Gilberto Díaz Lopez /ASICh
Autoridades de San Miguel Chimalapa del distrito de Juchitán, Oaxaca representados por Alberto Cruz Gutiérrez y Álvaro Román Ríos, presidente del comisariado de Bienes Comunales y secretario del Consejo de Vigilancia, respectivamente, acusaron que el conflicto en esa zona colindante con Chiapas es para encubrir el saqueo de los recursos naturales.
Llegaron hasta Tuxtla Gutiérrez para declarar en conferencia de prensa que las comunidades de Chimalapas tienen un origen olmeca zoque Ancestral, cuyo territorio fue comprado por sus abuelos a la corona española, expidiendo títulos virreinales en 1687, mucho antes de la existencia de los estados de Oaxaca y Chiapas.
Dichas propiedades fueron confirmadas por el gobierno de México independiente en 1850 y luego de ciento diecisiete años después, ratificados por dos resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales, emitidas en 1967 a favor de San Miguel Y Santa María .
Señalaron que el origen histórico del actual conflicto agrario ambiental se inicio hace 60 años, cuando empresas madereras apoyadas por el gobierno de Chiapas y con el aval del gobierno federal, se asentaron ilegalmente en la porción oriente del territorio comunal zoque chimalapa, instalando 25 aserraderos a través de los cuales durante 27 años, explotan y saquean 100 mil has de bosques de pino encino y bosques de niebla.
Indicaron que para encubrir este saqueo depredador, los legítimos intereses económicos y políticos, literalmente crean el doloso conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca, y fundan los primeros ejidos en tierras comunales con sus peones y trabajadores madereros, continúan esta estrategia perversa trasladando a este territorio a familias tzotziles de los altos de Chiapas, desplazados de conflictos religiosos o por carencia de tierras.
Creando así un absurdo y trágico conflicto entre indígenas pobres de origen zoque contra indígenas pobres de origen Tzotzil, mismo que ha servido para encubrir el saqueo de los bienes comunales naturales por parte de madereros, como es el caso de actual de ganaderos, latifundistas y funcionarios corruptos.
Señalaron que a lo largo de 60 años de lucha pacífica, paciente y tenaz en defensa del territorio y bienes naturales ofreciendo a los ilegales núcleos agrarios ejidales de origen chiapaneco y a sus pobladores campesinos e indígenas pobres la promesa del no desalojo, como lo hicieran en su momento los gobiernos federal y de Chiapas, con centenares de familias indígenas en la comunidad de la selva lacandona, con el fin de que se incorporen como comuneros chimalapas, a cambio de que únicamente reconozcan los bienes comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, ofrecimiento realizado desde 1991.
Lo anterior indicaron no implica el quitarle tierras al estado de Chiapas, las comunidades zoque Chimalapas no están peleando a favor del estado de Oaxaca, ya que el territorio olmeca zoque es ancestral y existe y lo habitaban sus antepasados desde siglos antes de la existencia de los estados de Chiapas y Oaxaca.
Manifestaron que las resoluciones presidenciales tienen carácter federal y los territorios reconocidos por decretos presidenciales como los de ellos, pueden ocupar superficies en dos a o más estados, sin que ello cambie la propiedad comunal.
Señalaron que no tendrían ningún problema en reconocer si fuera el caso la porción del territorio comunal que quedara incluida dentro del territorio del estado de Chiapas, ya que eso lo dirimirán los gobiernos estatales de Chiapas y Oaxaca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este problema indicaron es de ellos.
Por último dieron a conocer que continuarán luchando de forma pacífica por las siguientes demandas: La cancelación inmediata de todos los permisos de explotación forestal, otorgados irresponsablemente por la SEMARNAT a núcleos agrarios y predios autodenominados privados, ubicados ilegalmente en territorio comunal y cuyo saqueo solo beneficia a contratistas y empresarios madereros.
Y que el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca retomen y respeten y hagan valer los acuerdos de solución agraria definitiva para los Chimalapas, acordados y firmados en las minutas de acuerdos del 20 de diciembre de 1993 y el 25 de julio de 1995. ASICh