Se produndiza división al interior de la CFC
Maricarmen Cortés
La Comisión Federal de Competencia se ha dividido en dos claros bandos. Por un lado están los comisionados Miguel Flores y Luis Ibarra que aprobaron la recusación contra Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC que le impedirá participar en la votación sobre la reconsideración que presentó Telcel contra la histórica multa de 11 mil 989 millones de pesos.
Por el otro lado están Rodrigo Morales, el comisionado que falló en contra de la recusación y el propio Pérez Motta, mientras que el quinto comisionado Agustín Navarro es un auténtico convidado de piedra en esta discusión porque es el único que desde un principio se excusó de participar ya que tiene un pariente en una de las empresas que acusaron a Telcel de práctica dominante.
En un comunicado, Rodrigo Morales quien ya había dado a conocer su voto particular emitió ayer un comunicado en un tono más enérgico en el que acusa a Ibarra y Flores de inseguros y reitera que Pérez Motta no fue recusado por estar sujeto a un impedimento definido en la normatividad, sino censurado por expresar una opinión técnica sobre el concepto de reincidencia y por responder a esfuerzos mediáticos tendientes a desacreditar una resolución.
Por lo que respecta a Pérez Motta, niega su supuesta parcialidad de la que fue acusado por Telcel. Explica en primer lugar que en ninguna de sus entrevistas manifestó una postura personal sobre la multa a Telcel, sino la resolución del Pleno y habló antes de que la empresa presentara su recurso de reconsideración.
Insiste en que la recusación no está en el marco normativo de la CFC y señala que en las entrevistas que supuestamente demuestran su parcialidad, lo que hizo fue explicar que sí aplicaba la reincidencia porque el artículo 10 de la Ley que sanciona prácticas de dominancia define 10 fracciones y se considera como reincidencia cuando una empresa ya sancionada insista en prácticas monopólicas se trate de la misma fracción o de una distinta.
El problema de Ibarra y Flores es que tras la recusación será muy sospechoso por decir lo menos que acepten los argumentos de Telcel negando la reincidencia y reduzcan la sanción de 11 mil 989 a 54 millones de pesos. Lo peor es que esta división debilita a la CFC ante el regocijo de las empresas con poder dominante.
FUNCIÓN PúBLICA: MÁS DE 600 AUDITORíAS AL ISSSTE
En medio del pleito y acusaciones mutuas de corrupción entre Miguel Ángel Yunes, y la eterna líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, emitió un comunicado en el que informa que desde principio de este sexenio la dependencia más vigilada por la Secretaría de la Función Pública es el ISSSTE. Se han realizado ya más de 600 auditorías e investigaciones que se han traducido en 551 sanciones, inhabilitaciones y destituciones.
Se han sancionado en el sexenio a 3 mil 700 funcionarios del ISSSTE, incluidos cuatro subdirectores, aunque no se ha fincado ninguna responsabilidad a Yunes.
Y tan sólo en este año se han abierto ya 80 auditorías e investigaciones a prácticamente todas las áreas que integran el ISSSTE.
IMPUGNAN TAMBIéN DIPUTADOS REGLAMENTO del IFE
El IFE logró unificar a toda la industria de la radio y Televisión, no sólo la CIRT, sino también a la Asociación de Radiodifusores independientes, en contra del reglamento para la transmisión de spots políticos en la elección de 2012 que realmente es imposible de cumplir para las empresas especialmente para las que son cadenas nacionales al impedirles transmitir spots a nivel nacional y pretender que se individualicen por ciudad a un elevado costo y en un plazo de 72 horas. Además, de los 900 impugnaciones que presentaron los empresarios de radio y TV, la Cámara de Diputados ya también presentó ayer una impugnación ante el Trife acusando al IFE de extralimitarse en sus poderes y lo mismo hicieron los consejeros políticos de la cámara baja.
Ahora habrá que esperar a que el Trife desahogue estas impugnaciones y se espera que emita su resolución a fines de agosto o principios de septiembre, ya que tiene una gran carga de trabajo porque además de las impugnaciones al reglamento para la radio y TV están las impugnaciones por los procesos electorales en los Estados de México, Nayarit y Coahuila.
Jaime Ramos, secretario de la CIRT, manifestó su confianza en que el Trife le de la razón a la industria una vez que reciba las impugnaciones.
Lo que sorprendió es que ni la SCT ni la Cofetel han dado todavía respuesta a la petición que presentó la CIRT para que analicen si el reglamento del IFE constituye una violación a las concesiones de las cadenas nacionales.