Cosme Vázquez /ASICh
En cumplimiento al resolutivo del TEPJF del caso Chenalhó, el Consejo General del IEPC acordó en sesión extraordinaria un acuerdo para dar a conocer la información en lenguas originarias que la ciudadana Rosa Pérez Pérez ha sido restituida en el cargo de presidenta municipal; vamos a concientizar a los ciudadanos del hecho, el resumen de la sentencia, sostuvo el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas. Al ser entrevistado, sostuvo que el acuerdo contiene también una solicitud al Instituto de Lenguas Indígenas, para que a la brevedad remita el resumen de la sentencia traducida a la lengua originaria que se habla en Chenalhó.
La Dirección Durídica del IEPC se tendrá que coordinar con las áreas de seguridad del estado para que los abogados puedan hacer la publicación en los estrados y lugares públicos.
Enfático dijo que van a cumplir con la obligación derivada de la sentencia del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación, donde las magistradas y los magistrados consideraron que efectivamente no hay condiciones propicias para ejecutar la sentencia, por lo que es importante sensibilizar a los habitantes de las diferentes comunidades de Chenalhó, a efecto de que reconozcan quien es su autoridad municipal constitucional.
Sin embargo, el que Rosa Perez pueda sentarse en la silla de la presidencia municipal y ejercer sus funciones, corresponde al gobierno del estado y al Congreso local definirlo.
Chacón Rojas precisó que la labor que les corresponde es de acompañamiento, a partir de sensibilizar a las comunidades mediante la comunicación oportuna del resumen de la sentencia del Tribunal. Y Vamos a participar en las tareas en las que seamos integrados o involucrados, que tengan como objetivo generar condiciones propiciar para ejercer los derechos políticos en ese municipio.
Por lo pronto, asentó, la sentencia nos obliga exclusivamente a informar de manera verbal y presencial, a través de escritos, y la acatamos.
Destacó que la sentencia del TEPJF en el caso de Rosa Pérez es histórico y marca precedentes, y hasta como una oportunidad para generar acciones políticas, de sensibilización, cultura cívica y la construcción de ciudadanía.
En este contexto, reveló que en octubre de este año realizarán un foro en donde se espera poder escuchar voces calificadas en la política electoral y la academia, a afecto de ir encontrando los mecanismos y lineamientos que eviten la violencia política a las mujeres.
En la misma sesión, el Consejo General del IEPC aprobó el proyecto de acuerdo con motivo de la vista emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra del ciudadano Fernando Castellanos Cal y Mayor y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sobre supuestos actos anticipados de campaña concernientes al proceso local electoral 2014–2015.
En este sentido el consejero Manuel Jiménez Dorantes sugirió la revisión del asunto sobre la resolución del hecho juzgado para que el Consejo General brinde al asunto la mayor congruencia y aborde las causales de improcedencia. Más adelante el consejero Alex Walter Díaz García, hizo un resumen sustancial del proyecto de resolución y solicitó se incorpore un paquete de recomendaciones de precisión a la interpretación.
Por su parte el consejero electoral Jesús Pineda de la Cruz razonó que este asunto es de difícil interpretación y sanción, se apega a dos criterios de análisis para los actos anticipados de campaña. En su intervención, Laura León Carballo, consejera electoral dijo al respecto que es necesario reformar la ley electoral para tener elementos diferentes de apreciación y vigilar la sobreexposición mediática.
Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del IEPC, afirmó que si bien se pone a consideración del pleno hechos valorados en su momento por el TEPJF, no debe suponerse que el IEPC será ciego, omiso, débil o condescendiente para conocer y, en su caso, sancionar con todo el peso de la ley, futuros actos de actores políticos, sean del partido que sean, que con el afán de tomar ventaja mediática de cara al próximo proceso electoral 2017-2018 utilicen subterfugios y fraudes a la ley para violentar la normatividad y los principios rectores. ASICh