Alberto Begné Guerra
En el debate sobre la lucha contra el narcotráfico y la creciente adicción a las drogas en nuestro país hay dos verdades que no deberían generar mayor polémica. La primera es que el Estado está obligado a enfrentar estos desafíos que amenazan frontalmente la cohesión social, la salud pública y la integridad de las personas. La segunda es que si no se modifica la concepción y, con ella, las formas de abordar esos graves problemas, no habrá estrategia efectiva ni recursos suficientes para resolverlos.
El gobierno del presidente Calderón ha optado por una guerra abierta contra las organizaciones criminales dedicadas al negocio de las drogas. Nadie puede poner en duda la importancia de un compromiso de esa magnitud contra un fenómeno tan destructivo desde todos los puntos de vista. Sin embargo, existen dudas fundadas sobre los alcances, la eficacia y las consecuencias de una estrategia de guerra frontal, basada esencialmente en el uso de la fuerza pública, donde, por cierto, la intervención del Ejército ocupa un lugar central, con todos los riesgos que ello significa para una institución tan respetada por la gran mayoría de la sociedad, cuya función no es la persecución de la delincuencia.
¿Cuáles son los límites, si los hay, de una escalada de violencia como la que estamos viviendo entre las fuerzas del Estado y las fuerzas del crimen organizado? Es difícil responder, pero lo cierto es que la violencia es uno de esos fenómenos que, una vez desatados, se reproducen cada vez con mayor crudeza. Hasta ahora la respuesta del narcotráfico se ha concentrado en sus propios ajustes de cuentas y en el ataque a las autoridades y los cuerpos de seguridad dedicados a su combate. Los saldos son terribles. Pero allí no termina el riesgo: no hay nada que nos asegure su contención en esos espacios donde, hoy por hoy, se ha desplegado la confrontación.
Cuando hablo de los alcances, la eficacia y las consecuencias de la estrategia adoptada, me refiere no sólo a los límites (repito, si los hay) de la ola de violencia en la que estamos inmersos, cada día con manifestaciones más brutales, sino también a los resultados que se pueden esperar y a las implicaciones de la lógica en la que el gobierno ha encuadrado el problema. Una guerra como esta puede durar años, extenderse a otros espacios y someter a la sociedad a un régimen de terror. Una lucha así planteada puede conducir también a una espiral de reclamos de más y más fuerza pública, aun en contra de los límites al poder que la legalidad democrática exige.
El negocio de las drogas es tan poderoso que, en los términos actuales, su capacidad corruptora, disuasiva o depredadora sobre las autoridades encargadas de su combate, en todos los niveles de responsabilidad, hace difícil pensar que la reiterada disyuntiva entre plomo y plata a la que se enfrentan todos los días miles y miles de servidores públicos en ese ámbito ofrezca una salida distinta a la corrupción, la omisión o la muerte.
El caudal incontenible de recursos que el narcotráfico derrama involucra directa o indirectamente a muchos sectores de la economía que, en pequeña o gran escala, se han hecho rehenes o se han puesto al servicio de esa fuente inagotable de dinero ilícito. Peor aún: comunidades y familias enteras, en zonas urbanas y rurales, se dedican a la producción, al tráfico y al comercio de drogas, y cada vez más jóvenes sin expectativas son reclutados por el crimen organizado, donde encuentran una salida tan riesgosa como falsa, pero finalmente a la mano, para abandonar vidas miserables, marcadas por la pobreza, la violencia y las adicciones.
¿No ha llegado la hora de convocar a un debate abierto y plural que, con seriedad y responsabilidad, bajo una visión a la vez multidisciplinaria y global, nos permita construir un consenso amplio sobre las formas más efectivas de abordar un desafío de tales proporciones para la sociedad, la democracia y sus instituciones? El Estado no puede declinar en esta lucha, pero sí puede, en cambio, colocarla en otros términos.
Presidente de Alternativa Socialdemócrata