Luego de presentar la Estrategia Integral para la prevención y combate al secuestro de migrantes, el pasado 31 de agosto, este viernes el Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, signó un convenio con los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, a fin de trabajar en conjunto para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en su tránsito por el país.En la ciudad de Tapachula, Chiapas, el Secretario de Gobernación celebró que los gobernadores de Chiapas, Tabasco y Campeche, Juan Sabines Guerrero, Andrés Granier Melo y Fernando Ortega Bernés, respectivamente, se sumen para hacer frente a esta problemática, pues los migrantes se han convertido en un blanco de la delincuencia organizada.
“Celebro que este convenio se haga realidad, es evidente que existe la voluntad política para hacer frente sin titubeo a una problemática tan grave como es la salvaguarda, la integridad de los migrantes”, manifestó Blake Mora.
Ante los gobernadores de Tabasco y Campeche y del procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar, el encargado de la política interna del país dijo que estas reuniones son muestra de que los distintos órganos de gobierno están dando una respuesta coordinada ante los desafíos en la seguridad, sin divisiones cuando el propósito es honrar la tradición de paz y de hospitalidad que ha caracterizado a la nación.
Tras manifestar que la migración no es un fenómeno nuevo en México, recordó que también existe una tradición de permanencia y desarrollo de comunidades migrantes en varias localidades del sureste y un intercambio comercial que desarrolla un papel muy importante para la economía regional de ambos lados de la frontera.
Ante estas circunstancias, puntualizó que “en los estados del sureste hemos instruido una labor establecida de vigilancia de defensa de los derechos de los migrantes, incluyendo acciones de los gobiernos de los estados, como la creación de instancias especializadas para la protección de los derechos humanos de los migrantes”.
Blake Mora destacó que las características de la ruta del tren Tapachula-Arriaga-Coatzacoalcos, es uno de los puntos fundamentales a atender, “tenemos la obligación, la responsabilidad del gobierno y seguramente de las asociaciones civiles que bien nos hacen el favor de atender, de hacerlo con un sentido, observando principalmente los derechos humanos que nos permitan avanzar con contundencia en nuestra labor de proteger la integridad de todas las personas que cruzan el pueblo mexicano”, enfatizó.
Agregó que otra línea de acción fundamental, desde la perspectiva de los estados fronterizos, es la de impulsar operaciones para desmantelar las bandas de la delincuencia organizada que actúan a lo largo de las rutas migratorias.
Al respecto, reconoció la labor que los gobiernos estatales realizan para vigilar las carreteras y las vías férreas, “queremos apoyar mejor esta labor y para ello reforzaremos las capacidades de inteligencia de las agencias federales, para garantizar la seguridad en las vías de comunicación y que haya un intercambio de información fluido entre las autoridades”.
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración, Felipe de Jesús Zamora, señaló que el éxito en la prevención y combate a los delitos cometidos contra los migrantes de tránsito por nuestro país sólo puede ser resultado de un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, instituciones de seguridad pública, organizaciones en defensa de los derechos humanos y organizaciones civiles.
Dado a que la Frontera Sur es la puerta para que los hermanos de Centroamérica vayan en busca de mejores oportunidades a la Frontera Norte, enfatizó que la complejidad de la situación reclama acciones inmediatas que garanticen en todo momento el cumplimiento de los Derechos Humanos de los migrantes que pasan por el país.
“Este convenio es la más firme muestra de voluntad política y responsabilidad que como servidores públicos tenemos con los migrantes. Para alcanzar esta meta la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Federal solicitan al gobierno de los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche su compromiso para erradicar este problema”, puntualizó el funcionario del INM.
Durante su participación, el procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, apuntó que la porosidad que existe en la franja fronteriza con múltiples cruces informales, favorece a que organizaciones delictivas violenten los derechos humanos de los migrantes.
Ante esta vulnerabilidad, mencionó que como acción previsible, dentro de las políticas del gobernador Juan Sabines se estableció como estrategia y prioridad promover medidas de protección a migrantes víctimas del delito, mediante mecanismos de acción interinstitucional, dirigidas a evitar principalmente la trata de personas, secuestro, asalto y extorsión hacia este grupo sensible, que son nuestros hermanos centroamericanos.
Esta administración, dijo, comparte plenamente la preocupación del Presidente Felipe Calderón y está ampliamente convencida de la importancia que tiene en el quehacer gubernamental, el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, como el de toda sociedad que crea, protege y consolida un estado de derecho.
“HoyAñadir un evento para hoy, Chiapas es una frontera amiga, una frontera de oportunidades para los países hermanos de Centroamérica; por ello, hemos obtenido grandes logros en protección a víctimas del delito y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros en territorio chiapaneco, razón por la que esta entidad ha sido objeto de amplio reconocimiento, por parte de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador”, apuntó López Salazar.
En este sentido, detalló que la atención a los delitos que se cometían frecuentemente en la zona conocida como La Arrocera, en el municipio de Huixtla, Chiapas, ha provocado que la incidencia delictiva disminuya hasta en un 80%; como consecuencia de los operativos y recorridos sobre las vías ferroviarias o lugares aledaños donde se victimizaba a migrantes.
A su vez, el gobernador de Campeche expresó que los países centro y sudamericanos representan mucho más que estados independientes, son naciones hermanas con las que compartimos historia, cultura y afecto y con las que queremos estar siempre unidos en las aspiraciones de progreso duradero.
Al mismo tiempo respaldó la estrategia que combate al crimen organizado del presidente Felipe Calderón, “asistimos a este encuentro de voluntades y compromisos con la firme convicción de convenir un sobrio y adecuado esquema de coordinación interinstitucional que permita garantizar el goce, protección y ejercicio de las vías constitucionales relacionadas con la atención a migrantes, víctimas del delito”, subrayó.
Para el gobernador de Tabasco esta firma abona a que la seguridad y desarrollo de la Frontera Sur sean temas prioritarios de la Estrategia Nacional contra la delincuencia, que deben venir acompañados de acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno.
“Ya se están haciendo las propuestas para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco y contemplar la creación de la Fiscalía Especializada para el Combate de Delitos cometidos contra Migrantes, para garantizar y proteger sus derechos fundamentales”, acotó Granier Melo.
Finalmente, el párroco Heyman Vázquez Medina, encardo de la casa del migrante “Hogar de la Misericordia”, resaltó que hasta hace cuatro años Chiapas se consideraba como el estado donde más violaciones sufrían los migrantes en sus derechos humanos, sin embargo “actualmente es lo contrario, Chiapas es el estado que más respeta los derechos humanos y esto es gracias a las políticas del gobernador Juan Sabines Guerrero, las que tienen que ser un ejemplo para los demás estados del país”.