Los millones de Yarrington
Carlos Loret de Mola
Se llama Ángeles. Es el “testigo colaborador” en quien se basa la investigación contra los ex gobernadores priístas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Era hombre de todas las confianzas de Osiel Cárdenas Guillén, el ex líder del cártel del Golfo, hoy recluido en Estados Unidos. Fue el encargado de “negociar” entre las partes cuando cayó el capo en 2003, cosa que derivó en la escisión entre Los Zetas (brazo armado) y Los Golfos (brazo operativo).
El Ejército mexicano detuvo a Ángeles en 2008 y lo llevó a la PGR. Concretamente, a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entonces a cargo —cómo son las cosas— de Marisela Morales Ibáñez. Ella acababa de entrar al relevo de Noé Ramírez Mandujano, quien renunció a ese cargo y fue procesado por presuntos vínculos con narcotraficantes. Tres años más tarde, el presidente Calderón la ascendería a titular de la Procuraduría General de la República.
Cuentan fuentes de primer nivel que cuando llegó, Ángeles soltaba información por aquí y por allá, citaba nombres, hablaba de ciudades, de jefes de plaza, daba saltos en el tiempo. Los ministerios públicos que le tomaban su declaración, no familiarizados con la realidad de Tamaulipas, no le entendían nada y lo fueron ordenando.
Hoy el expediente consta de más de 120 tomos. Ángeles declara a detalle, con nombres de empresas y personas, de cargos públicos y montos, cómo el cártel del Golfo tenía en Yarrington a un aliado con quien acordaba designar funcionarios, establecer mecanismos de protección, echar mano de prestanombres y fundar empresas para lavar dinero. Dice que sólo el primer pago fue de 20 millones de dólares.
El “testigo protegido” —hoy lo resguardan las autoridades estadounidenses— abunda que a la captura de Osiel Cárdenas, Los Zetas terminan apoderándose del territorio narco de Tamaulipas y con ellos se entiende Eugenio Hernández, quien en 2004 sucedió en la gubernatura a Yarrington. En el pesado expediente, de acuerdo con las mismas fuentes, figuran estaciones de radio y periódicos locales que serían propiedad de los ex mandatarios, a través de prestanombres, y que habrían contribuido al clima de represión a la libertad de prensa que priva en el estado. A decir de los informantes, no hay en el expediente acusaciones sólidas contra Manuel Cavazos Lerma, antecesor de Yarrington y hoy candidato priísta al Senado.
La investigación enfrenta dos retos fundamentales. El primero es que no está terminada: dicen los peritos que les falta como año y medio de indagatoria, aunque podrían acelerarse las órdenes de aprehensión (quedarían menos sólidas) porque ya salió a la luz. El segundo reto es que desde hace tiempo analistas hablan abiertamente de que el gobierno federal puede golpear al PRI usando testigos protegidos, y aunque no hay quien meta las manos al fuego por Yarrington y Eugenio Hernández, la politización y efecto electoral del asunto es innegable en esta temporada.