Cosme Vázquez/ASICH
Familiares de 9 personas adultas y cinco niños, que fueron privados de su libertad por un grupo de habitantes del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo, piden la intervención de los gobiernos federal, estatal y municipal, para la aplicación del Estado de Derecho.
En una demanda pública a las autoridades correspondientes, aseguran que desde las 06:00 del sábado fueron privados de su libertad los señores Pablo Sánchez Gómez, Anita Gutiérrez Pérez, Felipe y Margarita Sánchez Gómez, Josefa Guadalupe López Montejo, Felipe Sánchez Gómez, Nicolás Sánchez Gómez, Verónica López Pérez y Elena Morales Gutiérrez.
De igual manera fueron privados de su libertad los niños de identidad reservada, cuyas edades son de tres, cinco, ocho y once años.
Acusan directamente al grupo, encabezado por Gaspar Sánchez López, presidente del Comisariado Ejidal, y Rubicel Gómez López, agente auxiliar municipal del ejido Busiljá.
En la demanda pública, precisan que los hechos delictuosos los han denunciado ante la Fiscalía del Ministerio Público de la zona indígena de Ocosingo porque además del delito de la privación ilegal de la libertad también cometieron otros delitos que atentan contra el patrimonio.
Detallan que los presuntos implicados quemaron casas de las víctimas, destrucción de una casa de material, quemaron una motocicleta nueva, mataron perros y gatos, aves de corral y torturaron a las personas víctimas.
Aseguran que piden la intervención inmediata de las autoridades de los tres niveles de gobierno, para ejecutar las medidas cautelares y de protección de las víctimas, entre ellas los niños.
Piden la intervención de las autoridades, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución local, la ley general de víctimas.
Firman el documento Fausto y Mirna Sánchez Gutiérrez, Reyna Morales Gutiérrez, Pablo Sánchez Gutiérrez, Manuela Gómez Sánchez y Marisol Sánchez Gómez, entre otros familiares de las víctimas. ASICH