seguridad ciudadana que se presenta en los municipios tiene sus orígenes en conflictos personales -problemas entre vecinos, familias, comunidades- que no fueron atendidos a tiempo, por lo que es esencial que se impulsen entre otras las siguientes acciones: Atención prioritaria a la violencia intrafamiliar y al maltrato infantil; atención a los conflictos interpersonales y comunitarios. Estos hechos incrementan la criminalidad y propician la repetición de la conducta delictiva.
Habría que tener en contexto que como parte de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008, se prevé la existencia de mecanismos alternos de solución de controversias, incluso en materia penal, donde las leyes deberán señalar los casos y condiciones del control judicial. Las soluciones alternativas del conflicto que subyace en una disputa penal deben ser herramientas disponibles para sanar y reconstruir el tejido social.
Por ello deben examinarse con objetividad los mecanismos de justicia alternativa que tienen la función de canalizar y resolver el conflicto antes de que escale a incidentes graves de violencia, deben examinarse con objetividad y rigor la operación y diseño de dichas soluciones alternas a la justicia penal, tomando en cuenta las razones en que las sustentan, las experiencias reunidas hasta la fecha y las condiciones reales del medio en el que operan.
Debe tomarse en consideración que esas soluciones constituyen uno de los pilares de la nueva justicia penal y que ésta debe servir precisamente a los objetivos de la justicia, no solamente a los de la economía procesal y la gestión pública.
Se trata es de dar un giro tan amplio o tan estrecho, según las necesidades de una sociedad, que necesita construir una vida con seguridad y justicia en democracia.