Alberto Ruiz /ASICh
Cintalapa, Chiapas.- Sin ninguna garantía liquida ni legal se visualiza el servicio de transporte público de mototaxistas en el municipio de Cintalapa aseguran autoridades estatales, tras la puesta en marcha de esta modalidad de manera intermitente.
Si bien es cierto, el servicio de mototaxis es necesario para brindar una mayor cobertura en el servicio del transporte público a este municipio que alberga más de 140 mil habitantes, aseguran.
De este modo, personas ajenas al monopolio del transporte en este municipio, buscan una forma de emplearse al luchar para adquirir una concesión que les permita trabajar para el sustento familiar.
Lo cierto, es que fuentes dignas de todo crédito, han señalado que una financiera asentada en la geografía chiapaneca, otorgó la garantía liquida (el préstamo), por un monto arriba de 6 millones 960 mil pesos, para comprar 58 mototaxis, con un costo en el mercado de 52 mil pesos, pero incluyéndole los intereses, la financiera los puso a 120 mil pesos aproximadamente cada uno.
De acuerdo a un análisis financiero por conocedores de la materia, se estima que el deudor se verá obligado a pagar de manera mensual, más de 5 mil pesos a la financiera, Mil 890 pesos del salario mínimo para el chofer y Mil 500 pesos para el combustible (gasolina), resultando un monto total de 8 mil 390 pesos mensuales.
Esto significa, que cada mototaxi deberá reunir la cantidad de 279 pesos promedio, durante el servicio del día para cubrir los gastos previstos, quedándose sin ninguna utilidad para el propietario.
A esto, deberán sumarle los 20 mil pesos que presuntamente proporcionaron por cada mototaxi a Mariano Rosales Zuarth, ex titular de la Secretaria del Transporte en el Estado de Chiapas (STE), como parte de los trámites para las concesiones y/o permisos para prestar el servicio de transporte.
Sumando, la no despreciable cantidad de Un millón 160 mil pesos, que presuntamente se llevó a sus bolsillos el ex titular de la STE, sin extenderles algún recibo que afirme o desmienta dicha versión, mucho menos garantizarles ninguna forma legal para que presten el servicio en el municipio.
Sin embargo, las autoridades de la Policía de Transito del Estado y de la Secretaria del Transporte en Chiapas, niegan rotundamente que existan permisos o que vayan a liberar concesiones para esta modalidad de transporte.
Tomando en cuenta, que para realizar esta acción se necesita celebrarse una sesión pública, estando involucrados en primer lugar los concesionados y en segundo lugar, deberán hacer un estudio socioeconómico que justifique el ingreso de nuevos transportistas. ASICh