Manuel Bartlett Díaz
Ayer 14 de mayo, la Suprema Corte de Jusiti cia inició un periodo de reflexión: cada ministro analiza el proyecto de resolución del ministro Aguirre Anguiano, así como las argumentaciones de las partes, para preparar el debate público de la ley Televisa, a partir del 21 de mayo.
Justo es reconocer que nuestro más alto Tribunal le ha dispensado al asunto la importancia que tiene: suspende sesiones para concentrarse en el tema, entrega el proyecto a la opinión pública, acude a peritos para desahogar temas técnicos públicamente. El proyecto es un documento serio, jurídicamente respetable. El país entero presenciará por el Canal Judicial las posiciones de cada ministro, punto por punto, y las votaciones. Se requieren ocho votos en cada tema para invalidar el artículo respectivo.
Todos conocemos el poder de influencia de la televisión sobre la población y también sabemos que cuando se monopoliza, se establece una tiranía cultural, económica y política capaz de someter a la sociedad a sus intereses.
En México existe un duopolio, TV Azteca y Televisa, con mayor potencial. Más de 100 millones de mexicanos estamos en manos de dos familias. Hemos visto de lo que son capaces impunemente, sin derecho de réplica y sin contrapesos: destruir imágenes de personas bajo pedido, fabricar héroes sin importar la precariedad de la materia prima, crear popularidades y condenarlos a la inexistencia. El debate de hoy sobre la ley Televisa no existe en Televisa, sólo un editorial intencionado y amenazante, el pasado viernes. La posiciones distintas no existen.
La concentración del espacio radioeléctrico permite imponer masivamente todo tipo de información y por tanto escoger ellos, los dueños, los “señores”, sólo ellos, lo que conviene saber a los mexicanos. Estos efectos devastadores son contrarios a lo que la Constitución y la propia ley de la materia establecen. La radiodifusión utiliza un bien del dominio público, tiene una función social obligatoria en beneficio efectivo de la cultura, la educación, el fortalecimiento de la integración nacional, la difusión equitativa de todas las corrientes de opinión en tanto soporte obligado de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los mexicanos. ¿Qué tanto de lo anterior se cumple? El poder es el poder. ¿A quién le conviene este poder?
La ley Televisa, diseñada por Televisa y su aliado Tv Azteca, lleva este poder a niveles monstruosos. No es el producto de un Poder Legislativo que actuara en atención a los intereses nacionales, sino el resultado de un sometimiento evidente, público, sin argumentos, a los intereses del poder insaciable de la televisión. La opinión pública lo sabe, pero si algo quedara del disfraz de legitimidad, Santiago Creel, ni más ni menos, secretario de Gobernación de Vicente Fox, confiesa, en un acto humilde de contrición, que no fue una negocación sino una imposición, que los candidatos, todos, rehenes del spot y de la “información”, dictaron el apoyo a la ley en cuestión. El claridoso senador Creel dice, ahora, la verdad.
En efecto, en la fracción de entonces del PRI -LIX Legislatura- en el Senado de la República, Enrique Jackson, Emilio Gamboa como supremo “operador” y sus vicecoordinadores, a través de sus “instrumentos”, lograron una mayoría sin ninguna discusión, con un argumento “decisivo”: “sólo quien quiera que pierda Madrazo votará en contra de la ley Televisa”. Televisa contó con el obsecuente Beltrones en la Camára de Diputados. Por otra parte, en la fracción del PAN fue igual a favor de Calderón, con la participación del mismísimo Espino. Y así, engolosinados, con su no muy espontánea mayoría, las formalidades fueron lo de menos y violentaron la Constitución. Violaciones que la Suprema Corte corregirá sin duda.
El tema central es impedir la monopolización que auspicia la ley Televisa; evitar como lo afirma en porciones de su proyecto el ministro Aguirre Anguiano que ese poder inmeso quede en unas cuantas manos.
El proyecto propone ya invalidar algunos de estos despropósitos y seguramente en la discusión, con el análisis pormenorizado de los 10 ministros, se invalidarán con los mismos argumentos los puntos que aún consienten el acaparamiento indeseable. Que no puedan los concesionarios ofrecer servicios de telecomunicaciones sin licitar; que no se otorguen las concesiones a quien más dinero tenga, como propone el proyecto; pero tampoco que Televisa y TV Azteca puedan refrendar automáticamente sus concesiones, lo que les garantizaría la concentración al infinito, frente a terceros imposibilitados de acceder al servicio y al Estado de regular el espectro, todo en perjuicio de la indispensable pluralidad. Finalmente, que no se establezcan obstáculos infranqueables a la radiodifusión pública y social encargada particularmente de fortalecer la cultura y la identidad nacional, como equilibrio democrático del país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rescatará al Estado y por ende a la sociedad mexicana. Si alguien puede hacerlo hoy, son 10 ministros situados por la Constitución por encima de presiones.
Analista político