*La Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, organismo no gubernamental pidió su intervención de manera anticipada
Cosme Vázquez/ASICH
El presidente municipal de Larráinzar, Ignacio López Gómez incurrió en omisión ante las amenazas que se daban para desplazar de manera forzada a las familias de la señora Pascuala Díaz Díaz y del señor Manuel Ruiz Hernández en el ejido Chuchilton anexo Majoval, el martes de esta semana, porque se le pidió por escrito la intervención, pero no lo hizo, y pareciera que estuvo del lado de los que cometieron violaciones a los derechos humanos y a la ley, sostiene José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, organismo no gubernamental.
En tanto, las autoridades de Asuntos Religiosos, a quienes también pidieron su intervención, poco pudieron hacer en la mediación para que la autoridad municipal desactivara lo que estaba anunciado sucedería a partir del lunes de la semana en curso, cuando celebraron asamblea ejidal y no lograron que estas dos familias pagaran la multa de 20 mil pesos cada una, por no haber cooperado para una fiesta religiosa en mayo de este año, y que se comprometieran a hacer todo lo que el Consejo de Vigilancia pida en lo subsecuente a su libre albedrío.
Dio a conocer que este miércoles acudieron ante la representación de la Fiscalía General en San Cristóbal de Las Casas, para interponer la denuncia correspondiente y se inicie una carpeta de investigación por los hechos cometidos en contra de 15 miembros de estas dos familias, desalojadas de sus viviendas.
Enfático dijo que el alcalde pudiera tener una responsabilidad por la omisión ante los actos cometidos, sobre todo que a las familias afectadas les han quitado sus pertenencias al ser desalojados de manera violenta, afortunadamente no corrió sangre porque los hombres optaron por estar fuera de la comunidad para no tener que estar presente a la hora del desalojo, esperando que las autoridades intervinieran.
Las personas que conforman el Consejo de Vigilancia en Chuchilton anexo Majoval de Larráinzar han incurrido en violaciones a la Constitución con las personas que no están de acuerdo con decisiones que toman fuera de la ley. Por eso no solo estas dos familias las que están en contra de lo que determinan el Consejo de Vigilancia, porque son cuestiones irregulares, pero por temor no se pronuncian.
Inclusive, hay zapatistas que tampoco están de acuerdo con eso, por lo que se ha advertido a las autoridades de Asuntos Religiosos que hay ahí un riesgo si se revelan contra esas personas que están violando la ley y los derechos humanos.
En tanto, anotó que las autoridades estatales y municipales tienen que promover en las comunidades indígenas el respeto a la Constitución, a ley que establece la libertad religiosa, para que no se siga dando la intolerancia religiosa, lo cual afecta a familias por abusos de autoridad. ASICH