ASICH
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Un grupo de 150 personas indígenas tsotsiles de varias comunidades del municipio de Chalchihuitán, quienes fueron desplazadas por quienes formaron parte del ex Concejo Municipal, solicitan al Gobierno su inmediata atención y respuesta conforme a la Ley para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, luego que se encuentran en esta situación desde hace más de un año.
Una comisión de este grupo de desplazados aseguró que son familias de 13 comunidades de Chalchihuitán, las que han sido desplazadas y limitadas en sus derechos comunales por parte de autoridades municipales y de quienes se ostentan como representantes del extinto Concejo Municipal.
Exponen que han sido expulsado de sus comunidades, se les ha impuesto multas injustificadas y se les ha negado sus derechos comunitarios, además de negarles el acceso a la educación y salud, así como a recibir apoyos de los distintos programas gubernamentales.
Aseguran que ya han expuesto su situación y solicitado la atención al Gobierno de Chiapas, a través del secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, quien personalmente les manifestó que hicieran una solicitud formal para ser considerados en el Consejo Estatal para la Atención Integral al Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, por lo que el día 30 de octubre entregaron la solicitud, pero hasta ahora no hay una respuesta favorable.
Refieren que desde septiembre de 2019, “un grupo de servidores públicos integrantes del extinto Concejo Municipal de Chalchihuitán, , en contubernio con la actual presidenta municipal Elena Cruz Cruz determinaron, a través de los agentes rurales municipales expulsar y desconocer a todos los ciudadanos que no comparten su misma ideología política, los que no intervinieron en la desaparición del Ayuntamiento.
Así fue como se dio el desplazamiento de niños, mujeres y hombres de las comunidades de Joltealal, Chiquinshulum, Jolicalum, Sisim, Pacanam, Patchentic, Canteal, Natihuitz, Canech, Pom, Chenmut, Yut Ukum, Meon Lum y Lobolatic Cruzton. Se les ha vulnerado sus derechos humanos ya que han sido expuestos en su vida, seguridad e integridad personal con amenazas de muerte, y sus derechos a la alimentación, la residencia y sus tierras.
Asimismo, denuncian que temen ser agredidos y ser víctimas “de una situación de violencia generalizada o de un conflicto armado, ya que han sido amenazados por quienes formaron parte del ex Consejo Municipal, lo cual han denunciado a través de la Fiscalía de Justicia Indígena.
Sostienen que han perdido cosechas de café y animales de granja ya que no pueden regresar a sus comunidades, y que temen del riesgo de ser privados de la vida o ser víctimas de desaparición forzada.
Puntualizaron que ahora están valorando qué acciones realizar si no tienen solución en la problemática que viven. ASICH