Héctor Estrada
Presunto fraude a mujeres de Jiquipilas, revela huecos en aplicación de programas federales
Aunque no resulta un asunto nuevo, los representantes de programa federales en Chiapas nuevamente parecen querer engordarse los bolsillos a costa engaños y argucias burdas en contra de la población beneficiaria; y esta vez, el presunto caso de fraude tiene a sus protagonistas en el municipio de Jiquipilas, Chiapas.
Este mismo domingo beneficiarias del Programa Capacitación para el Autoempleo de la Secretaría del Trabajo en aquel municipio denunciaron el supuesto desvío de los apoyos económicos previstos por el programa a manos de los responsables de coordinar y operar dichos recursos federales en la zona.
Señalaron a Antonio Valencia Ocaña, quien –dijeron-trabaja en complicidad con Amet Roque Clemente del Centro de Intermediación Laboral de la Secretaria del Trabajo en Chiapas, por orquestar un fraude de aproximadamente cien mil pesos a 90 mujeres inscritas a los grupos y talleres de la dependencia.
Mujeres identificadas como Ana María Santos, Julia Alonso, Irene Muñiz, Paola Santos, Flor García, Adelita Alonso, Rosabel Santos, Erik de los Santos y Brenda Santos, habitantes de los diferentes barrios de la cabecera municipal, dieron a conocer que bajo engaños se le recortó a cada beneficiaria mil 200 del pago individual.
“Estas personas nos quitaron nuestras tarjetas, en las que nos habían depositado dos mil pesos de nuestro apoyo y a cada una nos quitaron mil 200, dejando solo 800 pesos. Cuando nos dimos cuenta el señor Antonio Valencia nos salió con el cuento de que ese dinero que nos habían quitado iba a servirles para pagar los viajes de los instructores de los cursos que llevamos”, señalaron en un comunicado.
Cabe precisar que pese a los argumentos de los acusados, el portal oficial de la secretaría (www.empleo.gob.mx) deja en claro que las participantes de los cursos tienen derecho a los beneficios de: apoyo económico de uno a dos salarios mínimos, pago de materiales e instructores para la capacitación y apoyo para el transporte;por lo que la excusa carece de bases sólidas.
Ante ello, las participantes de los talleres pidieron la intervención del Secretario del Trabajo en el estado, Manuel Sobrino Durán,para que los responsables de este abuso comparezcan ante la ley y den cuentas claras de lo realizado, así como de la devolución del recurso sustraído a cada una, puesto que es una compensación que por ley les corresponde.
Con este ejemplo queda clara la falta de vigilancia en la distribución de los recursos previstos porlos programas gubernamentales. Son presupuestos que aunque se anuncian con blindajes y candados de primer nivel terminan quedando muchas veces a expensas de personas sin escrúpulos.
Con lo sucedido en Jiquipilas se prende un foco rojo no sólo para la Secretaría del Trabajo, sino para todas las dependencias estatales y municipales que carecen de controles óptimos para garantizar que los presupuestos de programas asistenciales terminen en las manos de los beneficiarios reales.
Hoy es posible conocer de este presunto caso de fraude gracias a las mujeres beneficiarias que se atrevieron a investigar y denunciar el hecho, sin embargo surge la incertidumbre de cuántos casos más habrán en Chiapas en las mismas condiciones que se realizan bajo el desconocimiento de los beneficiarios o sin una denuncia pública.