Medidas de protección para las víctimas de violencia ahora son obligatorias: ASR

Los ministerios públicos y jueces están obligados a garantizar la integridad y la seguridad de las mujeres que son víctimas de violencia, de su familia y de los testigos a su favor, gracias a una reforma al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, aprobada el pasado 23 de diciembre por el Congreso del Estado, informó la diputada Alejandra Soriano Ruiz.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, explicó que la adición al artículo 48 del citado código obliga a las autoridades a proteger a las víctimas, principalmente en casos de violencia contra las mujeres, o de actos que vulneran los derechos humanos.
Esta reforma es parte de un paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal para reconocer y garantizar los derechos de las mujeres en Chiapas, en las que Soriano Ruiz participó ampliamente, en coordinación con legisladores de otras fracciones parlamentarias.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó que el objetivo de la reforma consiste en otorgar condiciones a la víctima para que interponga la denuncia, sin temor a replesalias por parte de su victimario, sobre todo cuando se trata de violencia familiar.
Entre las medidas de protección destacan las órdenes de vigilancia, el alejamiento del agresor y la desocupación del domicilio conyugal por parte de éste, la retención y guarda de armas de fuego, y el acceso de agentes de seguridad a la vivienda para auxiliar a la denunciante cuando recoja sus pertenencias.
Es importante señalar que deben implementar estas medidas hasta que los factores de riesgo cesen; contrario a lo estipulado antes de la reforma, cuando los órganos investigadores e impartidores de justicia las otorgaban temporalmente o, en muchos casos, no lo hacían.
Alejandra Soriano subrayó que esto es importante porque, generalmente, las mujeres que viven una situación de violencia temen ser intimidadas o nuevamente agredidas luego de interponer una denuncia; y este riesgo se acentúa cuando existe una relación extrecha con el victimario; por ello, es necesaria la protección inmediata del sistema de justicia penal para ellas, sus familiares y testigos.
“Cuando no existen condiciones de seguridad, se reducen las posibilidades de presentar la denuncia y de hacer visible el delito, de manera que los actos de violencia se perpetúan a través de silencio, y en muchas ocasiones terminan en feminicidio”.
Destacó que la reforma al del Código de Procedimientos Penales es congruente con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder de las Naciones Unidas, que hace referencia a la necesidad de “proteger la intimidad de las víctimas, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos a su favor, contra todo acto de intimidación y replesalia”.
Soriano Ruiz puntualizó: “Hoy en día las mujeres en Chiapas pueden y deben denunciar a sus victimarios sin ningún riesgo, y es el Estado el responsable de otorgar certeza y seguridad: porque el silencio mata, y la denuncia a tiempo da la oportunidad de salvar vidas”. ASICh

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