AL FIN, ANTE LOS TRIBUNALES
Por Teodoro Rentería Arróyave
JALAPA, VERACRUZ. Apenas en la víspera comentábamos la gran noticia de que en el hermano estado de Chiapas habían liberado a 137 indígenas, presos políticos del anterior gobierno encabezado por ese ex dictadorzuelo de quinta, Pablo Salazar Mendiguchía y sus aláteres de la ignominia: Mariano Herrán Salvatti y Rubén Velásquez López, y comentábamos que efectivamente fue un acto de justicia y humanidad sin precedente en la historia nacional que honra al actual gobernador Juan Sabines Guerrero, pero que quedaba inconcluso hasta que no llevara ante los tribunales a los responsables de esta ignominia que aún no termina, pues quedan todavía en el oprobio del confinamiento más de 31 víctimas -este martes fueron liberados otros 9-, cuando ahora nos enteramos que se ha iniciado el proceso contra estos personajes de la canallada chiapaneca.
No podía ser de otra manera, la sociedad chiapaneca fue verdaderamente agraviada y mancillada por esta pandilla de sátrapas, la cual además, al través de una ley mordaza que les obsequió el anterior Congreso local títere, trataron de acallar a los periodistas y a sus medios no sólo de la entidad sino más allá de sus fronteras, puesto que dicha norma llegaba al extremo de violar el principio de extraterritorialidad.
Nuevamente, insistimos en nuestra apreciación de que Sabines Guerrero es un hombre de tiempos, ya que por ahora y de acuerdo a la información que nos han proporcionado los estimados colegas de la entidad, se inicio el proceso de investigación en el Congreso del estado únicamente contra Mariano Herrán Salvatti y sus corifeos, por lo tanto, falta aún lo más importante: iniciar las averiguaciones previas para llevarlos también ante los tribunales al principal responsable: Pablo Salazar Mendiguchía, metido actualmente en negocios turbios en Cancún, Quintana Roo, y al que fuera su secretario general de Gobierno y ahora senador plurinominal, Rubén Velásquez López.
Como consecuencia de la revisión jurídica por la cual se liberaron a los 146 indígenas, el Congreso local tomó la trascendente decisión de citar a comparecer al ex titular de la extinta Fiscalía General del Estado, Mariano Herrán Salvatti, y a sus ex colaboradores por presuntas irregularidades en los procesos penales de 360 individuos, considerados por incontables organizaciones defensoras de los derechos humanos, presos políticos, hechos todos ocurridos durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.
El propio presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, el priísta, Sergio Lobato, en conferencia de prensa, explicó que los integrantes de la misma instancia habían determinado que de acuerdo a las indagatorias, se habría incurrido en anomalías al integrar las averiguaciones previas en delitos de homicidio, ataques a las vías de comunicación, atentados contra la paz, la colectividad y el Estado, así como despojo, daños y lesiones, que se les habían fincado a las víctimas, ahora, en su gran mayoría liberadas.
Textual esta es la determinación de la Comisión legislativa: “Los integrantes de la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado, dando continuidad a los trabajos de atención a las diferentes organizaciones sociales que se manifestaron y solicitaron nuestra intervención para investigar las presuntas responsabilidades en que incurrieron ex funcionarios de la extinta Fiscalía General del Estado, derivado de las diversas manifestaciones de internos quienes en su momento se auto llamaron presos políticos y como resultado del análisis de los expedientes revisados por la mesa de reconciliación de las organizaciones sociales del estado, que concluyeron con la liberación de más de 137 internos, esta Comisión ha determinado llamar a comparecer a partir del próximo martes a los siguientes ex funcionarios”, es decir, al fin están ante los tribunales:
Mariano Herrán Salvatti, ex fiscal General del Estado; Marcelo Vega Robledo, ex fiscal especializado para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos y ex fiscal Metropolitano; José Feliciano Espinosa Nolasco, ex fiscal de Asuntos Especiales y Relevantes; mayor Arturo Salgado Cordero, ex coordinador general de la Agencia Estatal de Investigación, y Oscar Moreno Villatoro, actual fiscal especial contra la Delincuencia Organizada, y en aquella oprobiosa etapa, ex fiscal Metropolitano.
Y se concluye, que las investigaciones que realice esa Comisión se encauzarán en estricto apego a derecho y se actuará dando vista al Ministerio de Justicia, en contra de quienes llegaran a resultar responsables de acciones u omisiones constitutivas de delitos.
Nosotros, por nuestra parte, también concluimos: las investigaciones quedaran truncas y segadas mientras no se inicien contra el principal responsable, el dictadorzuelo del sureste, Pablo Salazar Mendiguchía y el otro de sus principales cómplices, Rubén Velásquez López.
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