Madrid. Maricarmen Abascal tiene 87 años, es pensionada y desde hace 70 años vivía en el departamento del que fue lanzada por una orden judicial y ejecutada por la Policía Nacional tras una protesta masiva de ciudadanos indignados. Los agentes antidisturbios usaron la violencia para desalojar uno por uno a los activistas que se sentaron en la puerta y en las escaleras de la vivienda para evitar lo que finalmente ocurrió: que Maricarmen tuvo que ser sacada en camilla, llevada hasta una ambulancia y despojada del que ha sido su hogar las pasadas siete décadas, que ahora posee un fondo buitre, Urbagestión, que intentó quintuplicarle la renta para permitir que se quedara en la casa.
“Es mi casa, es mi vida, son mis recuerdos, aquí ha muerto mi papá y mi mamá, y era donde yo esperaba llegar al final de mis días. Pero cuando me llegó el desahucio me quedé en shock, reaccioné y lo que pensé era que había que seguir para adelante, luchar, pues yo no me voy a ir tan fácilmente de mi casa”, aseguraba Maricarmen hace sólo unos días, antes de que la comisión judicial, amparada por un fuerte dispositivo policial, ejecutó la sentencia del Tribunal Supremo, que le retiró los derechos históricos que tenía con la vivienda.
El caso de Maricarmen no es uno más de los miles de desahucios que se siguen ejecutando en España día a día. Se trata de una mujer que llevaba 70 años viviendo en esa casa, que estaba bajo el régimen de renta antigua, con lo que pagaba alrededor de 500 euros mensuales (10 mil pesos) por una vivienda de más de 150 metros cuadrados en uno de los barrios más caros de Madrid, a un costado del parque de El Retiro.
Larga batalla judicial
El contrato de renta antigua se fue prorrogando año con año y tras la muerte de sus padres, ella, como residente de la vivienda, logró subrogarlo, pero finalmente, en 2007, con el cambio de dueños de la propiedad, se inició una larga batalla judicial que culminó con la expulsión de Maricarmen de la que había sido su casa la mayor parte de su vida.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, declaró a los medios de comunicación en las puertas de la vivienda, poco después del desahucio, que “la propiedad no ha querido negociar ni aceptar ninguna propuesta. Además no le ofrecen ninguna alternativa habitacional. Nos están pidiendo una dirección que darles para enviar todos sus enseres personales”, ya que ni siquiera le dieron tiempo para recoger sus cosas.
El Sindicato de Inquilinos y decenas de activistas por una vivienda digna se opusieron pacíficamente al desahucio. La protesta inició antenoche, cuando decenas de personas se congregaron en las puertas y en las escaleras del edificio para esperar la llegada de la comitiva judicial y policial. Finalmente, a primera hora de la mañana llegaron seis furgones de agentes antidisturbios, que fueron levantando por la fuerza a uno por uno de los activistas hasta abrir paso a la comitiva judicial, que fue la que notificó a Maricarmen su lanzamiento. La octogenaria fue evacuada en camilla, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en lágrimas y trasladada a una ambulancia, que la llevó a casa de unos familiares, donde estará temporalmente.
El Sindicato de Inquilinos informó que la policía española, que responde a órdenes del Ministerio del Interior, presidido por el socialista Fernando Grande-Marlaska, identificó a 40 activistas, que podrían ser posteriormente multados por resistencia a la autoridad, y que además hay “muchas compañeras que fueron gaseadas, magulladas y golpeadas por todo el cuerpo”.
Alicia del Río, vocera de la plataforma antidesahucios, denunció: “Vivimos en una ciudad y una región gobernada por y para los fondos buitre, para la especulación. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso hace unas leyes rentistas para que lucren quienes acaparan vivienda mientras destrozan nuestras vidas, como han hecho con la de Maricarmen. Responsabilizamos principalmente a Ayuso de este desahucio”. También criticaron la pasividad del gobierno central, del socialista Pedro Sánchez y sus socios de izquierda.
El problema de los lanzamientos de familias de sus viviendas habituales sigue siendo grave en España. Sólo en lo que va del año, los tribunales ya ordenaron 4 mil desahucios. Las comunidades autónomas con mayor número de lanzamientos son Cataluña, con 921; la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616, y Madrid, con 582.
Por la tarde, miles de personas se concentraron en Madrid para denunciar el lanzamiento y responsabilizaron de ello a la derecha y la ultraderecha, que gobiernan en la región. Además, los Sindicatos de Inquilinos convocaron a una movilización global que se llevará a cabo en varias ciudades, entre ellas Barcelona, Palma, Valencia, Granada, Sevilla, Málaga, Ávila, Cádiz, Oviedo y Guadalajara, entre otras.