Ayer marcharon en Tuxtla Gutiérrez miles de mujeres, según el reporte oficial, para pedir a la Suprema Corte que respalde la reforma de paridad efectiva, y casi al mismo tiempo Acción Nacional salió a explicar por qué impugnó esa misma reforma. Se presentan como dos bandos enfrentados, pero dicen más juntas que por separado.
Empecemos por lo que sostiene el PAN. Su acción de inconstitucionalidad, afirma el partido, no pide eliminar la paridad ni recortar espacios a las mujeres, sino que la Corte la proteja frente a procedimientos discrecionales y reglas incompletas. Reconoce, además, que en Chiapas persiste la desigualdad en el acceso a las presidencias municipales y que hacen falta medidas efectivas para corregirla. Su reproche es de forma y de competencia: una determinación de naturaleza electoral fue ejecutada por la Junta de Coordinación Política, un órgano de conducción política, y no por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sin garantizar certeza, legalidad, imparcialidad ni máxima publicidad. De ahí sus dos preguntas al Congreso: dónde quedaron claramente establecidas las reglas y garantías del procedimiento, y por qué la decisión no se encomendó al instituto electoral.
Son preguntas legítimas y, hasta hoy, no han recibido respuesta pública. Se ha repetido que la reforma es de avanzada y se ha anunciado que se contestará la impugnación, pero nadie ha explicado con precisión cómo opera el mecanismo ni por qué se prescindió del árbitro electoral. La marcha, con todo y su derecho a existir, no contesta eso. Una multitud no es un procedimiento, y una causa justa mal diseñada sigue siendo vulnerable ante los ministros.
La exigencia corre también hacia el PAN. Litigar no equivale a estar contra las mujeres, y quien responde con descalificaciones en lugar de argumentos le hace un favor al partido. Pero un partido que admite la desigualdad y propone que el Instituto conduzca la paridad mediante lineamientos previos y públicos, criterios objetivos y participación de todas las fuerzas políticas, debe presentar ese diseño con detalle y no solo como contraste. Debe, además, aclarar algo: la reforma se aprobó por unanimidad el 14 de septiembre. Si en esa votación hubo legisladores panistas, falta explicar qué vieron en la demanda que no vieron en el pleno.
Tampoco conviene dar por sentado que la marcha fue inducida. La insinuación circula sin pruebas y esta columna no las tiene. Que el gobernador haya dicho que defendería la norma y que, de ser necesario, organizaría una movilización, según reportó un medio local, no demuestra que la de hoy haya sido organizada desde el poder. Una cosa es el anuncio de una intención y otra la prueba de un hecho.
Lo que está en juego no es si la paridad es un valor, porque lo es y la Constitución lo respalda, sino quién la aplica, con qué reglas y con qué garantías. La Corte dirá si la reforma resiste. A Chiapas le toca exigir que, cuando llegue 2027, las mujeres que aspiren a una presidencia municipal encuentren un procedimiento escrito antes de la contienda y verificable por todos, que no dependa de la voluntad de nadie. Eso no se consigue con lonas ni con comunicados.