El secretario de Servicios Públicos, Paul Muñoz, se encuentra en el ojo del huracán tras ser denunciado por comerciantes y locatarios de distintos mercados de la ciudad, quienes exigen su destitución inmediata por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y prácticas ilegales en el ejercicio de su cargo.
Los inconformes encabezados por el comerciante Wilber Gálvez González revelaron que el funcionario municipal ha intentado imponerles cobros de piso, aun cuando los locatarios ya cumplen con sus obligaciones fiscales ante Hacienda. Esta práctica no solo resulta arbitraria, sino que también representa un doble castigo para quienes sostienen con esfuerzo sus negocios en medio de la crisis económica.
Las denuncias no se detienen ahí: Muñoz también es acusado de allanamientos ilegales, rompiendo candados y confiscando bienes sin presentar órdenes judiciales, lo cual constituye una grave violación al Estado de derecho. Los comerciantes aseguran que estas acciones se realizan bajo el cobijo del fiscal de la zona costa, lo que evidencia una red de protección que permite al funcionario actuar con total impunidad.
Por si fuera poco, los manifestantes exhibieron que el secretario de Servicios Públicos ha estado vendiendo espacios en la vía pública, cobrando rentas superiores a los 150 pesos diarios de manera clandestina, en un esquema que beneficia directamente a la secretaría que él encabeza.
A esto se suma la desaparición de máquinas tragamonedas que, según los locatarios, operaban legalmente y estaban al corriente en sus contribuciones fiscales. Lejos de aplicar la ley con transparencia, Muñoz parece utilizar los operativos para favorecer intereses oscuros y eliminar competencia.
Frente a este panorama, los comerciantes no solo exigen la devolución de los bienes confiscados y la suspensión inmediata de los cobros irregulares, sino que también advierten con tomar las instalaciones de Servicios Públicos si las autoridades municipales no actúan. Además, preparan una demanda colectiva y una queja formal ante derechos humanos por el hostigamiento del que aseguran ser víctimas.
La permanencia de Paul Muñoz en la administración municipal no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que pone en evidencia la falta de voluntad política para combatir la corrupción. Si el alcalde pretende mantener un gobierno legítimo y cercano a la gente, el primer paso es claro: separar de su cargo a un funcionario señalado por atropellar la ley y lucrar con las necesidades del pueblo.