Punto de Vista

Mario Tassías

Los “datos personales”, es toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Estos datos se ubican en por lo menos, cinco vertientes. Identificación, Patrimonio, Salud, Biometría y Social. En esta clasificación caben el nombre, la edad, el domicilio, el sexo, el RFC y la CURP. También las cuentas bancarias, los inmuebles. Además el estado físico y mental, las huellas dactilares, el iris, la voz, la firma autógrafa. Así como la ideología, la afiliación política, la religión, el origen étnico, la preferencia sexual. Son datos que representan un almacén de información y para grupos del crimen organizado y empresarios sin escrúpulos, nichos de negocios.

Si este conjunto de datos, circula por la red, en cualquier tipo de archivo, sin la autorización del titular, se está violentando una norma jurídica, se menoscaba un derecho que tiene toda persona a conocer y decidir, quién, cómo y de qué manera recaban y utilizan sus datos personales. Denuncias periodísticas solo confirman lo molesto que resulta ser objeto de desnudez virtual. Se está violando el derecho a la privacidad, aquel del 6° Constitucional que a la letra dice: II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Los datos personales sirven para mercadeo directo, faxeo o faxing, buzoneo o mailing, que consiste en el envío masivo de correspondencia personalizada, segmentaciones de mercado y estudios de determinados sectores. En el mercado es posible obtener el padrón electoral, el registro de vehículos, la ubicación de las casetas telefónicas, datos de la policía. En la red de redes existe cualquier cantidad de sitios que tienen como actividad principal, la recopilación de información para transferirla, pago de por medio, a quien decida comprarla y para los fines que al comprador convenga.

La protección de los datos personales en México, vive por fin una etapa de transición, lo corroboró en conferencia María Elena Pérez- Jaén Zermeño, Comisionada Nacional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, cuando el pasado 4 de junio de 2010, habló en el auditorio Jaime Sabines, del Centro Cultural del mismo nombre, sobre “La Ley Federal de Protección de Datos personales, perspectivas y retos”.

Ya en su momento, con la modificación del segundo párrafo del Artículo 16 de la Constitución se advierte que: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

Otra es la realidad al no existir un instrumento jurídico que reconozca la protección de los datos personales. El ahora vigente se limita a las bases del sector público a nivel federal. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, es producto de nueve larguísimos años de cabildeo, nueve iniciativas, venciendo la modorra y la conocida ineficiencia de los legisladores. Finalmente el 13 de abril de 2010 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley y se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con 335 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el dictamen, el 27 de abril de 2010.

Puede suponerse que la nueva Ley es moderna, reconoce y protege la autodeterminación informativa. Coloca a la persona en el centro de la tutela del Estado, reconoce y respeta su dignidad y valía, establece un marco con reglas claras, concretas y mínimas para un equilibrio entre protección de la información personal y su libre circulación en un mundo globalizado.

La ley está en camino a su publicación y vigencia. La siguiente etapa será conocerla y ejercer el derecho a denunciar y vigilar a que se cumplan sus objetivos. Son acciones para construir desde diferentes escenarios. Equivale motivar a formar una sociedad participativa con abono a la democracia.

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