MENTIROSOS
Por Teodoro Rentería Arróyave
En los casos de tráfico de influencias y la supuesta nacionalidad española del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, algunas de las partes está mintiendo, es decir, estamos en una feria de mentirosos en una, y la otra, la de la razón, cuando se despeje la verdad, se levantará con una credibilidad cuyos dividendos se reflejarán en los alcances políticos. El funcionario, al que se le ha considerado el favorito del presidente Felipe Calderón Hinojosa, usa para su defensa contra sus acusadores los epítetos de mezquino y doloso; es de hacerse notar que en la frase utiliza, mediante una fórmula interpretativa, indistintamente el plural y el singular. Habla de sus acusadores, pero los apelativos van dirigidos a una persona, sin mencionar su nombre, Todos sabemos a quien se refiere, pero así es de críptico el lenguaje de los políticos.
Andrés Manuel López Obrador, con todos sus títulos de “presidente legítimo” o líder moral de una corriente del Partido de la Revolución Democrática, PRD, por su parte, muestra documentos que supuestamente comprueban los beneficios familiares en contratos energéticos y los entrega al líder de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, durante el mitin contra la privatización de nuestro petróleo, realizado frente a la torre de PEMEX.
Mitin en el cual, se asegura, no se produjo sino que se llevó al cabo una bien organizada acción de agresiones contra los coordinadores parlamentarios del PRD: el mencionado de la Cámara baja, y del Senado, Carlos Navarrete, con el propósito de minimizar el propósito de la concentración y sobre todo de distraer las acusaciones públicas contra el huésped del Palacio de Covián.
La respuesta no se dejó esperar y ya se anunció que la totalidad de los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista que forman los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, presentarán la o las denuncias penales contra el encargado de la política interior del país ante la Procuraduría General de la República y desechan hacer lo propio ante la Secretaría de la Función Pública, por considerarla parte misma del Ejecutivo Federal
Otros elementos que van a incidir en el por ahora litigio público, es la confrontación de datos: Por una parte, Juan Camilo Mourillo Terrazo, asegura que la empresa de su familia inició sus relaciones comerciales con Petróleos Mexicanos cuando él contaba con apenas 14 años de edad y que ya mayor, cuando decidió dedicarse a la política, renunció a las acciones de la empresa familiar, por lo que niega haber cometido tráfico de influencias.
Con los documentos en mano, Javier González Garza destacó que los contratos que le fueron adjudicados a la familia Mourillo se firmaron entre diciembre de 2000 y junio de 2006, cuando ocupó cargos públicos de diputado federal, exacto en la presidencia de la Comisión de Energía y subsecretario de la Secretaría del ramo, precisamente en el tiempo en que el titular era el ahora presidente Calderón Hinojosa, por lo que acusa el perredista a Mourillo de haber incurrido en por lo menos cinco delitos: tráfico de influencias, peculado, uso indebido de facultades y atribuciones, y colusión de servidores públicos.
Estos son los datos duros: el 20 de diciembre de 2002, firmó Juan Camilo Mourillo Terrazo el contrato GTT-00142-01/2003, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 y contenía ampliaciones, otro más es de fecha 29 de diciembre de 2003, ambos entre Ivancar, la empresa familiar, y PEMEX. El primero coincide con su etapa de diputado y el segundo con su permanencia en la Secretaría de Energía. Fue hasta el 24 de abril del 2004 cuado fue sustituido como apoderado legal de Ivancar.
El diputado González Garza, es contundente, cuando apunta que “no es posible que una persona ligada familiarmente, y que firma como responsable de unas empresas contratistas de PEMEX, pueda permanecer en su puesto”, tan importante como es la titularidad de la Secretaría de Gobernación.
A la autoridad, en este caso tan escandaloso, la Procuraduría General de la República le corresponde actuar con la diligencia que lo exige y deslindar a la brevedad las responsabilidades, además deberá decir claramente a quién le asiste la razón y quién miente.
Sería muy sano que Juan Camilo se separara del alto cargo mientras se realizan las investigaciones. El que tenga la razón, obtendrá los más altos beneficios políticos y el que miente, le espera el ostracismo político. Aunque por ahora, al favorito de Los Pinos, se le ha oscurecido su muy comentado futuro presidencial.
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