La misma semana en que la Secretaría de Educación Pública instruyó a las autoridades educativas del país eliminar cualquier denominación “militarizada” o “castrense” de las instituciones de nivel medio superior, en Tuxtla Gutiérrez un grupo de padres de familia denunciaba ante la Fiscalía General del Estado que sus hijos, alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, habían sido sometidos a trabajo forzado en el campo, privados de alimento y agua, e impedidos de dormir durante cuatro días. Una de las jóvenes, de apenas 17 años, terminó hospitalizada por insuficiencia renal aguda. El contraste no podría ser más elocuente: mientras la federación redacta circulares sobre el “derecho a la formación educativa libre de toda expresión de violencia”, en Chiapas ese derecho se sigue violando a pedradas, en la intemperie de un campo de cultivo.
Conviene no perder de vista que Mactumactzá no es un caso aislado ni nuevo. La institución arrastra un historial de novatadas que en 2017 y 2018 ya habían costado la vida a estudiantes de nuevo ingreso, y sobre el cual esta ha llamado la atención en más de una ocasión. Que el patrón se repita casi una década después no habla de un exceso puntual, sino de una tolerancia institucional que las autoridades educativas estatales prefieren nombrar como “omisión” antes que como responsabilidad directa. El fiscal general aseguró que “no habrá impunidad” y anunció un equipo multidisciplinario para las carpetas de investigación; habrá que exigir que esa promesa no se archive junto con las de 2017.
Es aquí donde el discurso nacional se vuelve, más que un consuelo, un espejo incómodo. La circular de la SEP —surgida tras el presunto feminicidio de la adolescente Dafne Zapata en una academia militarizada de Tamaulipas— insiste en que la llamada Nueva Escuela Mexicana “impulsa una educación humanista” que resuelve diferencias mediante el diálogo y protege “el interés superior de niñas, niños y adolescentes”. Son palabras necesarias, pero suenan huecas cuando en Chiapas la prensa documenta, con nombres y carpetas de investigación abiertas, que la violencia formativa no depende de si una escuela se llama “militarizada”: basta con que una tradición de abuso se sostenga por inercia y opacidad. El problema no es de nomenclatura, es de vigilancia real sobre lo que ocurre puertas adentro de los planteles.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, respondió esta semana a las críticas por la nueva ley de telecomunicaciones y su “derecho de las audiencias”, negando que exista un ánimo censor y remitiendo el tema a consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. También ofreció, ante el conflicto por el examen de admisión a la UNAM, las universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez como alternativas “de gran calidad” para los jóvenes que no logren un lugar en la máxima casa de estudios. Son declaraciones de gestión, propias de una administración que busca proyectar apertura y alternativas. Pero la prueba de esa apertura no se mide en foros de consulta ni en universidades sustitutas: se mide en si la Fiscalía de Chiapas logra, esta vez, deslindar responsabilidades penales entre quienes en Mactumactzá cambiaron formación por tortura. Amen de todo esto, muchos maestros y normalistas consideran que las escuelas rurales deben funcionar porque son las únicas instituciones educativas que dan cabida a estudiantes para lograr la carrera de maestros de educación, argumentando que como son hijos de campesinos no tienen el recurso económico para sostener la carrera en una escuela particular, y las escuelas normales de gobierno están saturadas y suelen ser recomendados los que logran ingresar. Puede ser valida esta reflexión como otras, aquí no se cuestiona el objetivo de las escuelas rurales, sino la forma y el actuar de los jóvenes que propician las novatadas. Las autoridades deben investigar no con el afán de tomar como pretexto para cerrar las escuelas sin argumentos validos, pero de encontrar pruebas fehacientes que se cometen irregularidades tendrán que aplicar la ley.