– Se trata de acabar con el matrimonio forzado, en los menores de edad en Chiapas.
Al penalizar el delito de cohabitación forzada en Chiapas con ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días de multa, se hace justicia a víctimas y sus familiares que no estaban de acuerdo en ese tipo de decisiones, sostiene el diputado Abundio Peregrino García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Al ser entrevistado en torno a la iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de Cohabitación Forzada, aprobado en la sesión extraordinaria del viernes de la semana pasada, enfático dijo que en Chiapas se garantiza a las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia sobre todo a personas menores de dieciocho años de edad, personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho y personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.
Por ello, precisamente en el Decreto que aprobamos se establece que la pena prevista se aumentará hasta en un 50% más, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
Está registrado que en México, sobre todo en Oaxaca y Chiapas que aún se practica el matrimonio forzado, lo cual se da en zonas indígenas, conurbadas y rurales, por lo cual aun cuando ya hemos legislado en contra de la violencia de género era apremiante legislar en materia de Cohabitación Forzada, para tratar de acabar con esta práctica prevalente.
Con esta legislación estamos fortaleciendo al Estado en su política pública para prevenir, atender y sancionar este tipo de delito, que se da de distintas maneras ya sea cuando un padre de familia decide unir a su hija menor de edad con el hijo de otro o darla a hombre mayor a cambio de un pago, aun cuando la madre no esté de acuerdo. De eso hay historias narradas por las propias jovencitas, algunas que pudieron huir y hoy viven en zonas conurbadas de las ciudades en la entidad.
También, se dan casos donde algún joven con falta de capacidad para comprender el problema se une a una mujer para vivir una vida en común, pero los padres de su amada abusan de él, teniéndolo como esclavo del trabajo sin darle el alimento necesario al día o quitarle su patrimonio familiar. Ahora, la ley protege a estas personas para que no sigan siendo víctimas, aseveró el legislador.