Gilberto Díaz López /ASICh
La diputada Alejandra Soriano, integrante del grupo parlamentario del PRD, exhortó al Procurador General de Justicia, Raciel López Salazar, a que inicie los procedimientos administrativos y penales a efecto de que se finque responsabilidad a los servidores públicos involucrados en la violación sexual de Ruth Aguilar Calderón, durante estaba detenida en la celda municipal. En la Trinuna del salón de plenos de la Cámara de Diputados local, la legisladora también exhortó al Poder Judicial, en especifico al Juez Mixto de Copainalá para que de considerarlo procedente se gire y se ejecute la orden de aprehensión a la mayor brevedad en contra de los que resulten responsables por este acto deleznable.
Dijo que el pasado 11 de Mayo, Ruth, madre de familia, de 31 años de edad, sufrió abuso sexual en la cárcel municipal de Mezcalapa, por el policía municipal Miguel Hernández Gómez, quien la golpeó y la violó mientras se encontraba detenida.
Declaró que Fernando Ugarte González, presidente municipal de Mezcalapa, en fechas pasadas índico que intervendría en este asunto, sin embargo nada ha hecho y por su actitud irresponsable, insensible y además solapador de los policías municipales, que continúan trabajando sin ninguna pena, se exhibe el sistema de procuración de justicia.
Anotó que como legisladora exige que las leyes que en esta legislatura se reforman o se crean, sean aplicadas, que realmente sean sensibilizados los procuradores de justicia, y mal harían si solo se dedicaran a sacar letras, sin ningún significado para quienes les toca aplicar la justicia.
¿Quién se necesita ser para recibir justicia? ¿Qué se necesita hacer para que las autoridades atiendan una denuncia? Cuestionó.
Dijo que hoy Ruth no concilia el sueño, no puede rehacer su vida y no lo podrá hacer en tanto siga sabiendo, que el sujeto que la violó y las personas que lo encubrieron siguen libres, burlándose de ella, burlándose de la justicia.
Qué señal se le puede dar a las mujeres, si no recibe justicia Ruth? la señal sería que hagan lo que hagan las autoridades de procuración de justicia, son solo un instrumento de ornamentación, aseveró.
Externó que poco sirven las leyes sino se aplican y si como legisladores no piden que así sea, por lo que pidió al pleno del Congreso del Estado, emitir un exhorto a la procuraduría General de justicia del Estado, para agilizar este caso, que también se investigue al presidente municipal, Fernando Ugarte González, quien por lo que ha declarado Ruth, también ha incurrido en diversas irregularidades.
Manifestó que no es posible que las propias autoridades, encargadas de procurar justicia, sirvan como inhibidores de la denuncia con sus acciones, en este caso, no hubo una debida integración de la denuncia al grado que cuando la víctima se presentó al Ministerio Público de Mezcalapa, la registran como un acta administrativa y no como una averiguación previa. Esto por si solo es una ofensa.
Además de que el médico legista que atendió la denuncia de Ruth, ni siquiera la exploró físicamente. “lo único que hizo fue manosearme” dijo la propia señora, quien ha sido revictimizada una y otra vez por las propias autoridades: el ministerio público, el médico legista y hasta por el alcalde, quien no prestó atención a la denuncia y hasta hoy no ha destituido al policía e inclusive lo ha encubierto.
El alcalde, dice Ruth, se atrevió a decirle que si estaba segura de lo que estaba diciendo porque él no le creía, Ruth le pidió que dejaran de acosarla ya que patrullas municipales estaban día y noche en su casa, vigilándola con el fin de intimidarla, el presidente municipal se comprometió a hacer algo al respecto, pero hasta hoy nada ha hecho.
Ruth se atrevió a denunciar, y a pesar de que quienes por obligación deberían de apoyarla han hecho todo lo contrario, ella continúa yendo y viniendo haciendo diligencias, por lo que este caso evidencia la procuración de justicia en los municipios de Chiapas, la falta de sensibilidad de los Ministerios Públicos, los médicos legistas y hasta de las propias autoridades municipales.
Por último, explico que Oscar Saraín Gómez Guzmán, Ministerio Público quien a pesar de haberse hecho de su conocimiento, hechos probablemente constitutivos de delito, de alto impacto social, decidió iniciar una simple acta administrativa y no darle el rango de averiguación previa, además de que no aplicó medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctima.
Así como también el médico legista y forense Dr. Jorge Ramírez Martínez, emitió un “certificado médico” amañado, sin realizar exploración física alguna, en contrasentido con las periciales en química, psicológica y victimologica que en efecto referían que Ruth había sido violentada sexualmente. ASICh