Al margen de “stand still” de URBI varios bancos y tenedores de papel por 950 mdd y SHCP vía Nafín busca evitar tribunales
Alberto Aguilar
AL FINAL DE cuentas y contra los pronósticos, la desarrolladora URBI que preside Cuauhtémoc Pérez Román logró el jueves convencer a sus acreedores bancarios para alcanzar una tregua, lo que se conoce como “stand still”, a fin de buscar una reestructura que involucra pasivos por la friolera de 2 mil millones de dólares.
Todavía el miércoles 26 de junio había instituciones bancarias como Banorte que dirige Alejandro Valenzuela, que se oponían a rubricar el documento que abrirá un compás de 45 días para reprogramar adeudos, inyectar fondos para proyectos en marcha y desinvertir activos para redimensionar una compañía que se apalancó desproporcionadamente.
Como le platicaba en estas gestiones ha tenido un papel protagónico la SHCP de Luis Videgaray, preocupado de que la quiebra de las tres más grandes desarrolladoras de vivienda del país pueda generar una crisis sistémica.
Las autoridades financieras también están muy atentas al derrotero de los procesos de GEO de Luis Orvañanos y Homex de Eustaquio de Nicolás, aunque como es público la problemática de URBI se cuece aparte.
Esta es una emisora pública que debiera ser muy transparente de cara a los inversionistas, máxime la crisis financiera del 2008-2009 y los excesos en EU y Europa. Sin embargo en URBI han aparecido adeudos fuera de balance que han complicado incluso a los expertos el cálculo de la deuda involucrada.
En lo que concierne al pasivo de los bancos comerciales relacionados con el “stand still”, que son Banorte, HSBC de Luis Peña, BBVA Bancomer de Vicente Rodero y Santander de Marcos Martínez, éste se ubica en unos 6 mil millones de pesos o sea 500 millones de dólares.
Hay también deuda con el IFC del Banco Mundial por 900 millones de pesos, SHF que comanda Jesús Alberto Cano y Nafin que dirige Jacques Rogozinski y que son otros que se incorporaron al paréntesis que concluirá a mediados de agosto.
Si bien la SHCP no ha quitado el dedo del renglón del proceso de URBI, Nafin ha jugado un papel estelar, con lo que quizá se matiza cualquier interpretación de acto de autoridad.
En este asunto han tenido una importante labor Alejandro Díaz de León titular de la Unidad de Crédito Público, Luis Madrazo Lajous de la Unidad de Banca de Desarrollo y Narciso Campos responsable de la Unidad de Banca. Por parte de Nafin apunte con la voz cantante a Raúl Solís, director general de Banca de Inversión.
Le adelanté en su momento que varios de los acreedores no han descartado detonar un concurso mercantil contra la desarrolladora. En México varios bancos iniciaron acciones legales para pertrecharse. Ninguno destá en el “stand still”. Son los casos de Banregio de Manuel Rivera Santos, Bajío de Carlos de la Cerda y GE Capital con arrendamientos.
En el extranjero también considere recursos legales del Deutsche Bank de Jorge Arce, Credit Suisse de Héctor Grisi y Barclays de Raúl Martínez Ostos, quienes seguramente observarán la evolución de los acontecimientos para en su momento subirse a una eventual reestructura.
Es el mismo caso de los tenedores de 3 emisiones de bonos que significan unos 950 millones de dólares y los inversionistas nacionales ligados a certificados bursátiles por 600 millones de pesos.
Hay que reconocer que el camino de encontrar soluciones a URBI para darle viabilidad es mejor opción que la desacreditada figura del concurso.
De la mano con la inglesa Rothschild que lleva Eugenio Torres y la firma Alvarez y Marsal a cargo de Arturo D’Acosta, que son los asesores financieros de URBI, habrá que seleccionar en los próximos días proyectos viables en unos 16 estados del país y activos que puedan desinvertirse.
El expediente aún tiene sus bemoles, pero la ventaja es que el gobierno tiene la firma intención de que este asunto concluya con un acuerdo en lugar de escándalos en los tribunales.
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CONFORME A LO planeado el viernes se reunió el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca) que preside la Sagarpa de Enrique Martínez y Martínez y en la que participan SHCP, Economía de Ildefonso Guajardo, Semarnat de Juan José Guerra, Trabajo de Alfonso Navarrete y la Cámara Mexicana del Azúcar que preside Juan Cortina Gallardo. No fue fácil, pero al final se estableció el precio de liquidación de la caña. Dado el desplome de las cotizaciones del azúcar a nivel internacional y las repercusiones aquí se llegó a 6 mil 900 pesos por tonelada. Lo importante es que los productores, en este caso la Unión Nacional de Cañeros a cargo de Carlos Blackaller y la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC y que lleva Daniel Pérez suscribieron el documento. Aunque no será la liquidación más jugosa, el compromiso es trabajar en conjunto gobierno e IP hacia 2014 y ya más de fondo a mediano y largo plazo para empujar el uso del etanol para gasolinas con Pemex que dirige Emilio Lozoya. El golpe para el campo con una zafra de 7 millones de toneladas, nunca antes vista, es fuerte. Considere que en el ciclo 2011-2012 se pagó a 10 mil 520 pesos por tonelada, o sea hay una caída del 48%. Casi se regresó a los niveles del 2007-2008 cuando el precio se situó en 5 mil 996.13 pesos. Sirva remarcar que el 86% de los productores de caña poseen sólo 6 hectáreas.
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Y EN LO que parece transformarse en una tendencia en el ámbito de las grandes firmas legales del país, le adelanto que pronto se van a desmembrar siete socios junto con sus respectivos grupos de soporte de Creel, García Cuéllar, Aiza y Enríquez. Este despacho no requiere de presentaciones. Data de 1936 y abarca campos como banca, mercado de capitales, impuestos, telecomunicaciones, competencia y propiedad intelectual entre otros. Entre los que se separarán están Carlos Creel y Alfonso García-Mingo. Se lo paso al costo.
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LA SEMANA PASADA se publicó en el DOF la norma 164 con la que México ya homologó las prácticas de fabricación de medicamentos con Europa. El tema es importante porque esa zona ya no admitirá importaciones de países que no cuenten con ese soporte. En nuestro caso esta situación que entra en vigor mañana comprometía ventas por mil millones de dólares. La UE acaba de notificar a Cofepris de Mikel Arriola la aceptación de los cambios. Ahora el punto es que México aproveche huecos que se abran frente a países que no se ajustaron, en el contexto de un comercio de medicamentos de esa zona por 150 mil millones de dólares. El siguiente paso de Cofepris es concretar su certificación para medicamentos y vacunas con la OMS. Se ha avanzado y los auditores de ese organismo estarán aquí en noviembre.