Mario Tassías
La política de Estado en materia de seguridad y justicia, enfrenta retos de diseño y de combate a la corrupción, la impunidad y la violencia. No se puede atacar al crimen organizado con figuras decorativas o con buenos deseos, guiones cinematográficos o anuncios espectaculares. Sin reconstruir los aparatos administrativos para reducir corrupción e impunidad, todo lo anterior es maquillaje.
El primer componente de una política de Estado en esta materia debe contar con un diagnóstico amplio, transparente y participativo. Ninguna herramienta es tan poderosa como la creación de información oportuna y precisa sobre los trabajos en los diversos subsistemas de la seguridad y la justicia penal. Si no se evalúan los resultados de las decisiones se está perdiendo el tiempo. Esto tiene que ver con diversas instituciones y órdenes de responsabilidades.
La aplicación de una política de estado en las áreas de seguridad y justicia, debe pasar con urgencia por normas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que además dote de autonomía a la Auditoría Superior de la Federación para fortalecer sus facultades en la lucha contra la irresponsabilidad de los servidores públicos y la de quien reciba recursos públicos para su manejo contra la corrupción y la impunidad. De lo que se trata es que exista una adecuada distribución presupuestal entre los recursos que se destinan a los aspectos relacionados al castigo de las actividades ilícitas y aquellos que correspondan a una política de prevención.
Cualquier proceso de transformación de la justicia penal debe encaminarse a la generación de confianza en las instituciones y promover un proceso de cohesión social. Es recomendable de inmediato, emprender una revisión de nuestras instituciones. La agenda de seguridad y justicia debe asumir la responsabilidad de administrar su carga de trabajo y determinar prioridades.
Además la política criminal debe enfocarse a la prevención del delito, al abatimiento de la impunidad, a reducir el número de muertes y de lesionados, a la preservación de la libertad y la integridad de las personas y a la defensa de sus derechos patrimoniales. Éstos deben ser los objetivos de una estrategia nacional.
El estado debe orientar su política a obstaculizar la participación en las redes criminales mediante una fuerte estrategia de prevención; debe fijarse como meta el fortalecimiento del sistema de justicia penal y de policía de investigación, para que su función recupere sentido en una sociedad democrática. Es necesario detener la lógica de lealtad superior jerárquico por encima de la lealtad a la ley y al sistema de justicia, objetivo intrínsecamente vinculado al montaje de robustos sistemas de rendición de cuentas.
Debe tomarse en cuenta que la política criminal nacional debe poner sobre la mesa la relación funcional entre las entidades federativas y la federación en el control del crimen; debe abrir la discusión sobre la racionalidad de las sanciones que imponen las leyes penales en la actualidad; debe aspirar a limpiar la legislación penal de conductas cuya gravedad hace cuestionable el empleo de la última ratio (razón última) de la acción estatal; debe pronunciarse explícitamente sobre el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley, de modo que las sanciones mínimas y máximas se racionalicen a lo largo del territorio para este estrato social.
Ninguna política integral puede desentenderse del cumplimiento cabal de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento, salvo en algunos puntos muy escuetos, estas sentencias no han sido cumplidas. La investigación de los delitos, la protección de víctimas, la reparación del daño y el control democrático de las policías y miembros de las fuerzas armadas son medidas, simple y llanamente, impostergables.
Debemos ver por la prevención y recuperación del espacio público, conocer los principios de la política de prevención, sobre el control de adicciones; lo relativo a la política local en materia de seguridad; lo referente a una política para la juventud; lo que concierne a una más amplia difusión y aplicación de los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos.
Pero además debemos saber sobre reforma policial; lo concerniente al modelo policial; el modelo de uso de la fuerza; lo relacionado con la reforma de la justicia penal; lo justo sobre la nueva justicia penal; la racionalización del sistema penal; mucho más sobre el crimen organizado y lavado de dinero; lo relativo a los sistemas de inteligencia y de reinserción social y también sobre la política de seguridad en las fronteras.
Esos son otros puntos que sugiere el documento “Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en Democracia” como resultado de la “Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia” Hacia una política de Estado en los albores del Tercer Milenio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.