Orbelín Castro /ASICh
Con la finalidad de analizar, proponer y discutir políticas públicas que inciden en la vida y desarrollo de organizaciones sociales, productivas y empresariales, este miércoles concluyeron los trabajos del Foro Estatal Sobre Políticas Públicas, los cuales iniciaron desde el pasado 5 de diciembre, organizado por Grupo de Industriales de la masa y la tortilla, “Somos Chiapas”. José Ramón Salazar Ballinas, presidente del Grupo, reconoció las aportaciones de al menos unas treinta de organizaciones sociales, como la unión nacional de trabajadores agrícola UNATA, que representa en el estado Carlos Humberto Luna López; la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, REDOSC, encabezada por Pascual López Gómez, así como el Frente Cívico Popular, que preside Leonardo León Cerpa, y la organización cañeros y maiceros de la región de Carranza, que lidera Grisel Jiménez Mazariegos.
Durante el cierre del foro se solidarizaron con las 43 familias de los estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero, con un grito de justicia, porque “los terribles acontecimientos suscitados en Iguala Guerrero nos demuestran lo frágil que son las instituciones públicas que administra nuestros recursos y no nos brindan seguridad”, dijo Salazar Ballinas.
Las organizaciones concluyeron que Chiapas es uno de los estados más empobrecidos y sumergido en una vergonzosa miseria, “y desde aquí pedimos justicia para que junto con Guerrero y Oaxaca dejemos de ser los estados con mayor desatención en el combate a la pobreza”.
Al tiempo que señalaron que Chiapas es uno de los estados con mayor abandono, por lo que pidieron que la participación de las organizaciones sociales y productivas, sea más incluyente en las políticas públicas.
En tanto, se comprometieron a impulsar dichas iniciativas por la vía pacífica, evitando toda contaminación o injerencia política, ya que reconocieron que si bien es cierto en dicho foro participan organizaciones con diferentes ideologías o militancias partidistas, esta no debe de contraponerse al desarrollo social y económico requerido.
Salazar Ballinas dijo que luego de un amplio análisis sobre política hacendaria se concluye que en los municipios indígenas el pago hacendario sea para los pequeños productores y comerciantes con una cuota fija. Que los campesinos que tengan menos de cinco hectáreas no sean producto de fiscalización alguna.
El establecimiento de una cuota fija para quien venda o comercialice sus productos agrícolas, ganadero, pesquero y silvícola, con un ingreso de hasta doscientos cincuenta mil pesos anuales, y la integración del sector primario dentro de un régimen especial adecuado a su actividad.
Mientras que para las políticas agropecuarias proponen que los programas sociales se fortalezcan en la economía familiar y se genere la autosuficiencia alimentaria, así como el rescate de la contraloría social con la participación de verdaderos productores campesinos y sociedades agropecuarias para que lo representen.
Y la creación de un órgano de fiscalización donde participen los productores y campesinos y en caso de que se detecten irregularidades sea del conocimiento de las autoridades para la aplicación de las medidas administrativas y penales necesarias para su corrección, entre otras.
Por su parte, Saraín Osorio Espinoza dirigente estatal de la Confederación Independiente de Organizaciones Asociación Civil, hizo un llamado para la unidad entre todas estas organizaciones sociales donde se dejen a un lado los intereses personales y se privilegien las demandas de todas las organizaciones sociales en un frente común. ASICh