Mario Tassías
De defender la autonomía universitaria habló el doctor José Narro Robles rector de la UNAM. La condición fundamental de la autonomía es la libertad. Libertad académica, de gobierno, económica. Vista desde esa perspectiva, la autonomía es responsabilidad, entendida como deber. Como compromiso. La máxima Casa de Estudios del país, obvio decirlo, ha cumplido con su encomienda. La autonomía universitaria no es una invención.
A la autonomía, facultad que poseen las universidades para autogobernarse, se opone la ignorancia. Aquella que es la noche de la mente, noche sin luna y sin estrellas.
La autonomía permite, o debiera permitir a las universidades públicas, darse sus propias normas dentro del marco de su Ley Orgánica y designar a sus autoridades.
Permitir o prohijar intromisiones de cualquier índole no es de universitarios. Es recurso de analfabetas. Ofensivo a la inteligencia. Opuesto a la razón. De ahí la vehemencia y la trascendencia del llamado del rector, en el Centenario de la UNAM.
Una larga historia avala la vida de una de las universidades más prestigiadas del mundo. ¿Qué habría pasado si quienes la han encabezado no hubieran protegido la independencia que le otorga “su propia ley”?
Para los universitarios, la autonomía debe ser ese “… valor fundamental, motor de su creatividad y “seguro” contra la ambición de distintos grupos de poder. Sin la autonomía, no podría entenderse a la Universidad en nuestros días, perderíamos nuestra pluralidad. Nos ha hecho más libres, mejores y más responsables. Ha permitido a la institución mantenerse independiente tanto de los poderes públicos como de grupos políticos y credos”, ha dicho el doctor Narro.
De esa autonomía, muchos legisladores analfabetas no entienden. Lo peor de la ignorancia es que a medida que se prolonga, adquiere confianza. Los representantes federales han minusvalorado el presupuesto asignado a la UNAM, como si la educación fuera un producto sometido a leyes de oferta y demanda. No han querido comprender, como dijo el rector, que la autonomía representa también el “deber” de rendir cuenta pública de los recursos que se le asignan.
Años antes, Jorge Carpizo que también cumplió como rector de la UNAM había enumerado las características académica, de gobierno y económica de la autonomía universitaria.
Ello implica que sus fines desde la academia, los realiza de acuerdo con la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas; la determinación de sus planes y programas; y la fijación de los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico.
La autonomía de gobierno implica el nombramiento de sus autoridades y el otorgamiento de sus normas dentro de los marcos de la ley orgánica. En este último aspecto es interesante resaltar que la autonomía universitaria se asemeja a la autonomía de las entidades federativas; la facultad de legislar en el ámbito interno teniendo como guía una norma de carácter superior que no deben contravenir.
La libre administración del patrimonio universitario es parte de la autonomía económica. Las universidades públicas no pueden cubrir sus necesidades con sus propios recursos, lo que hace necesario que el Estado les otorgue un subsidio, pero son las propias universidades las que determinan en qué materias y en qué proporción se gastarán los recursos y los órganos universitarios que manejan estos recursos no rinden cuentas a organismos gubernamentales, sino a otro órgano universitario que generalmente es el Consejo, el mismo órgano que casi siempre posee facultades legislativas para el ámbito interno.
Todo ese patrimonio con el que cuentan las universidades públicas, debieran motivar al respeto de instituciones y personas, principalmente aquellas que, investidas de poder público asumen que tienen derechos para intervenir en la toma de decisiones, con lo cual se vulnera esa condición de estado con independencia y capacidad de autogobierno que el Rector Narro, maestro universitario, motivó a defender.