*La preferencia de los usuarios, obliga a los transportistas concesionados a despertar en cómo pueden mejorar el servicio
*En lo que están en contra es que lleguen empresas y violen la soberanía del país y las leyes mexicanas: dirigente Bersaín Miranda Borraz
Cosme Vázquez/ASICH
El servicio del transporte público que ofrecen empresas del extranjero, mediante aplicaciones tecnológicas, utilizando vehículos particulares, empiezan cobrando tarifas económicas al usuario para engancharlo, pero luego aplican la tarifa dinámica que alcanzan incrementos de hasta el 300%, sostiene Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del Transporte Organizado del Estado de Chiapas.
Al ser entrevistado, dejó en claro que no se oponen a la competencia ni de esas empresas extranjeras, ni pueden reclamar la preferencia a la población usuaria, porque les ayuda reaccionar, a despertar en como pueden mejorar el servicio. En lo que están en contra es que lleguen empresas y violen la soberanía del país y las leyes mexicanas.
Lo que exigimos es la aplicación de la ley, que no haya tratos preferenciales, porque a los transportistas que están en la legalidad las autoridades de Movilidad y Transporte les exigen una infinidad de requisitos e impuestos, pero a los que vienen de fuera usando aplicaciones tecnológicas les permiten que lo hagan sin permiso ni concesión, dejando en un estado de vulnerabilidad a la población usuaria, inclusive.
Anotó que esas empresas Didi y Uber cuando abren un mercado normalmente con tarifas bajas para captar usuarios, pero una vez que desplazan a los transportistas concesionados van aumentando las tarifas y no hay quien las regule, tal como ha ocurrido en otros estados. Ellos aplican la tarifa dinámica en un momento dado y ahí se emparejan, y es en ese momento donde los usuarios se desencantan con la atractiva oferta, porque a la tarifa dinámica suben sus precios hasta un 300 por ciento.
En la hora valle cobran menos y en las horas picos se aprovechan para poder emparejar sus costos. El transportista concesionado, legal no puede hacer eso, y no dudo que hasta se dé el abuso de los operadores, por lo que los usuarios pueden pactar el precio antes de abordar las unidades, aseveró.
En tanto, señaló que la autoridad debe ser la reguladora del servicio. Por eso si tuviéramos servidores públicos honestos y responsables hicieran los estudios de factibilidad para determinar los costos de operación y determinar tarifas justas. Pero, desafortunadamente en la Secretaría de Movilidad y Transportes únicamente se han dedicado a vender concesiones al mejor postor, han descuidado la responsabilidad de atender al transporte público y los justos reclamos de la población usuaria.
Aseguró que nunca se han opuesto a los estudios de factibilidad, sino al contrario porque eso les va a permitir tener tarifas justas para la población usuaria y para los transportistas para que tengan utilidades.
Hoy el transporte está en quiebra, por ejemplo el transporte urbano, suburbano y foráneo estatal por cinco años de tener la misma tarifa, y eso es una muestra más de la falta de responsabilidad de quienes han estado al frente de la SMyT.
Asimismo, estas autoridades no están siguiendo las recomendaciones de la ONU para la ley de movilidad y seguridad vial, no han hecho absolutamente nada para establecer políticas públicas que garanticen la seguridad de los peatones y de los usuarios del transporte público, así como para contrarrestar los gases de efecto invernadero por el cambio climático.
En Chiapas se está haciendo todo lo contrario a las recomendaciones de la ONU, porque en vez de ir eliminando los vehículos e ir sustituyendo unidades para el transporte masivo, tal como lo hicimos como promotores en la Ciudad de México con el Metrobus.
Hay que ir sustituyendo los motores que contaminan, mediante apoyos con recursos del Banco Mundial para el mejoramiento del medio ambiente, con unidades que utilicen maquinas menos dañinas al medio ambiente, pero aquí en el estado se ha dado permisos en grandes números a mototaxis. A eso se ha dedicado la Secretaría del ramo, porque es negocio para ellos, violentando la ley.
De igual manera, han saturado el parque vehicular porque dieron el doble de concesiones de la cantidad que había, cuando no se requería de más concesiones, sino de regularizar y someterlos con base en estudios reales, pero desafortunadamente algunos servidores públicos del ramo se han dedicado hacer política y negocio, puntualizó. ASICH