MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
Saqueo, cinismo e impunidad en Chiapas.
El saqueo de las arcas públicas, que con toda impunidad realizaron la mayoría de los alcaldes de Chiapas, que algunos están en el proceso de entrega-recepción, mientras que otros han dejado, con cabal cinismo su responsabilidad, la que deben cumplir hasta el último día de este mes de septiembre al frente de los problemas que generaron, mantiene irritados a más de cuatro millones de chiapanecos, sin que nadie oficialmente se inmute por la desfachatez de haber llegado solo a enriquecerse a los gobiernos locales.
Nunca como ahora, en este rincón del sureste mexicano, se había vivido un episodio político tan lleno de inmundicia. Tan solo de laudos, equivalentes a sentencias laborales, por despidos injustificados de trabajadores que los presidentes municipales se negaron a pagar, dejan un adeudo de más de dos mil millones de pesos; algunas de esas demandas laborales cumplieron incluso, más de cinco años, pues los empleados despedidos interpusieron su demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal Administrativo, desde el período municipal anterior a este que concluirá a finales de este “mes patrio”.
Atropellaron las leyes a su antojo. Les valió menos que nada despedir a miles de empleados en toda la geografía chiapaneca, para meter en la nómina a secuaces que llegaron prácticamente a asaltar las arcas y llevarse cuanto pudieron. La complacencia de los alcaldes que hoy se van, -como el Jibarito, locos de contentos- fue la complicidad de toda una delincuencia organizada, sabiendo que nadie los castigaría y no les aplicarían la ley, dependiendo de los resultados electorales del 7 de junio y la del 19 de julio. Casi todos salvaron el pellejo.
Ejemplos sobran.
Tan solo por mencionar algunos; el escandaloso saqueo que realizó el hoy diputado federal, Samuel Chacón Morales, siendo alcalde de Tapachula, perfeccionó el lenguaje simulador y mantuvo en el engaño a miles de habitantes que esperaron con paciencia el cumplimiento de obras, que antes de solicitar licencia, le estalló el petardo en las manos al ser denunciado incluso penalmente, por el delito de fraude, tras contratar mañosamente obras por varios millones de pesos, pero que se negó finalmente a pagar.
No solo engañó a los tapachultecos; engaño al gobierno estatal y federal, porque el resultado de las auditorias sobre el manejo de los recursos de esas instancias no fueron justificados, sobre todo en ese rubro, además del adeudo y desaparición de facturas a otros proveedores del Ayuntamiento que presidió.
Muchas de las obras realizadas resultaron de pésima calidad y algunas más, hasta la fecha, siguen inconclusas, pese a que su presidente sustituto, “el Profe Venerando”, sostenga que solo son algunos detalles por cumplir, mientras que en otras diga que se auditarán y las que estén mal no se pagarán. Absurdo, como el que hoy goza de fuero para no ser llevado a los tribunales.
Es insultante que además, como el caso de Suchiate, la hoy alcaldesa haya estado inmiscuida en el tráfico de personas centroamericanas, delito que desde hace años se le venía imputando, en el que han participado sus familiares encabezados por su cónyuge, que lejos de aplicarle la ley, fue ungida con el triunfo electoral a su favor.
No se escapa Tuxtla Chico, municipio del que el alcalde hizo todo un reinado, y como todo un Midas, lució la riqueza mal habida que le permitió ser el presidente municipal más repudiado de la zona fronteriza.
Pero al extremo, también se hizo gala de un Chiapas tan corrupto, que desde el emblemático rincón turístico que proyecta San Cristóbal de las Casas, quien fuera presidente municipal, Francisco Martínez Pedrero y buscara el ansiado fuero que le fue negado por una diputación federal, saqueó de manera por demás impune el dinero público para beneficio personal y familiar.
Tuvo la desfachatez de repartir el dinero mal habido incluso con su señora madre, a quien la benefició con el pago de arrendamiento de inmuebles para oficinas desde donde se despacharon hasta el cansancio sus incondicionales, que no solo figuraron en nómina, sino además, fueron cómplices del saqueo que “todo mundo” supo oportunamente, pero que nadie hizo algo para impedirlo.
Tampoco puede escapar a este escenario el aún alcalde de la capital del estado, Samuel Toledo Córdoba, quien hizo de Tuxtla Gutiérrez una ciudad que ascendió a las estadísticas para ubicarla como de las peores para vivir y casi destruida, aduciendo que nunca tuvo recursos para resolver los problemas denunciados todos los días por los tuxtlecos. Ha sido el peor alcalde, es el clamor popular; pero eso sí, un gran discípulo que aprendió cómo se hacen jugosos negocios al amparo del poder y para beneficio familiar. Deja además una enorme deuda y desaparición de facturas de proveedores a quienes siempre engañó con la promesa de que pagaría.
Creo que no se salva nadie. Lo grave de todo ello, es que los gritos del hartazgo se pierden como voces de auxilio en el desierto. La impunidad galopea en Chiapas a todo lo que da… ahí está pues… ¡YA!.
Envíenos sus comentarios a defacto2010@hotmail.com