Rosario Green
Durante mucho tiempo, a pesar de la insistencia del gobierno mexicano, Estados Unidos rehusó aceptar sus responsabilidades como principal consumidor de estupefacientes del mundo y a cambio se erigió en férreo fiscal en esta materia, mediante el procedimiento conocido como “certificación”, el cual aunque no estaba dirigido exclusivamente a México provocó considerables tensiones entre los dos gobiernos, además de afectar severamente la imagen internacional de nuestro país.
Con la creación en la OEA del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) sobre el problema de las drogas, la agenda bilateral entre México y EU se “desnarcotizó” y pudieron privilegiarse otros temas de interés común. Sin embargo, diversas circunstancias de carácter no sólo nacional sino global han devuelto el tema del narcotráfico al centro de la agenda bilateral, esta vez más aparatosamente dado el nivel de violencia entre los cárteles que disputan las rutas que conducen al mayor consumidor de drogas.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Calderón ha puesto el énfasis en el combate al crimen organizado y en su primer encuentro como jefe de Estado con el presidente Bush, en Mérida, le planteó la necesidad de una estrecha colaboración para librar esa lucha.
En respuesta, el mandatario estadounidense ha solicitado a su Congreso aprobar un primer paquete de ayuda a México por 500 millones de dólares para fortalecer técnica, logística y operativamente a los cuerpos que luchan contra las organizaciones criminales, incluido el Ejército nacional, y también para mejorar las instituciones de procuración de justicia. Según la letra del comunicado conjunto de la llamada Iniciativa Mérida, nuestro gobierno recibiría la ayuda mencionada sin mayores condicionamientos.
Hay que señalar que detrás de la solicitud del Ejecutivo estadounidense está su inquietud por el potencial que tiene el narcotráfico de afectar su seguridad nacional, centro de su agenda nacional desde septiembre de 2001. No obstante, queda en el aire la pregunta acerca de cómo transitamos de la certificación a la dádiva, sin pasar por un verdadero compromiso de cooperación que atienda la reducción del consumo y ataque el trasiego ilegal de armas y recursos destinados a los productores y traficantes de drogas. Además, numerosas voces han manifestado en nuestro país su preocupación porque la puesta en práctica de esa iniciativa pueda abrir la puerta al retorno de un esquema de supervisión.
Las cuestiones anteriores comenzaron a tener respuesta el miércoles pasado en la primera audiencia sobre el tema en Congreso estadounidense, en la cual los legisladores estadounidenses expresaron su molestia por no haber sido incluidos en la negociación y cuestionaron la validez del enfoque con argumentos tales como: “la legendaria corrupción del aparato policiaco mexicano”, la posibilidad de que la capacitación se transfiera al crimen organizado y la resistencia del Ejército mexicano a la supervisión del uso de los equipos que aporte Estados Unidos, sin la cual su Congreso no aprobará la medida.
De manera adicional algunos congresistas, tanto demócratas como republicanos, manifestaron su preferencia porque los fondos se destinen a reducir la demanda interna de drogas y a controlar el flujo de armas a México, en lugar de otorgar asistencia externa.
Como se puede advertir, el camino para la concreción de la iniciativa puede ser largo y estar plagado de riesgos para la relación bilateral. Al respecto, es muy importante señalar que el subsecretario de Estado para Latinoamérica manifestó en la citada audiencia que podría establecerse “un mecanismo de vigilancia y rendición de cuentas con México para transparentar el uso de los recursos”, lo que podría representar el regreso a la certificación por la vía de la dádiva.
Senadora de la República (PRI)