*Tenían esperanzas que autoridades estatales y municipales intervinieran antes
Cosme Vázquez/ASICH
Por intolerancia religiosa se concreta este martes el desplazamiento forzado de dos familias del ejido Chuchilton anexo Majoval del municipio de Larráinzar, por no cooperar para fiesta de religión católica, despojándolas de sus bienes y tierras que han trabajado toda su vida, además de dejar sin educación a menores en edad escolar.
Eliseo Hernández Díaz y Don Manuel Ruiz Hernández denunciaron que se ha consumado la violación a sus derechos humanos y a la Constitución, aun cuando esperaban la intervención del presidente municipal de Larráinzar, de autoridades de Asuntos Religiosos para desactivar el conflicto.
Todavía el sábado anterior el titular de Asuntos Religiosos del gobierno del estado se comprometió a desactivar el conflicto, pero hoy se consumaron los hechos por intolerancia religiosa y otros, tipificados como delitos por la ley.
Asegura que su familia es católica, encabezada por su mamá, y adventista la familia de Don Manuel Ruiz Hernández, quien solamente habla en su lengua materna, pero fueron echadas finalmente porque no pagaron 250 pesos para fiesta religiosa de mayo de este año.
Asegura que estas familias y otras seis más adventistas no se niegan a dar cuotas para otros fines de beneficio para la comunidad, como educación y otros servicios, así como para obra social. Sin embargo, por no pagar para la fiesta religiosa de mayo de este año, en la cual no iban a participar, los multaron con 20 mil pesos a cada una, además que tenían que pagar los gastos del Consejo de Vigilancia por ir y venir a la cabecera municipal cuando fueron citados para platicar con el delegado de Asuntos Religiosos y el presidente municipal.
Desde mayo, su familia tuvo que salirse del ejido porque lo iban a meter a la cárcel, así como lo hicieron con otros dos jefes de dos familias adventistas que tampoco habían pagado dicha cooperación. Don Manuel Ruiz no se salió porque no estaba dispuesto a perder su patrimonio, lo que toda su vida ha trabajado, pero les cortaron la luz y el agua, por lo cual hasta ahora vivían a oscuras.
Del acercamiento con el presidente municipal solamente se tuvo como resultado que aceptaran lo que les imponía el Consejo de Vigilancia, además de pedir perdón en asamblea general, lo cual no hicieron y por eso este martes los desplazan vaciándoles sus viviendas, quedando sin techo 15 miembros de estas dos familias.
El Consejo de Vigilancia, que encabeza como presidente Pedro Pérez Gómez, inclusive atenta contra la educación de los menores de edad de estas familias, porque empezaron las presiones en la escuela porque sus hijos tenían que usar y tomar agua.
Sostiene que no solo las ocho familias mencionadas en este caso se resisten a dar ese tipo de cooperación, sino también hay decenas más, pero acceden contra su voluntad para no sufrir las violaciones como ha ocurrido hoy con estas dos familias católica y adventista.
Inclusive, algunas familias zapatistas no están de acuerdo con la forma en que los obligan a cooperar para fines que nada tienen que ver con el desarrollo de la comunidad, por lo que hoy ven como una injusticia lo que se ha cometido en contra de los desplazados. ASICH