Con la llegada de una nueva fuerza política al poder es una interpretación conclusiva de las elecciones de 2018 pero ha sido cuestionada, no tanto por la identidad de los principales protagonistas, sino por su capacidad para introducir reformas radicales; es decir, construir algo nuevo.
De acuerdo a la tesis de Pablo Gómez Álvarez Casi todos los medios de comunicación se burlaron durante años de las críticas de AMLO, pero no sólo por su persistencia sino como una forma de negar una realidad empíricamente comprobable: toda la política ha servido a la oligarquía.
La separación entre la política económica y la social es un recurso que permite a los neoliberales otorgar pequeñas concesiones en países donde la pobreza abarca a la mitad o más de la población. Así ha sido en México.
Los objetivos de la política social se han fijado en una reducida elevación de las percepciones familiares de los más pobres, la cual no alcanza a introducir alguna modificación medible en el patrón de distribución del ingreso.
Aunque la clase obrera sigue siendo la gran ausente en la lucha política, sus demandas están puestas sobre la mesa en tanto que su número es muy grande y su ingreso total es el mayor en el conjunto de las remuneraciones de la gran masa de los asalariados.
Si en los próximos años se modifica la relación de los obreros con la patronal y se procesa una lucha por la mejoría del salario real, la clase trabajadora podría asumir también protagonismo político e intentar ocupar un lugar en la producción cultural, en todo lo cual está ausente.
En la rama agropecuaria, el campesinado en su gran acepción, es decir, incluidos quienes también contratan mano de obra en pequeña medida, ha ido perdiendo ingreso y riqueza, convirtiéndose en objeto de un mar de subsidios: en parte de la política social. Un impulso a la producción de alimentos para el mercado interno no tendría que reducir la competitividad del sector exportador sino, al contrario, las frutas podrían también ser consumidas en mayor medida en el país, y los monopolios agroalimentarios domésticos tenderían a reducir su peso. El problema consiste entonces en alcanzar mayor capacidad productiva de alimentos básicos para poder regular tanto su producción como su precio en la dirección de atender la política social con instrumentos de la política económica. La lucha contra la pobreza no podría ahora tener menor significación, pero con un sentido diferente. Por otro lado, la focalización de los programas actuales, no promueve la superación de la pobreza en el corto plazo, aunque financia parte de la educación primaria y secundaria en el medio rural. Asimismo, la pensión alimentaria de adultos mayores es un complemento de la jubilación y, otras veces, un ingreso de subsistencia para los adultos mayores más pobres. Durante varias décadas se ha generado un rezago en la educación media superior, especialmente en la universitaria. Este problema ha generado un desempleo juvenil excepcional. Millones de jóvenes viven en el resentimiento. La política social no les llega. Dos situaciones deben atenderse especialmente: el acceso y la permanencia en el bachillerato y en la educación superior, de un lado, y el empleo seguido de la capacitación para el trabajo en fábricas, comercios y otros establecimientos, del otro.
Como se sabe, la educación media superior es ya “obligatoria” según la Constitución, pero el gobierno no ha brindado los lugares necesarios en todo el país. Asimismo, los estímulos fiscales del “primer empleo” pueden usarse para cualquier cosa y no sólo para su finalidad, como suele ocurrir con los mecanismos inconstitucionales de rebajar contribuciones a ciertos segmentos.
México es uno de los países industriales con menor matrícula universitaria en proporción de los jóvenes en edad de cursar ese nivel. Y es también uno de los que ofrecen menos trabajo precisamente industrial a los jóvenes que no estudian. El resultado social está a la vista: pobreza, deterioro social, resentimiento, odio, delincuencia, entre otros fenómenos muy ligados entre sí.
Por ello, la política social frente a la juventud se tiene que ligar a la política económica para abrir la educación superior, la cual eleva la capacidad productiva del trabajo social, e inducir el trabajo productivo de jóvenes aprendices.
Las grandes victorias de dos generaciones estudiantiles contra la política neoliberal de cobrar colegiaturas en la educación pública es ahora una formidable base para ayudar directamente a las familias a sostener la educación de los hijos, reducir la deserción y mejorar las condiciones personales de aprovechamiento escolar.
La política regional tendrá que asumir un papel nuevo. Nadie podría decirse desconocedor de que en el sur se concentra el mayor atraso, pero no sólo en cuanto a los muchos pobres sino a la menor capacidad productiva del trabajo y a las arcaicas relaciones sociales. No se trata sólo de subsidios, como hasta ahora, sino principalmente de inversiones que, seguidas de la pública, pudieran atraer capitales interesados en utilizar las nuevas infraestructuras, como ocurre en todo el mundo, para decirlo con la mayor sinceridad, donde el capital se encuentra muy concentrado y su mando es cada vez más centralizado.
A partir de las libertades de tránsito, reunión y asociación, el voto popular se convirtió en la libertad básica de una democracia que es la periódica consulta respecto a personas que hacen promesas y compromisos. Por lo regular no se pregunta sobre lo que hay que hacer o lo que debe dejar de hacerse. La libertad de expresión y, ahora, también la de difusión de las ideas por medios diversos se encuentra aún en manos de unos cuantos dueños pese a la revolución de las redes sociales que apenas empieza. La importancia de lo que dice o difunde el dueño de un canal o un periódico es monstruosamente mayor de lo que puede afirmar cualquier ciudadano o ciudadana ante un círculo de personas allegadas. Nadie puede negar que la mayoría abrumadora de la humanidad que ejerce esa libertad lo hace sin mayores consecuencias, y eso es válido con un internet cuyo acceso es ya de miles de millones de personas en todo el mundo.
Una nueva ciudadanía se forja en la libertad de proponer y en la toma directa de las decisiones para aceptar, rechazar, modificar, remover, revocar. La separación entre profesionales de la política y ciudadanía en general no se debe al conocimiento de los primeros sobre los asuntos públicos sino a la segmentación propia de sociedades severamente estratificadas.
El movimiento estudiantil de 1968 hizo el planteamiento político de libertades democráticas. Ésas están hoy expresadas en las de asociación, reunión, manifestación, voto pasivo, pero no existen en sindicatos, escuelas, universidades, ejidos, barrios y otros. La sociedad vota para elegir, pero no vive en democracia.
Las funciones del Congreso deben ejercerse con procedimientos abiertos, dejando atrás la tradición de reservar, ocultar, mentir, simular, engañar que hasta ahora ha sido forma de ser del Poder Legislativo. Todo acuerdo parlamentario debe ser transparente. Ningún arreglo debe permanecer en secreto o sin ser explicado.
No hay más que una remuneración, según el artículo 127 de la Constitución, y ésta comprende la totalidad de lo pagado a cada servidor público, tanto en efectivo como en especie. Además, todas las remuneraciones deben estar indicadas en presupuesto debidamente aprobado, ley, contrato o convenio de trabajo. Éstas son reglas para todos los entes públicos, sin excepción. Pero, al mismo tiempo, casi ninguno de ellos lo obedece, como si la Carta Magna no tuviera siquiera el valor del papel en que se encuentra impresa.
Morena no se distingue por ser una izquierda sui géneris porque todas lo son, más ahora que el siglo actual ya no es el de “los extremos”. Construir una fuerza que acredite su programa democrático y popular es el reto mayor de la nueva formación política que, como heredera de largas y angustiosas luchas, en tan pocos años se ha convertido en la principal fuerza política del país.