Arriaga, Chiapas.- Más de 4 mil migrantes de diferentes nacionalidades recorren actualmente las carreteras de Chiapas con la esperanza de llegar a la frontera norte de México. Su meta es cruzar a Estados Unidos y continuar su trámite de ingreso mediante citas obtenidas a través de la aplicación CBP One.
El Instituto Nacional de Migración (Inami) informó oficialmente sobre la implementación de un programa de traslados gratuitos, cuyo objetivo es facilitar un viaje seguro a los migrantes que cuentan con estas citas. El plan, que incluye la movilización hacia puntos de ingreso en EE.UU., aparenta ser una solución humanitaria. Sin embargo, la realidad sobre el terreno cuenta una historia diferente.
Según denuncias de los propios migrantes, lo que debía ser un beneficio gratuito se ha convertido en una lucrativa oportunidad para grupos delictivos en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Estos cárteles han tomado control de los espacios en los autobuses ofrecidos por Inami, vendiéndolos a precios elevados a aquellos migrantes que pueden permitirse pagarlo.
“Tenemos la cita de CBP One, la sacamos en un ciber en Tapachula con ayuda de una persona. Se supone que debemos presentarnos a finales de octubre en la frontera de Estados Unidos. El problema es que no nos dieron lugar en los autobuses de migración porque nos cobran demasiado, y tampoco podemos comprar boletos en otro lado. Así que nos toca caminar, pero con la ayuda de Dios, vamos a llegar”, relata Rosemberg, uno de los migrantes afectados.
Inami ha establecido dos puntos de salida: uno en la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, y otro en la oficina de Regulación Migratoria en Tapachula, Chiapas. A pesar de esto, miles de migrantes siguen avanzando por las carreteras en caravanas, enfrentándose a numerosos obstáculos y peligros en su travesía hacia el norte.
Los migrantes señalan que algunos retenes los han dejado pasar sin cobrar, pero en otros han tenido que pagar para continuar su camino. Estos pagos, junto con las tarifas impuestas por los grupos criminales que controlan el transporte, se han convertido en un obstáculo casi insalvable para muchos.
La situación se agrava por el peligro constante que enfrentan los migrantes al caer en manos de los criminales. Estos grupos los trasladan en condiciones inhumanas, a menudo en camiones de redilas, y logran pasar por los retenes de Frontera Hidalgo, Suchiate y Tapachula sin ser detenidos.
“Cada migrante lleva un sello que indica hasta dónde tienen permiso para continuar”, explica uno de los viajeros. Este permiso, sin embargo, depende de cuánto dinero puedan pagar a los traficantes. Las tarifas son impuestas por los grupos delictivos, quienes justifican los altos costos diciendo que deben “compartir” las ganancias con las autoridades, a las que les muestran los sellos o pulseras de los migrantes para permitirles avanzar.
Este drama humanitario pone en evidencia no solo la vulnerabilidad de los migrantes, sino también las fallas del sistema que, lejos de protegerlos, los expone a la explotación y al peligro en su desesperada búsqueda de un futuro mejor.