Telcel y Telmex festejan triunfo jurídico vs CFC
Maricarmen Cortés
Aunque Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, considera que no es un grave revés jurídico el fallo de la SCJN que otorgó a Telcel y Telmex el recurso de reconsideración ante resoluciones sobre dominancia, la realidad es que no sólo la CFC sino también la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, que preside Mony de Swaan estará atada de manos hasta que esté firme la resolución de la CFC y no podrá emitir regulaciones a las dos empresas que, sin lugar a dudas, tienen un poder de dominancia en el mercado porque tienen el mayor número de clientes y de market share. Al obligar la SCJN a CFC a aceptar el recurso de reconsideración sobre declaraciones de dominancia, se inicia un proceso muy prolongado y complicado más aún, considerando la división al interior de la CFC y los juicios por la recusación contra Pérez Motta que aceptaron los comisionados Luis Ibarra y Miguel Flores, y que impiden al presidente de CFC participar en la sesión del pleno en la que se analicen los alegatos de Telcel contra la histórica multa de 11 mil 989 millones de pesos impuesta por reincidencia.
La reconsideración de Telcel tendría que definirse a más tardar a fines de este mes, pero Megacable presentó un amparo contra la recusación y el propio Pérez Motta también tramita un amparo, por lo que no hay fecha para la reunión del pleno.
En el caso de dominancia, el tema es mucho más complejo dado que no se trata de una, sino de varias resoluciones de la CFC y es de prever que Telmex y Telcel vuelvan a solicitar la recusación.
Y aunque entre la CFC y la Cofetel se acusan mutuamente de haber perdido el caso ante la SCJN que resolvió una contradicción de tesis, también hay que señalar que Cofetel se tardó más de dos años en emitir regulaciones ante las primeras resoluciones de CFC.
MEXICANA, NADA PARA NADIE
Sigue la espera en Mexicana de Aviación porque ni el conciliador, Gerardo Badín solicita aún legalmente, ni ninguno de los grupos interesados demuestra tener acceso a por lo menos a los 250 millones de dólares que como mínimo requiere la aerolínea para retomar el vuelo. De este total, aproximadamente 100 millones son para el pago de liquidaciones a los trabajadores y otros 100 millones para el pago de adeudos con el fisco.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, explicó que los adeudos con el fisco se refieren a los impuestos retenidos a los trabajadores y que tienen que ser entregados al SAT y no forman parte del concurso mercantil.
Aunque fue la administración de Gastón Azcárraga, presidente de Posadas, la que incurrió en el delito fiscal de no entregar los impuestos retenidos al SAT, la deuda es de la empresa, no de sus accionistas, por lo que necesariamente los nuevos dueños tendrían que pagarla. Sin embargo, Lozano fue enfático al señalar que el pago del adeudo no exime de ninguna manera a los accionistas y administradores anteriores.
Sobre el plazo límite para capitalizar a Mexicana, la ley establece que ningún concurso mercantil debe prolongarse más de un año, que se vencen el próximo 28 de septiembre, pero existen dudas en torno a la interpretación que hará el juez Felipe Consuelo, quien ya suspendido la prórroga del primer plazo del concurso que vencía el 9 de agosto.
TENEDORA K, EL NEGOCIO DEL SIGLO
Y lo que también es un hecho es que los nuevos dueños de Mexicana tendrán que pagar a Tenedora K, representada por Jorge Gastelum, el abogado de Advent, 5 millones de dólares para trasladar las acciones de Nuevo Grupo Aeronaútico, tenedora de Mexicana y sus subsidiarias y que Gastón Azcárraga vendió en sólo mil pesos.
Y aunque se trata de una concesión, la SCT y la STPS aseguran que no intervinieron en las negociaciones entre Azcárraga y Advent, porque se trató de una operación entre particulares. Sin embargo, hoy está en concurso mercantil y la SCT nombró al conciliador Gerardo Badín como administrador de Mexicana, y el gobierno debería intervenir en la operación de venta de las acciones de NGA al nuevo dueño.
La justificación de Gastelum aceptada por el gobierno es que durante las tres semanas que se mantuvo Mexicana en operación administrada por un socio de Advent, incurrió en gastos operativos.
La interrogante en el caso de que Mexicana se declarara en quiebra es quién asumirá los pasivos fiscales por la retención de impuestos a trabajadores, porque si los nuevos dueños tienen en principio que pagarlos, también tendría que pagar Tenedora K. ¿O no?
