Pensiones: México como Grecia
Alberto Barranco
De acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, los pasivos laborales del sector público se ubican en un rango equivalente al 100% del Producto Interno Bruto.
Si le sumamos a ellos la deuda pública, cuyo monto equivalía al cierre del primer trimestre del año al 37.3% del propio PIB, además del 2.7% que representan los débitos de las entidades federativas con garantía en las participaciones que les otorga la Federación, estamos hablando de 140%.
La deuda total de Grecia, el país con el estigma del mayor peligro de cara a una eventual crisis global, alcanza el 160% del PIB.
El escenario, advierte el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, coloca en duda la fortaleza en las finanzas del país.
De hecho, dice, estamos ya en el rango de los países europeos con serios problemas de deuda.
Como usted sabe, el riesgo de colapso está latente no sólo de cara a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y a los afiliados del ISSSTE, sino los de los gobiernos estatales, las empresas paraestatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en paralelo a las universidades públicas y la banca de desarrollo.
La bomba de tiempo está activada desde el sexenio zedillista.
Del tamaño del problema habla el que el ramo 14 del presupuesto de gasto, es decir el que apunta a la seguridad social, ocupa ya el tercer lugar en importancia.
Si para este año se había presupuestado una erogación de 362 mil millones de pesos, la necesidad de atenuar los colosales boquetes la ha elevado ya a 420 mil.
Y si así.
Más aún, se calcula que la exigencia de recursos se incrementará a 1.1 billones de pesos en el 2018, es decir la tercera parte del presupuesto anual actual, o si lo prefiere el equivalente al 5.2% del PIB.
De acuerdo a las proyecciones presupuestales, para entonces el gasto en la materia consumirá uno de cada cinco pesos de recursos públicos.
La erogación reclamada para el fin del próximo sexenio es equivalente sólo al boquete que enfrenta en este momento el Instituto Mexicano del Seguro Social para atender las solicitudes de pensión y jubilación de sus 360 mil trabajadores.
Por lo pronto, si en el 2006 había tres millones de pensionados, en el 2010 se llegó a 4.1. Bajo ese ritmo el número de éstos se duplicaría cada nueve años.
Y aunque ninguna dependencia pública cuenta con un diagnóstico integral –la Secretaría de Hacienda dice que “habría que estudiar a fondo el problema”-, los planes públicos pensionarios estudiados hasta hoy registran pasivos por 3.3 billones de pesos al 2010.
El monto que en el 2007 representaba el equivalente al 16.5% del PIB, tres años después llegó al 30%, es decir se duplicó en el cortísimo plazo. De hecho, bajo un cálculo de que las obligaciones laborales en el país de cara a los compromisos adquiridos y por adquirirse en materia de pensiones representan ya 11 veces la deuda neta pública, la Auditoría Superior de la Federación le acaba de exigir al gobierno una auditoría al desempeño del Sistema Nacional de Pensiones.
El diagnóstico hablaba de que de 100 sistemas pensionarios existentes en el país de instancias dependientes de recursos públicos, sólo cinco están fondeados, es decir crean reservas hacia el futuro, por más que éstas no alcanzan a solucionar a fondo los requerimientos.
El dedo en la llaga lo coloca el CEESP justo como alerta roja para quienes aspiran a la silla presidencial.
La rifa del tigre.
Balance general
Como lo anticipamos en este espacio, en el insólito de la temporada la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, está presentando una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra lo que ubica como vulneración a su libertad de expresión.
La denuncia la plantea concretamente la Coparmex Morelos, la única que había logrado, en un alud de solicitudes de amparo, una suspensión provisional por parte de un juez contra las restricciones que la Ley Electoral plantea a los particulares para contratar espacios en los medios de comunicación durante las campañas electorales.
El asunto, como usted sabe, rebotó hasta una sala de la Suprema Corte, quien negó la protección de la ley.
La reforma a la legislación vigente en el 2006 llegó como reacción a la intervención privada en la contratación de spots en que se denostaba al candidato Andrés Manuel López Obrador.
La exposición de motivos habla de que las reformas impiden consolidar una democracia más participativa y un país más incluyente.
Terrorismo fiscal
En lo que constituye un SOS frente a lo que ubican como terrorismo fiscal en el Estado de México, la Coparmex, la Canacintra y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la entidad han creado un frente común de defensa de sus agremiados.
La queja habla concretamente de la aplicación sin mayor justificación de multas “escalofriantes” a las empresas por supuestas omisiones en el pago de tributos.
De hecho, se está preparando una insólita marcha empresarial de protesta contra el gobierno encabezado por Eruviel Ávila.
El escenario se vuelve más delicado para éste, frente a las acusaciones de movilizar cientos de camiones de “acarreados” al Estadio Azteca para “neutralizar” -amenazas, golpes, patadas al calce-, una manifestación del movimiento “Yo soy 132”, en repudio contra el candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Además del transporte y los boletos para ingresar al juego México-Guyana, los “acarreados” recibieron de regalo camisetas piratas de diversos equipos nacionales e internacionales de futbol.
Vitro ya casi
Este lunes se iniciaron, en una corte de Dallas, las audiencias para homologar los convenios de reestructura de la deuda del Grupo Vitro que se pactaron en México para cerrar el concurso mercantil a que se sometió voluntariamente la empresa, con el capítulo XV de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.
A la cita acuden los fondos de inversión que se han inconformado sistemáticamente con el esquema, en lo que constituye su última carta.
Estos, como usted sabe, han perdido todas las apelaciones en México, tras emplazar por su cuenta a un concurso mercantil a la vidriera.
Los inconformes compraron papeles de deuda expedidos por Vitro en los mercados secundarios, pagándolos en 11 centavos de cada dólar.
La empresa les ofrece una amortización de 63.